El partido, sin representación en las instituciones y que no concurre a las catalanas, redobla sus acción en los juzgados erigido en látigo del independentismo. Vox mantiene la querella contra Rajoy «por inacción» tras el 1-O y dice que sus denuncias aportaron «el 99% de pruebas que lograron parar el golpe de Estado». Sus abogados han pedido personarse como acusación contra Rodrigo Lanza para imputar al presunto asesino de Víctor Laínez el agravante de odio
JOSÉ PRECEDO. ELDIARIO.ES.- Un ejército de 19 abogados pleitea desde Madrid contra todo lo que amenace a la nación española. En el cuartel general de Vox, la formación ultraconservadora que lidera Santiago Abascal -un exmilitante del PP de 41 años que llegó a ser diputado en Euskadi y que abandonó por las posiciones «tibias» del partido- se analiza cualquier caso que pueda vulnerar «los intereses generales» de España.
Dentro de ese cajón de sastre ha cabido casi todo en los últimos años: algún caso de corrupción, la pitada al himno español en un partido de fútbol y últimamente por encima de cualquier otra cosa, el asunto catalán, ya sea la declaración de independencia o una presentadora de TV3 que quema un ejemplar de la Constitución ante las cámaras. «El golpe de Estado», como se encarga de repetir al otro lado del teléfono, Javier Ortega, secretario general de Vox, abogado y coordinador de toda su estrategia jurídica.
El partido no concurre a las elecciones catalanas. La explicación oficial es que estas constituyen «un r eferéndum legal concedido por Rajoy al golpismo separatista» que el independentismo «venderá ante la opinión pública internacional como un plebiscito de facto».
El comité ejecutivo nacional del partido eligió no participar en los comicios a principios de noviembre y ya cuando tomó esa decisión recordó que no dejaría sin representación a los catalanes «que confian en otro programa para España» y comprometió sus «medios económicos y humanos en encabezar la acusación popular en los tribunales contra los golpistas exigiendo las más severas penas conforme al Código Penal». Abascal ha pedido este sábado cadena perpetua para Puigdemont, Junqueras y el Govern cesado de la Generalitat.
Si nos atenemos a los resultados de las últimas elecciones en las que participó, las generales de junio de 2016, los catalanes que confían en ese «otro programa para España» son exactamente 197, el 0,01% del censo, y están todos en la provincia de Lleida.
En ninguna de las últimas convocatorias electorales ni en Cataluña ni en el resto de España, Vox ha logrado gran representación pese a los altavoces mediáticos con los que ha contado. Ni en la doble ración de elecciones generales ni en las autonómicas de 2015 logró un solo escaño. Su mejor resultado lo consigue en Ceuta apoyado seguramente sobre su mensaje contra la inmigración que sin embargo solo le reportó el 1,27% de los votos. En las últimas municipales reunió 22 concejales a lo largo de los más de 8.000 ayuntamientos españoles.
Pero la irrelevancia de Vox en las instituciones no le ha impedido hacer mucho ruido en los tribunales, donde se ha mostrado hiperactivo, tal y como prometió en el comunicado de siete puntos en el que renunciaba a competir electoralmente en Cataluña. En diferentes procedimientos penales, ha denunciado a los últimos presidentes de la Generalitat, Artur Mas y Carles Puidgemont, se ha personado como acusación en las causas abiertas contra otros líderes del procés en la Audiencia Nacional y el Supremo, ha aportado supuestas pruebas contra TV3 y Catalunya Radio, e inició el pleito contra el dirigente de otra entidad independentista, Santiago Espot, que pidió en Facebook pitar el himno a España en la final de Copa del Rey entre el Barça y el Athtletic de Bilbao en 2015. Espot está siendo juzgado en la Audiencia Nacional por los delitos de injurias al Rey y ultraje a la bandera. La Fiscalía solicita para él multas por más de 14.000 euros.
