Heraldo.- Una joven ha denunciado ante la ONU que fue discriminada por los vigilantes de un centro comercial de Madrid al acusarla de robar un balón «por ser gitana», ha informado este jueves la Fundación Secretariado Gitano, que apoya a esta mujer en su reivindicación internacional.
Concretamente, Jennifer Muñoz Vázquez, una joven gitana condenada por cometer un hurto de un juguete valorado en menos de 7 euros, pese a haber propuesto dos pruebas en el juicio que habrían acreditado su inocencia, ha presentado hoy una comunicación para elevar su caso ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, órgano del sistema de Naciones Unidas encargado de velar por el cumplimiento de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).
Los hechos ocurrieron en diciembre de 2019, cuando Jennifer acudió a un hipermercado de Vallecas con su cuñada y su bebé. Fue interceptada por el vigilante de seguridad, que aseguraba que el juguete que llevaba su bebé, valorado en 6,90 euros, era robado. La joven escuchó cómo el vigilante le decía a su compañero: «Como son gitanas, ¡cómo no van a robar!».
En realidad, el juguete se lo habían regalado en la inauguración de una juguetería días antes y además ni siquiera habían pasado por la juguetería del hipermercado ese día, señalan desde la Fundación.
A pesar de las explicaciones de la joven, el vigilante la retuvo en el cuarto de seguridad durante más de hora y media, con su bebé, pasando frío y sin poder alimentarle ni cambiarle el pañal, hasta que llego la Policía.
Cuando llegaron los agentes, le abrieron acta de denuncia, basándose únicamente en el testimonio del personal de seguridad y sin tener en cuenta las explicaciones de la joven, que pedía que vieran las cámaras de seguridad, como prueba de que no había pasado por la juguetería. Salió de allí con un acta de denuncia para presentarse a un juicio rápido por un delito de hurto.
Después, la joven se dirigió a la juguetería donde le habían regalado el juguete y habló con el dependiente, que se ofreció testificar a su favor y llamó al jefe de seguridad del hipermercado para confirmarle que él le había regalado el juguete. El jefe de seguridad remitió a la mujer a la comisaría, donde se personó para denunciar los hechos y manifestar que tenía un testigo, a lo que los agentes le contestaron que eso se lo tendría que decir al juez, que sería el que valoraría.
Al día siguiente se celebró el juicio rápido por un delito leve de hurto, en el que sólo testificaron el vigilante de seguridad, que la acusó pese a tener conocimiento, porque así se lo había confirmado el propio dependiente de la tienda, de que el juguete era un regalo.
A pesar de que ésta pidió al juez (y así figura en el vídeo del juicio) que llamara al dependiente de la juguetería como testigo y que visualizaran las cámaras de seguridad, que corroborarían que ella no pasó por la juguetería del hipermercado, el juez sólo tuvo en cuenta el testimonio del vigilante y condenó a la joven con una multa de 26 euros por un delito de hurto, lo que, además, le genera antecedentes penales, critican.
El caso llegó hasta el Tribunal Constitucional
La joven pudo recurrir la sentencia con la ayuda de la Fundación Secretariado Gitano, que decidió apoyar el caso por «la gravedad de la vulneración de derechos ocurrida». En primer lugar, se recurrió ante la Audiencia Provincial contra la sentencia condenatoria, pidiendo además la nulidad de las actuaciones, al haberse vulnerado el derecho a la defensa de Jenifer Muñoz.
El recurso fue desestimado, por lo que se recurrió en casación ante el Tribunal Supremo, que volvió a desestimarlo. Finalmente, se recurrió al Tribunal Constitucional, que no lo admitió a trámite por considerarlo carente de relevancia constitucional, «por lo que ahora la única vía para defender sus derechos es acudir a una instancia internacional como la que ofrece el Comité de la CEDAW».
En palabras de Selene de la Fuente, abogada en la Fundación Secretariado Gitano e integrante del equipo jurídico que ha participado en todo el proceso judicial, tienen «plena convicción de que a la señora Muñoz se le ha dispensado un trato desigual y diferenciado por su doble condición de mujer y de gitana, una discriminación que no ha sido abordada debidamente por los tribunales españoles, lo que nos obliga a acudir a la ONU».
«Ahora que se va a celebrar el Día Internacional de las Mujeres, creo que es importante poner sobre la mesa los estereotipos y prejuicios que todavía enfrentamos las mujeres gitanas y que en ocasiones se materializan en graves vulneraciones de derechos humanos como en este caso», ha añadido.
FSG ha destacado que este es un claro caso de discriminación interseccional en varios niveles, «cometido, precisamente, por quienes deberían haberla protegido (Policía Nacional, juez de Instrucción y fiscal y Tribunales de otras instancias).
Por ello, consideraron este caso como estratégico para el litigio «para, por un lado, trasladar los estándares europeos e internacionales de derechos humanos en materia de discriminación en la jurisprudencia española; y, por el otro, sentar un precedente que otorgue justicia no sólo a Jennifer, sino a muchas otras mujeres gitanas víctimas de discriminación, no sólo en España sino a nivel internacional».
