València Acoge presenta una reclamación junto a otras organizaciones por el incumplimiento de los consistorios de permitir el registro de los más vulnerables
MÓNICA ROS. LEVANTE.- Lo han dicho por activa y por pasiva y ahora acuden al Síndic de Greuges: las personas más vulnerables se quedan sin ayudas ni recursos por no acceder al padrón. Hay dos instrucciones del INE al respecto (en 2015 y en 2020), como publicó Levante-EMV, que señalan que hay «obligación» de cumplir con las nuevas directrices que flexibilizan los requisitos del empadronamiento, pero los ayuntamientos no cumplen la normativa.
Por ello, València Acoge –junto con 24 entidades sociales más– han presentado una queja ante el Defensor del Pueblo valenciano. Y es que la orden está dada y las herramientas están creadas. Se trata «de voluntad política», afirman. Por eso, han dado un paso más y ya han presentado una denuncia ante el Síndic. Las entidades que firman el escrito junto a València Acoge son la Asociación Hispano Siria, Intersindical Valenciana, Foro Alternativo de la Inmigración del País Valencià, Federación Unión Africana de España, Asociación Rumiñahui, Alianza por la Solidaridad-Action Aid, Casa Camerún Comunitat Valenciana, Asociación ASFA, CEAR PV, Movimiento contra la Intolerancia de Valencia, Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Cedsala, Unió Pobles Solidaris, Entreiguales, Psicólogas y Psicólogos sin fronteras, Aiphyc, Fundación Secretariados Gitano, Colectivo Resistencia Migrante, Asamblea de Solidaridad con México País Valencià, Asociación Mira España, (N).O.M.A.D.A.S, Colectivo Sur Cacarica, Obrim Fronteres València y Asociación Hispanoamericanos en València.
«Las dificultades de todo tipo a las que se enfrentan las personas migrantes para lograr empadronarse en los municipios valencianos donde residen les impiden el acceso a derechos básicos como el bono social de la empresa municipal de transportes, el acceso a viviendas municipales, al alquiler, a alimentos, a prestaciones por dependencia, etc, tampoco pueden participar en programas de inserción laboral o formación; ni acceder a la sanidad, a la educación públicas o a la nueva Renta Valenciana de Inclusión, por no decir que estar registrado en el padrón es clave para obtener el permiso de residencia por arraigo social», afirman las 25 entidades.
Para tratar de resolver esta situación, el Ayuntamiento de València (por poner un ejemplo) anunció en 2017 la incorporación de 62 nuevos empleados a los centros de servicios sociales para poder atender las solicitudes.
Servicios sociales sin capacidad
«Sin embargo, tres años después, las entidades sociales, aunque valoramos la iniciativa, la consideramos insuficiente y deficiente porque servicios sociales no es capaz de absorber la demanda y no se atiende determinadas casuísticas del colectivo», denuncian ante el Síndic.
Las personas migrantes recurren al procedimiento especial de empadronamiento porque están en situación de calle, no disponen de contrato de alquiler, el dueño o compañero de vivienda se niega a acreditar su residencia, solo ocupan una habitación o porque sus documentos de identificación están caducados. En esos casos, debe acudir al centro municipal de servicios sociales que le corresponda y entonces, en lugar de avanzar, comienzan los problemas.
Y es que los centros municipales se encuentran «saturados» ya que al aumento de atenciones derivadas de la crisis se ha añadido la demanda de estos casos especiales de empadronamiento «sin que se haya incrementado proporcionalmente los recursos humanos ni la formación de los trabajadores sociales. Esto provoca que en los peores casos el centro de servicios sociales se niegue directamente a dar cita por no estar empadronado y en los mejores se da la cita para dentro de 6 meses o un año».
Las entidades sociales han denunciado el incumplimiento de la orden, han mostrado cómo hay quien paga hasta 400 euros para conseguir el papel en cuestión y ahora solicitan la intervención del Síndic para que inste a los ayuntamientos a cumplir lo acordado. Porque sin padrón ni hay nada ni eres nadie.
