Apunta que la casera no quiso firmar su parte al ver su procedencia: “No soy una delincuente, no tiene por qué juzgarme de esa manera”
JOSÉ LUIS ZAFRA. EL FARO DE CEUTA.– Lamia Ahmed es una estudiante ceutí de 19 años que se encuentra cursando el segundo año del Grado en Criminología de la Universidad de Málaga. A punto de entrar a tercero de carrera, Ahmed está buscando un nuevo piso al que trasladarse a partir del curso que viene y que se encuentre un poco más cerca de su facultad.
Encontró una habitación libre en Teatinos –el barrio anexo a los principales edificios de la UMA- gracias a una compañera de clase. Tras resolver dudas sobre el contrato de alquiler y la gestión de los pagos, la casera del piso le pidió los datos de Lamia: su nombre y apellidos y los de sus padres, su dirección, su teléfono, etc. Es aquí cuando la casera no quiso completar su parte del alquiler ya que, según lo que le dijo a las inquilinas del piso, “no quería que estuviera en el piso, es de un barrio con mucha delincuencia en el que trabajaba allí como fiscal”.
Tras estos hechos, que sucedieron este martes, Lamia publicó su versión a través de su cuenta de Twitter. La publicación, hasta el momento, acumula casi 6.000 retuits y más de 7.700 ‘me gusta’.
Según ha contado la propia Lamia a este periódico, la casera no ha querido volver a contactar con las compañeras del piso ni con la propia afectada. “Al menos me gustaría poder hablar con ella y explicar que no soy como piensa. Aunque no me vaya a dejar quedarme en el piso, que me lo diga a la cara”, critica.
Ante un caso de supuesta discriminación racista, Lamia ha preferido no denunciar los hechos ante las fuerzas y cuerpos de seguridad. “Prefiero que la vida se la devuelva a ella como me ha hecho a mí, estoy recibiendo muchos mensajes de apoyo y mucha ayuda gracias a la publicación”, confiesa. También comenta que el proceso burocrático puede ser tedioso, al tiempo que no conoce personalmente a la casera ya que todo se está gestionando a través de una inmobiliaria.
¿Qué dice el Código Penal?
El artículo 512 castiga con hasta cuatro años de inhabilitación a los profesionales que denieguen una prestación o servicio a una persona por su etnia, sexo, religión, ideología u orientación sexual. Pese a este amparo, los expertos consideran que esto no es aplicable al alquiler entre particulares, ya que no se considera una actividad profesional.
En el caso de las inmobiliarias, apuntan que el agente inmobiliario podría escudarse en que ha recibido una orden verbal del propietario del piso para no alquilar a determinadas personas.
