El presidente del grupo ultraconservador, Francisco Serrano, reclama por escrito a la Cámara una «relación detallada de nombres y apellidos» de los empleados públicos de la Oficina Judicial de la Junta que hacen los informes sobre malos tratos a mujeres. «Los jueces dictan sentencias en base a informes de profesionales no cualificados y altamente ideologizados y de los que depende la libertad de un acusado o el futuro de niños», dice Serrano. La líder del PSOE andaluz, Susana Díaz, denuncia que Vox quiere «señalar a los trabajadores sociales» de la Junta y «hacer listas negras como hace 40 años»
DANIEL CELA. ELDIARIO.ES.- Vox ha pedido por escrito al Parlamento andaluz el listado completo de los empleados públicos de la Junta que valoran las denuncias de mujeres por violencia de género y elaboran los informes que luego son tenidos en cuenta tanto para la asignación de ayudas públicas como en los tribunales, en caso de formalizarse esa denuncia por malos tratos. La formación ultraconservadora denuncia que esos informes están basados en criterios «ideológicos» –lo que llaman «supremacismo de género»– y quieren depurar los casos del personal que no consideran cualificado.
La formación de Santiago Abascal ha entrado en el Parlamento andaluz y ha empezado a utilizar los mecanismos al alcance de su grupo parlamentario para ejecutar uno de sus principios fundacionales: el desmantelamiento de las políticas contra la violencia de género, asentadas en Andalucía en leyes que cuentan con el respaldo unánime de todos los grupos. El partido ultraderechista, que sostiene al Gobierno bipartito de PP y Ciudadanos, aceptó retirar la exigencia de la derogación de estas leyes del acuerdo de investidura que firmaron con los populares para hacer presidente a Juan Manuel Moreno Bonilla.
Pero no han renunciado al objetivo. El miércoles, aprovechando el primer Pleno ordinario en el Parlamento, y haciendo uso del artículo 7 del reglamento, el presidente del grupo parlamentario Vox, el juez Francisco Serrano, presentó en el registro de la Cámara un escrito en el que solicita a la presidenta del Parlamento, la diputada de Ciudadanos Marta Bosquet, «una relación detallada con los nombres y apellidos» de los trabajadores públicos de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género del Instituto de Medicina Legal, adscrito a la Oficina Judicial y Fiscal de la Junta (competencia de Ciudadanos en el Ejecutivo). Es decir, los empleados públicos (en su mayoría funcionarios) que elaboran los informes sociales y psicológicos sobre mujeres víctimas de malos tratos, que luego sirven como atenuante en los juzgados, si las mujeres deciden denunciar a su agresor, y que también son tenidos en cuenta por la Junta a la hora de conceder ayudas públicas a mujeres agredidas por sus parejas.
La tesis de Serrano no es nueva, la ha defendido públicamente e incluso ha escrito un libro al respecto sobre cómo la decisión «de empleados públicos sin capacidad profesional y sin estar colegiados» afecta a «la custodia de menores» en casos de violencia de género.
Vox reclama la lista de estos trabajadores para «depurar» entre quienes considera que están «formados y acreditados» para elaborar dichos informes, y quienes se mueven por «motivos ideológicos», explican fuentes de la formación ultraconservadora. Con ello tratan de demostrar una de las máximas de Serrano, a saber, que el número de agresiones y denuncias de hombres a mujeres está sobredimensionado. «Se están violando sentencias de Altos Tribunales que exigen la colegiación. Los jueces dictan sentencias en base a informes de profesionales no cualificados y altamente ideologizados y de los que depende la libertad de un acusado o el futuro de niños», ha escrito este viernes el diputado de Vox en su cuenta de Twitter.
La reclamación de Serrano, avanzada por el diario Abc, será estudiada por la presidenta de la Cámara en la próxima reunión de la Mesa, órgano rector del Parlamento donde están representados todos los grupos y que tendrá que decidir si facilita esos datos al diputado, previa consulta al letrado mayor. En el escrito de Vox, al que ha tenido acceso este periódico, se pide «una relación detallada con nombres, apellidos, número de colegiados en sus respectivos colegios profesionales, si estuvieren dados de alta en ellos con la reseña de dichos colegios profesionales, y si no también, de todos los psicólogos, trabajadores sociales y médicos forenses que han integrado las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género; Equipos Psicosociales de los juzgados de Familia y equipos de menores en las ocho provincias de Andalucía, entre el año 2012 y 2019 completos».
