Los extranjeros residentes ilegalmente en España deberían pagar la prueba del coronavirus, según propone el partido de Abascal
MIGUEL GONZÁLEZ. EL PAÍS.- Vox quiere aprovechar el estado de alarma para acabar con la sanidad universal y propone que, durante la vigencia del mismo, los inmigrantes irregulares que acudan al servicio sanitario tengan que abonar una contraprestación o suscribir un convenio con el pago de la correspondiente cuota. Una medida de este tipo provocaría que los inmigrantes irregulares afectados por el coronavirus no hicieran uso de la sanidad por temor a tener que hacer frente al coste de la prueba o del tratamiento de la Covid-19.
Además, el partido ultra quiere que se prorrogue mientras dure el estado de alarma la estancia de los extranjeros irregulares en los centros de internamiento, limitada por ley a 60 días, y que se les expulse de España al finalizar el mismo, aunque no dice a dónde.
Estas propuestas figuran entre las 19 que ha presentado el partido de Santiago Abascal para “mejorar” el decreto sobre el estado de alarma cuya prórroga se vota este miércoles en el Congreso. Vox quiere que, a diferencia de las restantes comunidades autónomas, “todas las competencias de la Comunidad Autónoma de Cataluña”, y no solo las previstas en el decreto de alarma, como policiales o sanitarias, sean asumidas por el Gobierno central. Es decir, propone la suspensión total de la autonomía catalana, yendo incluso más lejos de lo previsto en el artículo 155 de la Constitución.
La animadversión del partido ultra hacia los medios de comunicación queda patente en su propuesta de que se prohíba cualquier ayuda o “financiación extraordinaria, bajo cualquier modalidad, de los medios de comunicación, públicos y privados, durante la vigencia del estado de alarma, ni a su finalización, para hacer frente a las pérdidas económicas derivadas del mismo”. Se trata de una prohibición preventiva, pues el Gobierno no ha previsto ninguna ayuda a los medios de comunicación, a pesar de que el decreto del estado de alarma les atribuye la función de transmitir a la población las decisiones y recomendaciones de las autoridades y de que la caída de los ingresos publicitarios está poniendo en riesgo su supervivencia.
También pide la suspensión de las subvenciones a partidos políticos y sindicatos, una vieja reivindicación de Vox que, sin embargo, no ha renunciado a cobrarlas cuando ha tenido derecho a ellas. En su batería de medidas, incluye la apertura de los establecimientos de hostelería y restauración que prestan servicio al personal sanitario y a los miembros de las fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas que se desplazan para combatir la pandemia; o la suspensión del pago de tributos, cuotas sociales o préstamos hipotecarios mientras dure la excepcionalidad. También que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la repatriación de los españoles que se encuentran en el extranjero, lo que resulta inviable por falta de medios, o que el Gobierno no pueda conceder indultos.
Vox ha anunciado este miércoles por la mañana, a pocas horas del inicio del pleno del Congreso, que votará a favor de prorrogar el estado de alarma hasta el 12 de abril. Hasta el martes por la noche, el partido ultra mantenía la incognita sobre este punto. Será la primera vez que intervenga en el pleno el líder del partido, Santiago Abascal, quien el pasado día 19 aseguró que había superado el contagio por coronavirus, al que inicialmente dio positivo, tras una semana de confinamiento.
