RODRIGO FERNÁNDEZ. EL PAÍS.- Un policía ha muerto y otros cerca de 90 han resultado heridos este lunes en Kiev después de que manifestantes contra las reformas de la Constitución de Ucrania lanzaran granadas contra las fuerzas de seguridad. A pesar de las protestas de los nacionalistas y los desórdenes tanto dentro como fuera del Parlamento, el proyecto sobre descentralización fue aprobado en primera lectura.
El ministro de Interior, Arsen Avakov, aseguró en Twitter que cuatro policías se encuentran en estado grave, con heridas en los ojos, estómago, cuello y piernas. Recibieron el impacto de artefactos explosivos lanzados desde la multitud que se congregaba frente al hemiciclo.
La plaza de la Constitución, frente al Parlamento, se convirtió en escenario de una batalla campal. Quedó envuelta en humo, con los radicales lanzando bombas de humo, botellas y adoquines contra el cordón policial. El ministro culpó de los disturbios a miembros del partido nacionalista Svoboda (Libertad), mientras que uno de los líderes extremistas, Oleg Liashkó, defendió que el lanzamiento de granadas fue en realidad una provocación organizada por las fuerzas especiales.
Mientras, en el Parlamento, fue aprobado el texto que otorga, entre otros cambios, cierta autonomía a las regiones, algo exigido por los acuerdos de Minsk firmados para encontrar una solución al conflicto en el este de Ucrania. A favor de las modificaciones que contemplan una descentralización del país votaron 265 diputados, 39 más de los que se necesitaban para su aprobación. Las discusiones fueron acaloradas y los grupos nacionalistas trataron de impedir el debate, pero no lograron frustrar la sesión, a la que asistieron el presidente Petró Poroshenko y el primer ministro Arseni Yatseniuk.
Las enmiendas impulsadas por Poroshenko no incluyen la concesión de un estatus especial a las zonas controladas por las milicias separatistas prorrusas, punto que fue acordado en Minsk, por lo que esta reforma ha sido recibida con desilusión en las regiones rebeldes de Donetsk y Lugansk.
Los grupos nacionalistas ucranios, a pesar de ello, consideran las reformas una traición y una concesión intolerable en favor de los territorios controlados por los prorrusos. Rechazan categóricamente el punto de las modificaciones que representa un artículo transitorio que otorga un «régimen especial de autogobierno a determinadas zonas de las regiones de Donetsk y Lugansk», es decir, a los territorios controlados por los rebeldes.
Estos, a su vez, han rechazado también las enmiendas por considerar que el estatus especial de las zonas que controlan debe ser regulado por leyes que deben consensuar con ellos. Denís Pushilin, representante de la autoproclamada República Popular de Donetsk ante el grupo de contacto de Minsk, declaró que la reforma propuesta por Kiev no es «un cumplimiento del complejo de medidas» aprobado en la capital de Bielorrusia con la mediación europea y rusa para una solución pacífica del conflicto, sino «una interpretación libre» de ese documento.
Vladislav Deinego, el representante de Lugansk, fue más categórico aún al declarar que la introducción de prefectos, que contemplan las modificaciones, es en esencia una medida de centralización del poder, que «consolida totalmente el control sobre la autogestión local». «Este proceso no tiene nada que ver con los acuerdos de Minsk», sentenció.
Rusia mantiene una posición similar a la de los rebeldes y considera que las modificaciones en curso sobre la descentralización son en realidad solo una «simulación del cumplimiento de los acuerdos de Minsk».
El punto 11 del documento firmado en la capital bielorrusa en febrero pasado establece la necesidad de una reforma constitucional que contemple «como elemento clave una descentralización (teniendo en cuenta las peculiaridades de determinadas zonas de las provincias de Donetsk y Lugansk, consensuadas con los representantes de estas) y asimismo la adopción de una ley ad hoc sobre el estatus especial» para ellas. Pero el fin de semana pasado Poroshenko ya advirtió que no habrá ley sobre estatus especial para los territorios rebeldes.
Vladímir Groisman, presidente del Parlamento ucranio, recalcó por su parte que esta aprobación en primera lectura es solo el comienzo de un debate que se prolongará durante varios meses antes de que la reforma constitucional pueda ser adoptada de forma definitiva, para lo que será necesario una mayoría parlamentaria de mínimo dos tercios, es decir, 300 votos.
No será fácil para el presidente Poroshenko conseguir que el número de diputados necesario vote a favor, ya que entre los que se oponen hay no solo nacionalistas radicales, sino partidos como el de la ex primera ministra Yulia Timoshenko.
El acuerdo de paz alcanzado en Minsk (Bielorrusia) fue avalado por los dirigentes de Alemania, Francia, Ucrania y Rusia. El acuerdo contempló, además del alto el fuego, el restablecimiento del control total de la frontera con Rusia por parte del Gobierno de Ucrania para fines de 2015 y cambios constitucionales descentralizadores que permitan a las regiones del este tener prerrogativas especiales, como el nombramiento de fiscales y la formación de una policía popular, además de la autodeterminación lingüística para poder usar el ruso en los trámites oficiales.
