Diario de Mallorca.- Un juzgado de Palma ha ratificado todas las medidas disciplinarias que un centro escolar de Mallorca, ubicado en la Part Forana, acordó contra un alumno que mostró un comportamiento racista. El menor, que ya había tenido algún que otro enfrentamiento con los profesores, dedicaba insultos a otras compañeras de color, así como contra una chica porque sufría una discapacidad. La medida que se acordó fue que el menor, de forma obligatoria, debía cambiar de centro escolar, de tal manera que no volvería a tener contacto, al menos durante el horario escolar, con las víctimas a las que estaba insultando.
Esta situación de acoso e incluso de bullyng se descubrió a principios del curso escolar del año 2019. El chico acudía al instituto en un autobús y allí coincidía con una serie de alumnas, a la que dedicó, según quedó demostrado con la declaración de varios testigos, toda clase de insultos. Parece ser que no le gustaban que las alumnas fueran extranjeras, como tampoco le agradaba el aspecto de una menor que sufría una discapacidad y que también viajaba en el mismo autobús escolar.
Un juzgado de Palma ha ratificado todas las medidas disciplinarias que un centro escolar de Mallorca, ubicado en la Part Forana, acordó contra un alumno que mostró un comportamiento racista. El menor, que ya había tenido algún que otro enfrentamiento con los profesores, dedicaba insultos a otras compañeras de color, así como contra una chica porque sufría una discapacidad. La medida que se acordó fue que el menor, de forma obligatoria, debía cambiar de centro escolar, de tal manera que no volvería a tener contacto, al menos durante el horario escolar, con las víctimas a las que estaba insultando.
Esta situación de acoso e incluso de bullyng se descubrió a principios del curso escolar del año 2019. El chico acudía al instituto en un autobús y allí coincidía con una serie de alumnas, a la que dedicó, según quedó demostrado con la declaración de varios testigos, toda clase de insultos. Parece ser que no le gustaban que las alumnas fueran extranjeras, como tampoco le agradaba el aspecto de una menor que sufría una discapacidad y que también viajaba en el mismo autobús escolar.
Un representante del equipo directivo habló con las alumnas que habían sido insultadas y todas ellas mostraron un cierto temor a denunciar los hechos. Sin embargo, dijeron que eran insultos que se iban repitiendo y siempre tenían un contenido racista. La coordinadora del transporte escolar confirmó también que este conducta se venía repitiendo desde el curso anterior. Los responsables académicos pidieron a los alumnos que habían presenciado los insultos racistas que entregaran sus teléfonos, para así poder observar las grabaciones. Sin embargo, se negaron a cumplir la indicación.
Para resolver el problema, los profesores se entrevistaron con los padres de todos los alumnos implicados en este incidente. Entre ellos se encontraban los padres de este menor que se dedicaba a proferir insultos racistas. En esta reunión se les explicó lo ocurrido y se les anunció que su hijo iba a ser trasladado a otro centro escolar, como así se decidió semanas después.
A pesar de las numerosas pruebas que había sobre estos insultos y sobre la gravedad de lo ocurrido, los padres decidieron salir en defensa de su hijo, diciendo que en realidad eran las menores las que habían iniciado este conflicto, al increpar a los chicos, tanto en el campo de fútbol, como en la misma plaza del pueblo. Esta misma versión fue expuesta por los padres de otros alumnos implicados en el incidente.
Todas estas excusas de los padres no variaron la decisión de la dirección del colegio, que se acordó con el total apoyo de la conselleria d´Educació, al ordenar el traslado del alumno conflictivo a otro centro educativo.
