La ‘número dos’ de Vox pide que «las personas del colectivo LGTBI que entran en los colegios cumplan con los requisitos legales, como la solicitud de antecedentes penales y que acrediten la formación que tienen para estar con nuestros niños». La solicitud será previsiblemente inadmitida por la Mesa de las Cortes Valencianas, señalan fuentes parlamentarias, por tratarse de datos de carácter personal. La solicitud de documentación pide también «estadísticas de maltratos y fallecimientos de mujeres pero también de hombres mayores y niños»
LUCAS MARCO. ELDIARIO.ES.- La diputada de Vox en las Cortes Valencianas, María Ángeles Criado, ha registrado una solicitud de documentación en la cámara autonómica que pretende acceder a datos personales de las personas de los colectivos LGTBI que imparten talleres o conferencias en colegios públicos. «En relación a menores, pedimos acreditación de que las personas del colectivo LGTBI que entran en los colegios cumplan con los requisitos legales, como la solicitud de antecedentes penales, y que acrediten la formación que tienen para estar con nuestros niños, así como los criterios de adjudicación para entrar en los colegios y los contenidos exactos de lo que se les da a nuestros menores», ha explicado la diputada de extrema derecha en un vídeo publicado en Twitter.
La solicitud de documentación difícilmente puede ser aceptada a trámite, señalan fuentes parlamentarias a este diario, ya que pide datos de carácter personal. La Mesa de las Corts se reúne mañana martes y previsiblemente inadmitirá la solicitud. La petición, que sólo alude a personas del colectivo LGTBI, pretende obtener la relación de subvenciones públicas para cursos, conferencias o talleres, unos datos de acceso público en los presupuestos anuales de la Generalitat.
La número dos de Vox en las Cortes Valencianas también pide en su solicitud de documentación las «estadísticas de maltratos y fallecimientos de mujeres pero también de hombres mayores y niños».
El caso de Andalucía
No es la primera vez que Vox hace una petición expresa de datos personales. En febrero pasado ya solicitó por escrito al Parlamento andaluz el listado completo de los empleados públicos de la Junta que valoran las denuncias de mujeres por violencia de género y elaboran los informes que luego son tenidos en cuenta tanto para la asignación de ayudas públicas como en los tribunales, en caso de formalizarse esa denuncia por malos tratos. La formación ultraconservadora lo justificaba con la «necesidad de depurar» los casos del personal que no consideran cualificado «o ideologizado».