Su furor por las querellas le ha llevado incluso a presentar una en el Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por dejación de funciones, de la que de momento no hay noticias. El propio Abascal lo explicó en este vídeo, tras expirar el plazo de 48 horas que el mismo había dado a Rajoy en la semana posterior al referéndum del 1-O: el presidente es culpable de haber eludido sus responsabilidades ante el conjunto de la nación.
Ortega, número dos de Vox, justifica en conversación con eldiario.es que la denuncia se mantenga en el Supremo pese a que Rajoy sí decidiese días después destituir a todo el Gobierno de la Generalitat y a las detenciones ordenadas por la Audiencia Nacional y el Supremo: «Está acreditado que el Ministerio del Interior conocía lo que estaba ocurriendo y podría haber evitado el 1 de octubre. Un año y medio antes había pruebas de lo que estaban haciendo. Y no lo hizo. El presidente del Gobierno lo ha hecho cuando ya clamaba al cielo, además de que la aplicación del 155 no ha servido de nada. Dirigimos una querella contra quien hace dejación de funciones como presidente del Gobierno. Tenía las facultades excepcionales para declarar el estado de alarma, la de seguridad nacional, para tomar decisiones que no adoptó. Y algunas eran prerrogativas exclusivas del Estado. Ahora deberá ser la Fiscalía la que se pronuncie en este caso».
Sin embargo, donde más impacto han logrado sus denuncias es en el juzgado número 13 de Barcelona, que arrancó una investigación a raíz de unas declaraciones del exsenador y exmagistrado Santiago Vidal en las que advertía que la Generalitat camuflaba partidas presupuestarias para organizar el referéndum. Vox había denunciado a dos cargos secundarios del Govern y esa causa junto a la motivada por las palabras de Vidal que había iniciado el abogado Miguel Durán, exdirector general de la Once y antiguo candidato del partido ultra Libertas, acabaron confluyendo en una sola: la que instruye desde hace muchos meses el magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer y que ha resultado clave en la persecución del procés.
Ese sumario fue el que permitió incautar millones de papeletas del referéndum ilegal y practicar las primeras detenciones de cargos de la Generalitat que luego motivaron, a raíz de las protestas en la calle, la acusación de rebelión contra los Jordis, Cuixart y Sánchez, líderes de los movimientos civiles (Omnium Cultural y Assemblea Nacional Catalana) que apadrinaron el procés.
«Parar el golpe no hubiera sido posible sin Vox»
El secretario general de Vox presume de que su intervención ha permitido aportar «el 99% de la documentación que luego ha servido para parar el Golpe de Estado en Cataluña. Por mucho que se repita sobre la Audiencia Nacional o el Supremo, nada hubiera sido posible sin la querella de Vox, y no se hubiesen recopilado miles de documentos, archivos y grabaciones que han hecho posible un golpe de Estado institucional. Esperemos ver graves condenas a dirigentes secesionistas que han puesto en grave riesgo a nuestro país».
Pero los pleitos en los que se mete la organización -cerca de una treintena en los últimos años- no solo tienen como objetivo a partidos rivales. Vox también ha hecho intentos de hurgar en unas cuantas tragedias para obtener réditos políticos. Tras los atentados del pasado agosto en Barcelona, presentó una denuncia contra la cúpula de Interior de la Generalitat en la que acusaba a cargos públicos y mandos de los Mossos por no colocar bolardos en la calle. Les atribuía tres delitos: abandono de servicio público, desobediencia y denegación de auxilio.
Esta misma semana, la formación ultraconservadora se ha personado también como acusación en el asesinato de Víctor Laínez, un vecino de Zaragoza que, según el auto judicial, fue golpeado hasta la muerte por Rodrigo Lanza, un hombre de 33 años vinculado a los movimientos okupas que ya había sido condenado en su día por dejar parapléjico a un policía. El partido de Abascal esgrime en la querella presentada contra el principal sospechoso, en prisión preventiva desde este jueves, que hubo un delito de odio y que la víctima, que cuando se encontró en un bar con sus agresores portaba unos tirantes con la bandera de España, lo fue por su ideas políticas. «Se le ha asesinado porque era una persona que estaba orgullosa de ser española y esos casos generan alarma», insiste el número dos del partido.
