EFE. LA VANGUARDIA.- Un mayor estatus de la mujer, ya sea porque no depende económicamente del hombre o porque tiene una mejor educación, aumenta las probabilidades de que se dé violencia machista en la pareja, como respuesta del hombre ante la asimetría de poder.
Este es uno de los resultados que se desprenden del informe «Un estudio integral sobre la violencia íntima de pareja» (2017-2020), financiado por el programa RecerCaixa de la Obra Social «la Caixa», que ha analizado, a partir de historiales delictivos, las relaciones de poder entre maltratadores y víctimas, a fin de identificar factores de riesgo.
El proyecto se ha hecho en base a una cohorte de todos los condenados en Cataluña por violencia de género entre 2010 y 2014, lo que supone un historial delictivo de 7.000 agresores.
El responsable del estudio, el profesor de Ciencias Políticas y Sociales e investigador de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) Jorge Rodríguez ha explicado a Efe que «es la primera vez que se tiene acceso a un volumen de datos tan extenso».
Y es que, además de fijarse en el historial delictivo los agresores, también se ha reconstruido el historial de las víctimas, alrededor de unas 4.000 -el Departamento de Justicia solo tiene constancia de aquellas que han requerido medidas de protección-, y con todo se han ido estudiando los perfiles de ambos miembros de la pareja.
A partir de estos datos y una serie de encuestas, los investigadores han llegado a la conclusión de que, en contra de lo que se esperaría desde la perspectiva teórica dominante, las denominadas «inconsistencias de estatus» hacen que se incremente el riesgo de que las mujeres más independientes sean victimizadas dentro de la pareja.
«En las sociedades tradicionales, en la medida en que la mujer acepta su lugar subordinado, no hay problema. Ahora, cuando no lo acepta y excede sus recursos con relación al hombre, éste se siente amenazado y se defiende de manera más violenta», relata Rodríguez.
Según el estudio, esto explicaría la paradoja de que en países donde hay más igualdad de género, como pueden ser los del norte de Europa, hay mayores tasas de victimización que en el sur, pues los hombres reaccionan defensivamente a la pérdida de privilegios imponiendo su violencia.
En esta línea, Rodríguez subraya que la investigación ha demostrado que los condenados por violencia de género «no son personas meramente violentas, sino que tienen un componente específico que hace que agredan a sus parejas, que son mujeres, vinculado a la cultura machista».
«Hemos hecho comparaciones entre condenados por violencia de género y otro tipo de delincuentes violentos, de modo que dentro de ese período de cinco años, recogimos el historial delictivo de unos 4.100 procesados, y la conclusión es que la violencia ejercida por los primeros tiene que ver exclusivamente con el sometimiento de la mujer», ha agregado.
Otro aspecto del estudio destaca que los tratamientos que reciben los condenados por violencia machista, que combinan terapias conductuales con módulos de concienciación sobre violencia de género, son efectivos en cuanto a la reincidencia.
«Los tratamientos que reciben otro tipo de presos, como los de capacitación profesional, no tienen efecto en los agresores machistas, ya que no son personas necesariamente sin trabajo o con una familia desestructurada, sino personas que tienen que aprender a manejar la agresividad hacia sus parejas», ha subrayado Rodríguez.
El investigador ha destacado que otro de los puntos fuertes del proyecto es el cierre de un convenio que aglutinará a siete instituciones, entre ellas, el Departamento de Justicia, el CatSalut o el Servicio de Empleo Público Estatal, que permitirá cruzar los historiales delictivos con los sanitarios y de empleo de por forma permanente.
«Esto ayudará no solo a completar el perfil de perpetradores y víctimas, sino a detectar más rápido si ciertas lesiones de mujeres que han acudido a urgencias, por ejemplo, pueden estar relacionadas con agresiones de violencia machista», ha concluido.
