El partido comparte con las asociaciones de vecinos la idea de que los menores atraerán más delincuencia al distrito Macarena
EVA SAIZ. EL PAÍS.- Un chalé adosado de dos plantas recientemente rehabilitado en el número 8 de la calle Los Polancos de Sevilla, en el centro de la capital andaluza, amenaza con convertirse en un nuevo foco de polémica con tintes xenófobos. La próxima apertura en el inmueble de un centro de menores extranjeros no acompañadosha provocado la indignación de varias asociaciones de vecinos del distrito de La Macarena, que se oponen a que se instale en el barrio, cuyas protestas están siendo secundadas por Vox, a través de su diputado Benito Morillo. “Son ilegales. Los menores con quienes deben estar es con sus familias. Cuando no lo están, se produce una situación de desestructuración que genera delincuencia e inseguridad. Además, los últimos que deben decidir si se instala un centro de ese tipo en el barrio son los vecinos”, explicó a este diario Morillo.
“Esto es una zona de mayores, estos jóvenes te roban, se llena el barrio de okupas, atrae la delincuencia”, explicaba Esteban Suárez, presidente de la Asociación de Vecinos Miraflores-La Trinidad e impulsor de la concentración contra el centro que congregó este lunes a una treintena de personas frente a la casa, entre los que se encontraba el diputado de Vox. El partido de extrema derecha se ha posicionado con estos residentes, aún sin tener información por parte de la Junta de Andalucía de las condiciones y el destino de la instalación. Los vecinos, insisten en desligar a los políticos de una reivindicación que consideran suya, del barrio.
La casa del número 8 de Los Polancos acogerá en los próximos días a un total de 25 inmigrantes de entre 16 a 17 años, informan a este diario desde la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Son menores, aseguran, “con un perfil muy favorable para su integración una vez que cumplan los 18. Todos tienen un proyecto laboral o de estudios y están sujetos a un programa de inserción sociolaboral”. El centro estará gestionado por la Fundación SAMU que se hizo con la adjudicación del contrato en virtud de una convocatoria extraordinaria de la Junta de finales de abril por la que se ampliaban en 1.500 las plazas para acoger a menores inmigrantes. En total,10 profesionales, entre los que se encuentran psicólogos y educadores sociales estarán al cargo de los jóvenes solos.
Los rumores se han extendido entre los vecinos, informados a través de los obreros que trabajan en el interior de la casa. “Nos han dicho que los van a dejar sin vigilancia durante el día y que solo vienen por la noche”, señala un vecino. Poco importa que se le aclare que se trata de centros abiertos, en los que los menores tienen potestad para entrar y salir libremente durante el día. “No tienen licencia de cambio de uso de vivienda, pero así es como se están utilizando los recursos públicos”, señala Suárez. Desde la Junta se asegura que el inmueble cuenta con un informe favorable del Colegio de Aparejadores que ha certificado las condiciones de habitabilidad y que la apertura solo depende de que las compañías de luz y agua activen la instalación.
Los vecinos muestran fotografías de personas trapicheando con drogas en plazas del barrio. “Este centro va a atraer más delincuencia, no es seguro, nos va a perjudicar a todos”, sostiene una vecina, jaleada por otros miembros de la concentración. El binomio inseguridad e inmigración está perfectamente asentado entre muchas de las asociaciones de la zona y ahora está siendo alentado por Vox. Su diputado Benito Morillo está en contra de la apertura del centro, pero reconoce que no ha recabado la información de la Junta sobre el mismo. Las asociaciones demandan una reunión con el alcalde, pero ignoran que la instalación no es competencia municipal.
Experiencia en paralización de centros de inmigrantes
“Aquí está aglomerado todo, ¿por qué no los llevan a otras zonas?”, se queja señala Macarena Díez, presidenta de la Asociación de vecinos Macarena. Ella alude a la concentración de comedores sociales, centros cívicos y conventos que atienden a personas necesitadas y sin techo durante el día en la zona. El distrito Macarena aglutina el 80% de este tipo de establecimientos en la ciudad. Ese fue el principal argumento que estas mismas asociaciones esgrimieron el verano pasado cuando paralizaron la apertura de otro centro de atención temporal de inmigrantes que la Cruz Roja iba a instalar en la Ronda de Capuchinos, a pocos metros de donde se va a abrir el de menores. Entonces, Francisco Serrano, antes de convertirse en el líder regional de Vox, asesoraba en su calidad de vecino del barrio a los residentes molestos megáfono en mano. Ahora tienen al partido de extrema derecha de su lado.
Entonces, el Ayuntamiento preocupado por la alarma social que podía causar la apertura de ese centro de inmigrantes en una zona donde los vecinos estaban siendo muy beligerantes por los enfrentamientos entre sin techo, inflados y manipulados a través de redes sociales, medió y paralizó la apertura. Una decisión que alarmó a varias ONG por el antecedente que eso creaba.
Hoy, esos mismos vecinos esperan tener la misma capacidad de presión que hace unos meses. La situación ha cambiado. Desde Unicef y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía se ha denunciado recientemente un aumento de reacciones xenófobas ante los inmigrantes, en especial los menores, y la apertura de centros de acogida. No lo vinculan directamente con la irrupción de Vox en la escena política, pero advierten de que la distribución de mensajes falsos y bulos sobre la inmigración es un buen caldo de cultivo.
AL BORDE DE LA FRONTERA DE LA DESPROTECCIÓN
Este ambiente de rechazo es el que se encontrarán en pocos días los chavales que inauguren el centro. Una situación que no es la más adecuada para consolidar su integración ni es el mejor final para unos jóvenes que han ido subiendo todos los escalones del sistema de atención migratorio: acogida de emergencia, casa de acogida y ahora el centro de inserción sociolaboral. La edad en la que se encuentran los menores que llegarán al número 8 de Los Polancos es la más difícil. Deben realizar el tránsito a la mayoría de edad. Dejan de estar tutelados por la Junta de Andalucía y pasan a ser un adulto más. Muchos no cuentan con la documentación precisa para poder optar a un puesto de trabajo.
El permiso de residencia con que se regulariza su estancia en el país cuando la Junta se hace cargo de su tutela, de un año de duración, no autoriza a trabajar. Pero su renovación, por dos años más y también sin licencia para tener un empleo, exige que esa persona demuestre que tiene un medio de vida. Si esa renovación se produce cuando el menor aún se encuentra en un centro de acogida, no hay problema, pero si ya ha alcanzado la mayoría de edad, necesita estar vinculado a una entidad y residir en un piso tutelado para acreditar ese sustento que le exige la ley.
La Junta cuenta con el Programa + 18 como apoyo a los jóvenes que abandonan los centros de protección de menores. Incluye recursos de alta intensidad (viviendas) y de media intensidad, con iniciativas de formación y orientación laboral. Pero no existen plazas suficientes y, para acceder a estos recursos, la situación administrativa del interesado debe estar regularizada. Si no se accede a los medios de la Administración, esa persona entra entonces en la red de atención a Personas Sin Hogar.
Los jóvenes que acceden a la mayoría de edad se dan de bruces con las trampas del sistema. En el caso de Sevilla, además pueden encontrarse con otro muro, el de la hostilidad.
