EL Periódico de Aragón.- La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Zaragoza imputa cinco delitos a los diez acusados | Las víctimas llegaban de Colombia a España engañadas con trabajos en limpieza y hostelería.
La Audiencia Provincial de Zaragoza juzgará próximamente a una banda integrada por diez miembros en relación a una supuesta red de trata de personas. De acuerdo a la acusación que ejerce la Fiscalía, esta banda traía a España desde el año 2019 mujeres colombianas con el fin de someterlas a explotación sexual en varios pisos de la capital aragonesa a pesar de que se les aseguraba haberles conseguido un trabajo en el sector de la limpieza o de la hostelería. No solo les obligaban a prostituirse, sino que las víctimas –en situación irregular– también debían fomentar y facilitar droga a sus clientes. Además, ellas eran obligadas a consumir estupefacientes mientras prestaban sus servicios sexuales.
Ahora el ministerio fiscal solicita una pena total de 64 años y tres meses de cárcel: 16 años por un delito de trata de seres humanos; 26 años y tres meses por prostitución coactiva; dos por favorecimiento de la inmigración ilegal; 16 por un delito contra la salud pública, y cuatro por blanqueo de capitales. Dentro de esta red, se apreciaban cuatro grandes grupos. Mientras que unos ejercían labores de gestión y logística, otros trataban de regularizar el rédito económico derivado de esta situación de prostitución. A ellos se sumaban otros dos grupos: el destinado a vigilar y controlar a las víctimas en cada uno de los pisos y un segundo grupo que hacía lo propio pero fuera de dichos pisos, cuando prestaban servicio fuera de ellos.
Tres eran los encargados de facilitar a las víctimas el dinero para obtener el pasaporte y los billetes para volar a España desde Colombia. También se encargaban de justificar reservas de hotel en España para que pudieran pasar la frontera como turistas. Ya en suelo español, eran trasladadas a cinco pisos diferentes ubicados en el barrio Universidad, en el barrio Jesús y en el barrio San José de Zaragoza, concretamente, en la calle Norte, Monasterio de Samos, Corona de Aragón, Tomás Bretón y San Antonio María Claret.
En estas viviendas ya pasaban a ser controladas –incluso por medio de cámaras de grabación– por otros miembros de la banda, quienes se encargaban de atender teléfonos para concertar los encuentros sexuales y proveerles de alimentos. Allí ya se les informaba de que habían contraído una deuda que, en algunos casos, podía superar los 3.000 euros; una cantidad de dinero que debían devolver ejerciendo la prostitución. El importe que cobraban por su servicios debía ser ingresado por ellas mismas en unas cajas cerradas con llave. Por su parte, el consumo de drogas estaba destinado a obtener mayores ingresos económicos y a aumentar la situación de dependencia y control de las mujeres sometidas a esta situación.
El funcionamiento de la red se basaba en la publicidad ofrecida en portales eróticos, donde se colocaban anuncios. La regularización de este dinero se llevaba a cabo bien por terceras personas, bien por la adquisición de bienes y servicios como, por ejemplo, una parcela de La Muela valorada en 25.000 euros.
