elDiario.es.– Vox reclama tres años de prisión y una multa de cinco años para una activista feminista de Castellón por delito de odio y amenazas. La formación ultraderechista se querelló contra el colectivo Subversives a raíz de unas pintadas con la cara de su líder, Santiago Abascal, con un tiro en la frente, que aparecieron tras una visita del dirigente a Castellón en octubre de 2019, cuando el colectivo organizó una protesta.
El colectivo organizó una “besada popular” en defensa de los derechos LGTBI ante la visita del líder de Vox a Castellón, que derivó en una concentración ante el acto de la formación. En la protesta fue identificada una joven y posteriormente sancionada con una multa de 700 euros por desobediencia a la autoridad, exponen. Después aparecieron unas pintadas con el rostro del dirigente de Vox junto al logo del colectivo contra el que se ha querellado.
El juzgado de Instrucción número 1 de Castellón de la Plana ha fijado el juicio para el próximo 22 de noviembre, según ha indicado el colectivo feminista en un comunicado. La causa reactiva la movilización social del colectivo, que advierte que no dará “ni un paso atrás ante el fascismo” y apunta que organizará un acto “antirrepresivo” en protesta por la querella, al que ya han prestado apoyo movimientos sociales valencianos.
Al conocer la querella, el colectivo feminista emitió un comunicado en el que denunciaba una “persecución política contra el movimiento feminista” por parte del partido de ultraderecha. “Consideramos que la querella tiene una clara intencionalidad política: criminalizar al movimiento feminista de Castellón y victimizar a la extrema derecha con la finalidad de blanquear su discurso cargado de odio”, defendieron. La fiscalía pidió el sobreseimiento de la causa, apuntan las fuentes consultadas.
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Desde la formación de extrema derecha consideraran que las responsables deben ser condenadas por estos hechos al constituir “sendos delitos de amenazas, que contempla el artículo 169.2º del Código Penal, y un delito de Odio del artículo 510 del Código Penal, ya que, al dirigirse contra el dirigente de un partido político en su calidad de tal, se realizan con el ánimo manifiestamente deliberado de causar el terror tanto a él personalmente como a sus integrantes y simpatizantes”, según un comunicado remitido en el momento de la querella.
La formación de Abascal afirmó que perseguirá este tipo de acciones porque, a su juicio, crean un determinado caldo de cultivo, “una atmósfera o ambiente social proclive a acciones violentas, antesala del delito mismo contra personas que comparten las ideas del partido”.
