EFE. ELDIARIO.ES.- El alto riesgo de genocidio y etnocidio de los pueblos indígenas aislados de Brasil, cuyos territorios en la Amazonía han sido los más afectados por la deforestación y la minería ilegal, será denunciado este martes ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU por varias ONG.
Según un estudio de la organización no gubernamental Instituto Socio Ambiental (ISA) la degradación ambiental y las invasiones de «garimpeiros» (buscadores de oro y minerales) se han disparado en el último año en los territorios de la Amazonía donde viven estos grupos, los más vulnerables a las enfermedades y a la pérdida de la selva.
Solo en 2019, la tala de árboles en los territorios donde viven pueblos indígenas aislados creció un 113 %.
Los datos están en un informe de ISA que será presentado este martes ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CIDH) en Ginebra.
El informe tiene el objetivo de denunciar el alto riesgo de etnocidio (pérdida de su cultura) y genocidio que corren las tribus indígenas aisladas de Brasil, por el incremento de actividades antiambientalistas en sus territorios.
En la sesión, promovida por ISA y por las organizaciones de derechos humanos Comisión Arns y Conectas, participará Davi Kopenawa, líder del pueblo yanomami, una de las tribus más afectadas de la Amazonía brasileña.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE, por sus siglas en portugués), seis tierras indígenas que poseen diez registros de etnias aisladas están entre los 13 territorios que responden por el 90 % de la deforestación registrada en 2019 en la Amazonía brasileña.
«Por lo tanto, la perspectiva para los pueblos indígenas aislados en Brasil es devastadora. Con la explosión de la deforestación, la destrucción de los bosques y el avance de prácticas ilícitas como la minería, la tala ilegal y la invasión de tierras, la existencia de estos grupos se ve seriamente amenazada», señala el informe de ISA.
En el informe también se denunciará el desmantelamiento y flexibilización de los controles ambientales, políticas promovidas por el Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, lo que ha incrementado las actividades ilícitas en la Amazonía y su consecuente deforestación.
Según el análisis de ISA, el discurso del mandatario brasileño, quien públicamente se ha mostrado a favor de la explotación de la Amazonía, ha estimulado las invasiones de mineros ilegales, madereros y acaparadores de tierras en los territorios donde viven los indígenas aislados.
A eso se han sumado los fuertes recortes de presupuesto, la deslegitimación por parte del Gobierno de la labor de entidades públicas que adelantan tareas de fiscalización ambiental y los cambios abruptos en la coordinación de algunos organismos que pueden perjudicar seriamente a los pueblos aislados.
El reciente nombramiento de un evangelizador al frente del órgano que cuida de las etnias aisladas en Brasil «puede poner en peligro la política de no contacto, que en los últimos 30 años evitó epidemias y masacres de pueblos aislados», según la ONG.
En la sesión ante la CIDH, la organización también pondrá en evidencia la falta de personal para ejercer control a las actividades ilícitas en la Amazonía donde actualmente 100 funcionarios deben fiscalizar 60 millones de hectáreas, según el estudio.
Los pueblos indígenas aislados son poblaciones que para sobrevivir al contacto promovido por el hombre se refugian en la selva y viven sin contacto alguno con la sociedad.
Las enfermedades, la violencia física, el saqueo de los recursos naturales y otras agresiones han diezmado poblaciones enteras en el pasado.
De acuerdo con el estudio que presentará ISA, en la actualidad existen 115 pueblos indígenas aislados en Brasil, 28 de los cuales han sido confirmados.