Los dirigentes de Vox han repetido durante los últimos meses que sí pueden permitirse ese despliegue en los tribunales -no solo debe contratar abogados y procuradores, también ha abonado abultadas fianzas para constituirse en acusación- es gracias a las donaciones de ciudadanos anónimos y también por las simpatías que despiertan sus ideas entre determinados bufetes que renuncian a cobrarles las minutas.
El partido presume de actuar contra todo el que «ataca los intereses nacionales» y de haber descabalgado de la alcaldía en Granada al exregidor del PP, José Torres Hurtado, implicado en un escándalo urbanístico que también motivó una querella de Vox.
Toda esa acción judicial la combina el partido con protestas de lo más diversas. Este otoño, cuando el movimiento trataban de internacionalizar el conflicto con vídeos inglés, Vox movió en las redes un monólogo de una joven, con el mismo formato que los del independentismo, en el que llamaba «locos y enfermos» a los líderes del procés, que comparaba con el régimen nazi.
Mucho antes, en mayo de 2016, una representante del partido llegó a irrumpir en un acto de Puigdemont para entregarle unas esposas en 2016. El fin último de toda la estrategia en la calle y en los juzgados, según ha repetido su líder, Santiago Abascal, es ilegalizar a lo que él llama «organizaciones criminales», partidos como Esquerra, Convergencia de Catalunya o la CUP.
Así lo dejó patente en el acto que fue su mayor éxito de convocatoria, la manifestación del pasado 7 de octubre en la madrileña plaza de Colón, menos de una semana después de que se celebrase el referéndum. Aquella mañana de sábado, la cara más visible de Vox proclamó, «junto a la estatua del héroe Blas de Lezo» y ante decenas de miles de personas -los cálculos como siempre oscilaron, entre los 10.000 y los 250.000 participantes- que Vox no dejaría solo al Rey de España Felipe VI que el martes anterior se había dirigido al país en un mensaje televisado.
«Hemos visto humillados, acosados, vendidos hundidos, a los hombres y mujeres más leales a España, a los guardias civiles y policías nacionales. Hemos contemplado perplejos cómo la sedición contaba con un cuerpo armado de policía política que ha tendido auténticas emboscadas a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Por desgracia seguimos viendo en libertad a los criminales separatistas que han cometido estos delitos y en libertad siguen anunciando que cometerán otros más graves rompiendo la unidad de nuestra patria común. Españoles, hasta el mismísimo Rey se hubiera quedado abandonado en su discurso si no fuera por vosotros», clamó el líder del partido.
El 0,2% de los votos en las generales de 2016
Abascal, que copió el lema de campaña del actual presidente de los Estados Unidos, «hacer a España grande otra vez» y que presume en las entrevistas «de tener contactos con el entorno de Trump», obtuvo en las últimas generales celebradas en junio de 2016 46.781 votos, el 0,2% del total.
Pese a que la dirección del partido se esfuerza en airear una supuesta multiplicación de sus militantes en las últimas semanas a raíz de la declaración unilateral de independencia y de todo lo que vino detrás, la realidad es que según las encuestas, el partido que capitaliza la crisis catalana es Ciudadanos y su líder, Albert Rivera.
De todas las encuestas publicadas, solo una encargada por El Español, el diario digital que dirige Pedro J. Ramírez, pronostica que Vox entraría con un diputado en el Congreso si se celebrasen ahora unas elecciones generales. Pero por si acaso, el partido seguirá agitando los juzgados. Con esas dos premisas que invoca el abogado Ortega, lugarteniente de Abascal: «Que haya base legal y que el asunto tenga relación con los intereses generales que nosotros defendemos: la unidad de España, la Constitución, la dignididad de los españoles, la defensa de las víctimas del terrorismo». Si es así, el batallón de abogados de Vox estará listo para actuar.
