Desde el 15 de marzo se han registrado 44 agresiones a reporteros, periodistas o activistas en defensa de los derechos humanos. Guerrero es la entidad con mayor número de agresiones registradas
JORGE MONROY. EL ECONOMISTA.- La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que durante la contingencia sanitaria para evitar la propagación del nuevo coronavirus (Covid-19), se han registrado 44 agresiones a periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
“Pese a la contingencia sanitaria persiste el clima de violencia contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, reconoció.
La Segob a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, elaboró el estudio denominado “Observaciones sobre violaciones a derechos humanos durante la contingencia sanitaria por Covid-19”.
El documento menciona que en lo que va del año, el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha registrado 141 agresiones a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, de los cuales 60 corresponde a personas defensoras de derechos humanos. (22 hombres y 38 mujeres) y 81 periodistas (58 hombres y 23 mujeres), incorporado 40 casos al mecanismo para su protección.
Destacó que desde el pasado 15 de marzo, fecha en que se decretó la contingencia sanitaria, se han identificado 44 agresiones cometidas en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, siendo el estado de Guerrero el que presenta el mayor incremento de situaciones de riesgo en contra de periodistas.
“Durante la contingencia se han reportado el lamentable asesinato de dos periodistas y cuatro personas defensoras de derechos humanos, ninguna bajo la protección del Mecanismo, así como tres agresiones en contra de periodistas que realizan coberturas informativas sobre el tema, en los estados de Puebla, Morelos y Jalisco”, detalló.
Mencionó que en el contexto actual pueden advertirse riesgos para periodistas o quienes ejerzan la libertad de expresión al cubrir la fuente relacionada con epidemia; personas defensoras de derechos humanos que tienen como actividad la defensa del derecho a la protección de la salud; y médicos y personal de salud a partir de la ausencia de condiciones de seguridad e higiene en su actividad médica.
