El Periódico. – La sanción había sido interpuesta a un agente de la propiedad inmobiliaria por valor de 90.001 euros.
Una jueza ha ratificado la sanción de 90.001 euros interpuesta por el Ayuntamiento de Barcelona a un agente de la propiedad inmobiliaria por anunciar un piso de alquiler en el que se incluía como requisito tener la nacionalidad española. Según ha explicado este miércoles el consistorio, se trata de la primera sentencia en España que se pronuncia condenando por discriminación en el acceso a la vivienda en ejercicio de la tutela administrativa.
En marzo de 2020, el ayuntamiento comunicó al agente la sanción por vulnerar la ley catalana del derecho a la vivienda y contravenir la legislación internacional y europea en materia de derechos humanos. Este recurrió la sanción al juzgado contencioso-administrativo, que acaba de ratificar la multa municipal. Los hechos se remontan a octubre de 2019, cuando la Oficina por la No Discriminación (OND) del Ayuntamiento de Barcelona recibió la denuncia de un ciudadano que advertía de un anuncio publicado en el portal Idealista en la que se explicitaba que el potencial inquilino tenía que ser una persona española.
Tras analizar el anuncio, la OND transmitió el expediente a la unidad de disciplina y antiacoso inmobiliario del ayuntamiento, que incoó expediente sancionador contra los anunciantes, agentes de la propiedad inmobiliaria y el portal Idealista. En el expediente, se consideraba que la oferta excluía del acceso a la vivienda a un colectivo de personas por razón de su origen, contraviniendo la ley 18/2007 de 28 de diciembre del derecho a la vivienda. El Ayuntamiento de Barcelona tramitó entonces el expediente hasta llegar a la resolución definitiva, que imponía una sanción de 90.001 euros para los infractores. Esta resolución fue impugnada ante el juzgado contencioso-administrativo, que se ha pronunciado respecto a una de las tres partes denunciadas, ha detallado el consistorio.
En declaraciones a TV-3, el concejal de Derechos de Ciudadanía, Marc Serra, ha denunciado que la discriminación en el acceso a la vivienda es «un problema estructural» y ha lamentado que las personas extranjeras «se encuentran ante una auténtica yincana a la hora de poder alquilar un piso, aunque tengan las posibilidades económicas».
Serra, además, ha subrayado que el objetivo del consistorio no es «poner sanciones», sino «visibilizar esta problemática y trabajar en el ámbito de la prevención», por lo que, según ha explicado, están llegando a acuerdos con operadores y agentes inmobiliarios para hacer formaciones en esta cuestión. El concejal ha indicado que «normalmente el problema de origen es la propiedad«, y ha subrayado que los agentes inmobiliarios formados en esta materia no aceptan estas propuestas discriminatorias e informan sobre la ilegalidad de la práctica.
