La Oficina de Jesús Maeztu ha dictado una resolución en la que constata que Emvisesa ha «solucionado» el caso de esta pareja que denunció «homofobia extrema»
ANDALUCÍA INFORMACIÓN.- La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, constata en una de sus recientes resoluciones que la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla (Emvisesa) ha «solucionado» el caso denunciado por un matrimonio homosexual que habitaba una de sus viviendas protegidas y que sufría una «situación de acoso por parte de una vecina muy problemática», a la que estas personas acusaban de actitudes de «homofobia extrema».
En su resolución, emitida el pasado 25 de abril y recogida por Europa Press, el departamento de Maeztu analiza una queja promovida por un «matrimonio homosexual formado por dos hombres», uno de ellos afectado de cáncer y por una discapacidad, quienes habitaban una vivienda protegida de Emvisesa. Dicha queja, en ese sentido, derivaba de que «tras dos años» sufriendo actos de «homofobia extrema y límite» a manos de una vecina del mismo bloque de viviendas protegidas habían solicitado a la mencionada empresa municipal «soluciones» a dicha situación.
Según se detalla en la resolución, los promotores de esta queja avisaban de que la citada mujer se había «aliado con otro vecino de su misma condición mental» para ir en su contra, toda vez que en su queja, estas personas avisaban de que pese a la «gravedad» de la situación y de que habían solicitado a Emvisesa «una permuta» de vivienda para dejar de sufrir tanto «maltrato», la empresa municipal aún no había proporcionado ninguna «solución».
«SITUACIÓN DE ACOSO POR PARTE DE UNA VECINA MUY PROBLEMÁTICA»
Tras consultar el departamento de Maeztu el asunto con Emvisesa, la empresa municipal confirmó que, efectivamente, este matrimonio homosexual sufría «una situación de acoso por parte de una vecina muy problemática», ante lo cual «se inició el protocolo de convivencia y se intentó realizar una mediación que, al no ser posible, desembocó en la resolución del contrato y en una demanda judicial para que la mencionada vecina abandonase la vivienda».
En cuanto a la permuta de vivienda solicitada por los afectados, Emvisesa desgranaba que fue el 25 de julio de 2018 cuando estas personas formalizaron su petición de «inclusión en la bolsa de permutas por problemas de convivencia y de salud graves», si bien tras dar «inmediatamente trámite» a la solicitud quedó de relieve el «incumplimiento de varios de los requisitos necesarios» para acceder a una permuta de vivienda. Al día siguiente de ser recibida la petición, según Emvisesa, fue remitida una carta certificada a estas personas para que aportasen documentación adicional con relación a la citada solicitud de permuta, así como demandando «el pago de las rentas adeudadas» y la inscripción en el Registro Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas.
Según la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, ya en octubre de 2018, los promotores de la queja informaban de que desde Emvisesa les «habían ofrecido una vivienda, si bien la zona no era de su agrado» y les «preocupaba el coste del alquiler», tras lo cual en enero de este año Emvisesa comunicaba «la aceptación de la vivienda por parte de los interesados», quienes entonces «estaban esperando la adecuación de la misma» para poder habitarla en «óptimas condiciones», considerando la institución de Maztu que el asunto «estaba solucionado».
