La Guardia Civil analiza los vestigios de los escenarios de cuatro explosiones ocurridas días después con la esperanza de que esclarezcan el único crimen aún no resuelto desde la tregua de 2006
ROBERTO R. BALLESTEROS. EL CONFIDENCIAL.- El Juzgado Central de Instrucción 4 ha ordenado reabrir el caso del asesinato a manos de ETA de los guardias civiles Diego Salvá y Carlos Sáenz de Tejada, el 30 de julio de 2009 en Palmanova (Calviá, Baleares), el último atentado con víctimas mortales perpetrado por la banda terrorista en España. Así se lo notificó, de hecho, la Audiencia Nacional hace unos días a los familiares de los dos agentes fallecidos. La reapertura, sin embargo, fue ordenada hace siete meses, el pasado 2 de julio.
Los responsables policiales de la investigación sospechan que el asesinato de los agentes está relacionado con las cuatro explosiones sin víctimas mortales que se produjeron 10 días después en Palma de Mallorca, tres en otros tantos restaurantes y otra en una galería comercial. Así se lo hicieron saber al instructor, que inmediatamente firmó la reapertura y pidió a la Guardia Civil —el pasado 24 de julio— que analizara los vestigios encontrados en esos cuatro escenarios. Estos restos, sin embargo, estaban en poder de la Policía Nacional, que es la que en aquel momento se hizo cargo de las pesquisas de aquellas explosiones en coordinación con el Juzgado Central 5, también en la Audiencia Nacional.
Los funcionarios de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional inspeccionaron el 9 de agosto de 2009 las zonas en las que habían explotado las cuatro bombas. Según fuentes de aquella investigación, los responsables de la misma remitieron entonces a la Guardia Civil todas las grabaciones recogidas por las cámaras de vídeo de los locales cercanos y varios informes en un disco duro con el fin de que los responsables de esclarecer el asesinato de Salvá y Sáenz de Tejada pudieran tener en sus manos todo el material posible. Las imágenes no permitieron sacar nada en claro a la benemérita.
Los responsables de la Policía almacenaron los vestigios encontrados en los escenarios de las bombas del 9 de agosto. Lo hicieron dentro de la instrucción dirigida por el Juzgado Central 5, que abrió unas diligencias solo para indagar en el caso de las cuatro explosiones. Estos restos no fueron remitidos a la Guardia Civil, que tampoco los requirió. Fue el pasado julio, 10 años después, cuando los responsables de investigar el doble asesinato encontraron elementos que apuntan a la vinculación con las cuatro acciones posteriores y decidieron reclamar el material, que la Policía ya ha remitido a la Guardia Civil.
En concreto, los funcionarios de la Comisaría General de Información han entregado a la Guardia Civil plástico azul, metal, papel, PVC, cinta aislante y plástico de un conector encontrados en lo que quedó del restaurante Nica, donde a las 12:30 estalló la primera bomba. Además, han aportado acetona, agua, trozos metálicos de las guías del falso techo, restos de un circuito eléctrico, pedazos de cable, conectores y trozos de una pila que obtuvieron en el baño de señoras de La Rigoletta, donde el segundo artefacto estalló a las 14:25 del mencionado día, cuando el local situado en el paseo del Portitxol estaba completamente lleno.
Igualmente han entregado a la Guardia Civil restos de plástico del foco de la explosión, trozos de cable y de una pila, dos bridas de plástico y material aislante localizados en el escenario del restaurante Enco, donde explotó el tercer artefacto a las 16:00, y un trozo de aislante blanco parcialmente quemado, varios restos de plástico y de cable, clavijas de conexión eléctrica y trozos de la rejilla metálica situada encima de la cisterna del baño, donde posiblemente fue ocultado el explosivo que retumbó en la galería comercial Plaza Mayor de Palma de Mallorca.
Todo este material fue proporcionado por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional el pasado 26 de noviembre a la Guardia Civil, que desde entonces lo analiza con la esperanza de encontrar alguna huella o vestigio biológico que permita arrojar luz sobre qué terroristas fueron los que acabaron con la vida de Salvá y Sáenz de Tejada. Los investigadores sospechan, en concreto, que quienes cometieron el doble asesinato y los que detonaron los cuatro artefactos explosivos 10 días después fueron los mismos.
10 años después
La Guardia Civil entregó el pasado 8 de enero el material al Juzgado 4 de la Audiencia Nacional, que ya lo había solicitado hasta en tres ocasiones. La primera, el 24 de julio de 2019, tres semanas después de reabrir la causa. La segunda, el 18 de septiembre, en vista de que no llegaba el informe reclamado. La última, el pasado 3 de enero. El material que recabó la Policía Nacional hace 10 años se une por fin al procedimiento iniciado por el Juzgado 4 para esclarecer quiénes fueron los etarras que perpetraron el atentado y cómo lo cometieron.
Durante estos 10 años, toda esta información se encontraba en el sumario que instruye el Juzgado 5 de la Audiencia Nacional, responsable de esclarecer el enigma de quiénes colocaron las cuatro bombas. La instrucción del atentado que acabó con la vida de Salvá y Sáenz de Tejada la llevó desde el primer momento el Juzgado 4, que asumió el caso el mismo día en que tuvo lugar el ataque a los dos agentes, el 30 de julio de 2009, 10 días antes de la colocación de los artefactos.
La bomba que mató a ambos funcionarios fue colocada en los bajos del coche patrulla de la Guardia Civil que los dos utilizaban y que estaba aparcado frente a la Oficina de Atención al Ciudadano del instituto armado de Palmanova, en el término municipal de Calvià. El Juzgado 4 activó en cuanto se hizo cargo la denominada operación Jaula, que tenía la finalidad de actuar rápido para evitar que los terroristas se fuguen. Las autoridades cerraron todas las salidas por mar y aire. La Guardia Civil encontró entonces una segunda bomba colocado en los bajos de otro vehículo del instituto armado que estaba averiado. Los Tedax la detonaron de forma controlada.
El doble asesinato de Calvià es el único atentado mortal cometido por ETA desde la tregua de 2006 que sigue sin resolverse. Desde que tuvo lugar, los responsables de los Servicios de Información de la benemérita han reconocido que todos los esfuerzos han sido en balde, ya que en ningún momento han contado con una pista sólida que sostenga la acusación contra algún terrorista. El Ministerio del Interior distribuyó tras el asesinato fotografías de seis miembros de la banda terrorista, pero no había pruebas contra ninguno de ellos.
