ABC. – El informe anual de Escola Valenciana afirma que la mitad de las reclamaciones ciudadanas se concentran en el ámbito sanitario.
Tres de cada cuatro vulneraciones lingüísticas en la Comunidad Valenciana se producen en la Administración Pública, siendo el ámbito sanitario el que concentra la mayoría de estas, ya que aglutina el 50% del total de reclamaciones registradas por discriminación del valenciano en 2022.
Estas son algunas de las cifras extraídas del informe de ‘Vulneraciones lingüísticas 2022’, elaborado por Escola Valenciana, que recoge las denuncias sobre derechos lingüísticos en la Comunidad Valenciana en un año en el que, según apuntan, las quejas se han incrementado un 20% respecto a las registradas en 2021.
«La gente está perdiendo el miedo a denunciar cuando sufre una vulneración lingüística», ha señalado la representante de Escola Valenciana, María Nebot i Calduch, quien, a pesar de ello, ha remarcado que «hay muchas vulneraciones invisibilizadas que no se denuncian y que, además, no se perciben como vulneraciones».
Así, la entidad cívica recibe actualmente una queja cada tres días, aunque Nebot señala la posibilidad de que las incidencias sean «muchas más de las denuncias que recibimos». «Pensamos que puede haber decenas o centenas de vulneraciones lingüísticas en el País Valencià cada día», ha agregado.
El informe ha sido presentado este viernes en la puerta de la Conselleria de Educació, donde Escola y diferentes entidades han conmemorado el Dia dels Drets Lingüístics en el País Valencià. Al acto han acudido representantes de Plataforma per la Llengua, Intersindical Valenciana, BEA, SEPC, STEPV, Associació Ciutadania i Comunicació (ACICOM), Associació Llengua Catalana (AELC), d’Escriptors en FAMPA-València, Plataforma pel Dret a Decidir, Societat Coral el Micalet y Unió de Cooperatives d’Ensenyament Valencianes (UCEV).
Piden aplicar el requisito en Sanidad
Según los datos de Escola, el ámbito sanitario destaca como el área donde más vulneraciones de los derechos lingüísticos se producen y, concretamente, son los centros de salud y los hospitales los espacios donde se registran una de cada dos denuncias de este tipo.
«La sanidad ha cobrado más importancia últimamanete a raíz de la pandemia y de la situación que hemos vivido con la Covid, y eso significa que se ha visibilizado mucho más ese ámbito», ha explicado Nebot, quien ha apuntado que estas vulneraciones se dan en las comunicaciones de Sanidad, como en los anuncios de las vacunaciones, así como en la atención directa a los pacientes, «ya sea por los administrativos o por los propios médicos».
Por esta razón, desde Escola consideran que este ámbito «debería de estar dentro del requisito» lingüístico de la ley de Función Pública. En este sentido, Nebot ha reiterado que la propuesta de aplicación del requisito presentada por la Generalitat es «insuficiente, discriminatoria y una oportunidad perdida».
Preguntada por las declaraciones de la consellera de Educación y la de Justicia, Raquel Tamarit y Grabiela Bravo, respectivamente, durante la rueda de prensa de presentación del requisito lingüístico que tuvo lugar el pasado martes, en las que afirmaron que «el 85% del funcionariado tiene conocimientos del valenciano», Nebot ha apuntado que «puede ser que lo tengan, pero la cuestión es que de momento lo que se puede hacer para saber que alguien lo tiene es acreditarlo mediante la Junta Qualificadora, la Escuela Oficial de Idiomas o las universidades».
Asimismo, la representante de la entidad cívica ha señalado un «segundo problema» y es «la estima por la lengua de los valencianos y el respeto por la ciudadanía». Por tanto, en palabras de Nebot, «no solo es la capacidad de usar el valenciano, sino también tener la deferencia hacia los valenciano hablantes que así lo desen de atenderles en valenciano».
En este sentido, el informe de vulneraciones recoge las incidencias producidas este año en el ámbito sanitario, entre las que consta la denuncia de un usuario a quien un médico del Centro de Salud de Quart de Poblet le negó la atención médica por «hablar en valenciano». Según recoge la entidad, el profesional quiso echar al paciente de su consulta y, al negarse este, acabó abandonando él mismo el espacio sin prestarle atención sanitaria.
Esta situación se repitió de maneras similares, según Escola, en el Centro de Salud de Campanar, en la recepción del Hospital Marina Baixa o en el Centro de Gata de Gorgos.
Además, respecto a las comunicaciones, Escola recoge que el Hospital General de Elda y el Hospital de la Ribera entregan las cartas de nacimiento y la cartilla de salud infantil en castellano por defecto. De esta forma, si las familias quieren recibirla en valenciano tienen que hacer la gestión pertinente para cambiar la lengua, «un hecho que discrimina claramente el valenciano», según afirman.
El 75% de las quejas, en la Administración
Por segundo año consecutivo, el 75% de las quejas por discriminación lingüística se producen en las administraciones públicas valencianas, ya sea en los ayuntamientos, universidades, diputaciones, mancomunidades, empresas públicas, consellerias, ministerios o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
En este sentido, y a nivel geográfico, las administraciones donde más quejas se han producido, según Escola, son la Diputación de Alicante, el Ayuntamiento de Alicante y la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.
Además, según se detecta en el informe de Escola Valenciana, las mujeres sufren más este tipo de vulneraciones que los hombres, una diferencia que, tal y como afirma Nebot, «se explica por una cuestión de género». «Habitualmente cuando estamos en situaciones de agresión es más fácil confrontar con una mujer que con un hombre», ha explicado.