La formación ultraderechista enmarca esta solicitud dentro de su papel de grupo de la oposición que fiscaliza al Gobierno de PP y Cs. «Al igual que en otras áreas, se hace para fiscalizar que todo lo que se ha hecho en 37 años está ajustado a la normativa, a la regulación y a la ley». Esta redacción ha preguntado si es necesario conocer el nombre y apellido de los trabajadores que elaboran informes contra la Violencia de Género para desempeñar esa función de fiscalización propia de la oposición. La respuesta es que «hay que saber todos los detalles para comprobar que el dinero ha sido empleado correctamente y los objetivos se han cumplido».
Los letrados del Parlamento andaluz tienen que estudiar ahora si esta petición de Vox vulnera la Ley de Protección de Datos, como sostienen los grupos de izquierda, «indignados» con esta iniciativa del grupo ultraconservador. Precisamente la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha participado esa mañana en un encuentro con colectivos de mujeres por la igualdad salarial en la sede regional del partido, en Sevilla, donde ha denunciado que Vox «quiere señalar a las trabajadoras y trabajadores de igualdad para que se avergüencen de lo que hacen». «Hay una lluvia fina calando para que al final digan trabajo en servicios sociales… Creíamos que las listas negras eran cosa de hace 40 años», advierte la ex presidenta de la Junta.
El Parlamento, con la igualdad
La animadversión de Vox contra las leyes andaluzas de igualdad y lucha contra la violencia de género es, probablemente, el asunto más crítico que enfrenta a la formación de Abascal con el Gobierno de PP y Cs. Vox empezó exigiendo la derogación de las leyes, pero los populares se negaron. Luego pidió que la formación naranja no tuviera las competencias sobre igualdad y lucha contra la violencia machista, pero finalmente la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación está en manos de Ciudadanos. El presidente Moreno Bonilla y el vicepresidente de la Junta y líder del partido naranja, Juan Marín, han defendido enérgicamente el mantenimiento de las leyes contra la violencia de género, reafirmándose en que «no darán ni un paso atrás». La oposición de izquierdas -PSOE y Adelante Andalucía- les acusan de estar ya asumiendo el lenguaje de Vox para contentar a un partido con 12 diputados del que depende la estabilidad del Gobierno. Todas las leyes, incluido los Presupuestos Autonómicos, pasan necesariamente por los votos del partido ultraderechista.
Este jueves, el Pleno del Parlamento aprobó una proposición no de ley del PSOE andaluz contra la violencia de género, en la que se instaba al nuevo Gobierno andaluz a apoyar, mantener y financiar el movimiento feminista de Andalucía a fin de garantizar el cumplimiento de la normativa andaluza de lucha contra la violencia de género. La iniciativa también instaba a la Cámara a demandar al Ejecutivo de Moreno Bonilla a que «mantenga e impulse todos y cada uno de los derechos de las mujeres andaluzas contra la violencia machista, especialmente en el ámbito de igualdad, social, sanitario, educativo y judicial, y a que ejecute y evalúe la totalidad del presupuesto, especialmente el aportado como consecuencia del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, sin que suponga detrimento alguno de las partidas previstas con fondos propios de la comunidad».
Los dos primeros puntos de la iniciativa contaron con el apoyo de PP, Cs y Adelante Andalucía. Los populares y la formación naranja se abstuvieron en el tercer punto de la iniciativa socialista, que había incluido un apéndice transaccionado por la coalición Podemos-IU. Se trataba de instar al futuro Gobierno de España, que salga de las urnas el 28 de abril, a incrementar la financiación de los ayuntamientos recogida en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género -un compromiso recogido en los Presupuestos Generales para 2019 que el Gobierno de Pedro Sánchez no logró sacar adelante-. En 2018, esta partida supuso 20 millones para los ayuntamientos de España -4,5 millones para los andaluces- y el compromiso presupuestario era duplicar esa partida hasta los 40 millones (nueve millones para Andalucía).
PP y Cs se han desmarcado de este punto -los socialistas creen que es porque no lo cumplirían en caso de ganar las generales- y Vox ha rechazado toda la proposición no de ley en su totalidad. «En el Parlamento se escenificó otro acto del gran teatro de género. La ultra izquierda propuso nueva vuelta de tuerca en favor de chiringuitos supremacistas sin exigir fiscalización y auditorías y PP y Cs tragaron con su abstención. Sólo VOX se opuso», escribió Serrano.
