La democracia de la mayor nación latinoamericana está en serio peligro. Esta vez no se trata de un golpe comandado por militares como en el pasado, sino del resultado de las elecciones del domingo
BRENO ALTMAN. EL PAÍS.- El próximo día 28 de octubre, los electores brasileños decidirán quién comandará el país durante los próximos cuatro años. Desde la primera elección presidencial tras el fin de la dictadura en 1989, cuatro jefes de Estado han sido elegidos o reelegidos y dos sufrieron procesos de impeachment.No obstante, es la primera vez en que la frágil y convulsa democracia de la mayor nación latinoamericana está en peligro de muerte.
El peligro no está en golpes comandados por generales, como en el pasado, sino en el resultado de las urnas. Un capitán en la reserva, Jair Bolsonaro, de confesas convicciones antidemocráticas, aparece como favorito en la segunda ronda contra el candidato de izquierda, Fernando Haddad, apoyado por el expresidente Lula y afiliado al Partido de los Trabajadores (PT).
El exoficial tiene una larga carrera parlamentaria y ha formado parte de la Cámara de los Diputados desde 1990. Sus opiniones se han hecho notar: una combinación de nostalgia del régimen militar con declaraciones abiertamente racistas, misóginas y homófobas, a la que se añade una apología de la violencia sin restricciones ante el crimen y la oposición política.
La influencia de Bolsonaro, sin embargo, se limitaba a los nostálgicos de la dictadura y a las corporaciones armadas, donde conseguía votos para elegirse a sí mismo y a sus hijos formando así una pequeña y excéntrica oligarquía.
Todo empezó a cambiar con la ofensiva lanzada por los partidos de centroderecha contra el Gobierno de Dilma Rousseff. El candidato derrotado, el senador Aécio Neves, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), rechazó el resultado electoral y convocó a la insurgencia aprovechándose de que los grupos parlamentarios conservadores tenían amplia mayoría en el Parlamento para derribar a la presidenta. Diferentes sectores se conjugaron en esa guerra. Desde empresarios insatisfechos por los fuertes aumentos salariales hasta medios de comunicación a los que no gustaba el largo ciclo del PT, multinacionales inquietas con el control estatal sobre los recursos naturales y banqueros preocupados con la solvencia del poder público para pagar los intereses de la deuda interna, pasando por segmentos de las clases medias que sentían que financiaban políticas y derechos a favor de los más pobres sin recibir nada a cambio.
La crisis mundial de 2008 desgarró el tejido económico que había permitido, durante una década, la reducción de la pobreza y la desigualdad sin rupturas con los dueños del dinero. La disminución de los mercados mundial e interno empujaba al empresariado hacia una agenda configurada por el corte de los gastos de producción, de los impuestos, de los gastos sociales y de las inversiones estatales.
Comenzó entonces a gestarse un clima de odio contra el PT, especialmente a partir de la manipulación de la lucha contra la corrupción encarnada en la Operación Lava Jato. Concebida para investigar dentro del ámbito de Petrobras, el gigante estatal del petróleo, las relaciones ilegales entre el capital privado y la financiación de los partidos se volvieron rápidamente contra los liderazgos del PT, especialmente contra el expresidente Lula. Graves errores de la presidenta también contribuyeron al éxito de la ofensiva. Para incentivar inversiones privadas después de 2011, ofreció subsidios y exenciones fiscales a grupos empresariales sin obtener contrapartidas relevantes, lo que elevó el déficit público y ralentizó el ritmo del crecimiento económico.
Una vez reelegida, Dilma intentó contener la crisis y adoptó un severo ajuste fiscal, eliminando ciertos beneficios sociales. Su base electoral se sintió traicionada y se descompone rápidamente. Sus enemigos percibieron la fragilidad del Gobierno, aprobaron medidas de sabotaje a las cuentas públicas acelerando el impeachment.
No obstante, faltaba un elemento imprescindible en ese escenario: una fuerte movilización social que presionara a los parlamentarios todavía indecisos y que acorralara a las fuerzas de izquierda. Los partidos conservadores tradicionales no reunían condiciones necesarias para esa tarea: nunca pasaron de ser agrupaciones electorales carentes de militancia o de redes organizadas. El camino fue apoyar, dar visibilidad y financiar a varios grupos de extrema derecha que se venían formando desde las manifestaciones de 2013, la primera onda de protestas masivas contra el PT. Esas organizaciones, constituidas generalmente por integrantes de las clases más acomodadas y amplificadas por la prensa monopolista, consiguieron colocar a algunos millones de personas en la calle y fueron fundamentales para golpear al Gobierno de Dilma.
El bloque de centroderecha, bajo la jefatura del PSDB y el Movimiento Democrático Brasileño (MDB) de Michel Temer, imaginó que se libraría de esos sectores radicalizados después de cumplida su misión. Pero esas agrupaciones habían conquistado autonomía política e identidad social. No estaban dispuestas a retornar al destierro al que habían sido relegadas. Rápidamente encontraron su portavoz en Jair Bolsonaro. De una forma directa y vulgar, su discurso reaccionario, sazonado por un furibundo rencor contra la izquierda, fue unificando a la clase media y deshidratando a los partidos políticos de centroderecha. El hecho es que la estrategia de desestabilización, alimentada por el PSDB y sus socios, y que dio origen al impopular Gobierno de Temer y a su programa de reformas liberales, facilitó la polarización que destrozó al centro, dio impulso a la extrema derecha y generó el ambiente para la recuperación del PT.
Concluido el recuento de los votos de la primera ronda de las elecciones el 7 de octubre, Bolsonaro había conquistado el 46% de los sufragios, contra el 10% de la suma de Geraldo Alckmin (PSDB) y los otros cuatro candidatos centristas. En la segunda ronda se enfrentará a Fernando Haddad, que logró el 30% de los votos, mientras que el candidato de centroizquierda, Ciro Gomes, se quedó fuera con poco menos del 13%.
Forjada en los subterráneos del sistema político, la corriente neofascista incorpora un fuerte componente religioso, de naturaleza evangélica, influyente entre los más pobres y menos escolarizados; y se estructura a partir de la adhesión de comandantes del Ejército y policías militares. También destaca por la capacidad de movilización de la militancia, el recurso a la intimidación física y el atractivo de un nacionalismo chovinista, agresivo contra las naciones vecinas y subalterno de EE UU.
Poco a poco, Bolsonaro también conquistó la simpatía de parte del empresariado atraído por la idea de que la receta económica ortodoxa solamente sería aplicada, en su totalidad, por un gobierno autoritario. Ese podría constituir, finalmente, el modelo capaz de quebrar al PT y sus aliados, en particular a los movimientos populares de la ciudad y del campo, estableciendo una nueva hegemonía política, moral y cultural de los más ricos. A hierro y fuego, si fuera necesario, subordinando el país a un régimen de excepción sostenido por el renacimiento del partido militar, esta vez por la vía electoral.
Ese rumbo será consolidado o rechazado el próximo domingo. Votar por Haddad, del Partido de los Trabajadores, en esta hora decisiva, constituye la única opción para derrotar al neofascismo e impedir que se apodere del Estado.
Breno Altman es periodista y director de la página web Opera Mundi.
