Al menos en dos casos, los refugiados que fueron a la comisaría de Zapadores, con cita previa y la documentación enviada, no solo no les dejaron iniciar la petición de asilo sino que les comunicaron un expediente de expulsión
JOAN CANELA. PÚBLICO.- Sus iniciales son K. S. y es una refugiada argelina por motivos de género, con un hijo de tres años y una situación de extrema vulnerabilidad. Su primera petición de asilo, tramitada en Melilla, fue denegada en octubre, pero hasta el 4 de diciembre no pudo acercarse hasta la comisaría valenciana de Zapadores –el albergue donde duerme fue confinado diferentes veces– para iniciar una segunda solicitud de asilo a la que tiene derecho legalmente. En vez de conseguir la tramitación del procedimiento, pero, lo que se encontró fue un expediente de expulsión.
El hecho lo denuncia la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y asegura que K. S. no es un caso aislado. Al menos hay documentado otro caso, el hombre brasilero M. M., quien habría pedido una primera solicitud de asilo por motivos de identidad sexual, el 28 de enero, que habría sido denegada el pasado 20 de noviembre. Según declaraciones de M. M. a Público, con su abogada decidieron pedir una segunda solicitud «ya que la policía no había incluido muchos de los argumentos en la primera declaración«, y a tal efecto consigue una cita previa a Zapadores para el 17 de diciembre.
Al llegar a las dependencias policiales, «me hicieron esperar en una sala solo, durante unas cinco horas, y después llegó un abogado que yo no había pedido y una intérprete por teléfono muy mala, que apenas sabía portugués y a la que renuncié porque lo entendía todo. Allí la Policía me dice que no tengo derecho a una segunda petición de asilo y que tengo que salir del país en 15 días. Me aseguraron que si no me detenían era solo porque lo debía ordenar un juez, pero que si pasado este tiempo seguía en el país me detendrían y deportarían. Yo intenté defenderme, pero no me dejaban hablar y al final yo y el abogado firmamos un montón de papeles incluida la orden de expulsión«.
«En menos de un año se ha denegado mi solicitud, sin darme tiempo ni siquiera a presentar las pruebas»
M. M. explica que a raíz de la orden ha perdido el trabajo, ya que no le pueden renovar el contrato, y además quedó en la calle «al quedar fuera del programa de atención a refugiados» y solo pide que se estudie seriamente su petición: «En menos de un año se ha denegado mi solicitud, sin darme tiempo ni siquiera a presentar las pruebas».
Derecho fundamental
«Es un caso grave de violación de un derecho fundamental –asegura Jaume Durà, responsable del equipo jurídico de CEAR-PV– ya que el acceso a la solicitud de asilo está garantizada legalmente». Carla Ponsoda, abogada de K.S. apunta que esta actitud supone «una clara violación de la Ley de Asilo 12/2009 que estipula que no se puede negar el acceso al derecho a solicitar asilo, además de diversas directivas europeas y la Convención de Ginebra de 1959″.
Ponsoda, además, sospecha que estos no son los dos únicos casos en que ha sucedido esta vulneración, que incluso podría ser sistemática. «Cuando estuve en comisaría me encontré tres jóvenes argelinos a los que también estaban tramitando expedientes de expulsión», asegura. Fuentes de CEAR han confirmado a Público que Zapadores es la única comisaría en todo el territorio español donde han detectado este tipo de prácticas, que no se han dado «ni siquiera en puntos calientes como Melilla».
Esta protección internacional es la que ha llevado a CEAR a pedir la intermediación de ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. La oficina española de la agencia internacional escribió a la comisaría de Zapadores sobre el caso de K. S., desde donde se respondió, en un correo al que ha tenido acceso Público, que al detectar «que no había abandonado el país a los 15 días» de la denegación de la primera solicitud de asilo y al no saber «si había interpuesto recurso» procedieron a abrir el expediente de expulsión.
Además, se disculpan ante el Alto Comisionado por no saber «del alto grado de vulnerabilidad» de la solicitante. Una respuesta, que en opinión de CEAR, supone un reconocimiento implícito que no se tramitó la solicitud de asilo.
Fuentes de la Delegación del Gobierno en el País Valencià aseguran que este es «el procedimiento habitual cuando se ha rechazado la petición de asilo», ya que la orden de expulsión se genera automáticamente entonces y se comunica en el momento en que se localiza al afectado, que «a menudo puede ser complicado por falta de domicilio fijo, así que se aprovecha en el paso por comisaría». Las mismas fuentes aseguran que «no se puede solicitar una segunda petición de asilo sin causas excepcionales y, en todo caso, debería hacerse en sede judicial».
Amparo al Defensor del Pueblo
«No se trata de resolver un caso concreto de una persona vulnerable, sino de acabar con una práctica que sospechamos generalizada»
Desde CEAR han anunciado una queja al Defensor del Pueblo y están estudiando posibles opciones judiciales. «No se trata de resolver un caso concreto de una persona especialmente vulnerable –declara Ponsoda en relación con K. S.– sino de acabar con una práctica que sospechamos generalizada. Porque ya es sangrante que emitan expedientes de expulsión contra gente que aún está en centros de acogida, pero esto es ir un paso más allá«.
La nueva denuncia llega días después que el Defensor del Pueblo haya pedido a la policía dejar de exigir requisitos no previstos por ley a los demandantes de asilo, como pueden serlo los certificados de empadronamiento. Y mientras aún colea la polémica por los malos tratos a mujeres migrantes que iban a realizar trámites a la comisaría de Paterna.
