Insta al equipo de gobierno de ‘comunes’ y socialistas a no volver a colocar ningún símbolo partidista en edificios públicos municipales
GERMÁN GONZÁLEZ. EL MUNDO.- La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y su equipo de gobierno formado por Barcelona en Comú y el PSC vulneraron los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el de igualdad, al colocar una pancarta con un lazo amarillo de apoyo a los líderes soberanistas condenados por sedición en la fachada del Ayuntamiento. Así lo considera el Juzgado Contencioso Administrativo número 6 de Barcelona, quien obliga al Consistorio a quitar este cartel y todos los símbolos partidistas de las dependencias municipales además de prohibir que se vuelvan a colocar en edificios públicos dentro o fuera del periodo electoral. Desde los comicios pasados el Ayuntamiento no ha vuelto a colocar el lazo, ante denuncias de algunos partidos, pero en sedes de distrito todavía se pueden encontrar estos símbolos.
Un acuerdo de la Junta de Portavoces establecía la colocación de esta simbología en la fachada de la sede del Consistorio en la plaza Sant Jaume, a escasos metros de la pancarta similar que colocó el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y sólo se quitaba el lazo amarillo de la fachada únicamente cuando se estaba en campaña, habitualmente tras una denuncia ante la Junta Electoral por parte de alguna entidad o partido.
En julio pasado, entre los comicios municipales y los generales, Abogados Catalanes por la Constitución, representado por los letrados Manuel Zunón y Ramón de Veciana, presentaron una demanda en los juzgados al considerar que esta simbología podía vulnerar los derechos de los ciudadanos contrarios a la ideología independentista.
El juzgado recuerda que el lazo amarillo «se utiliza para recordar a dirigentes políticos y sociales que se encontraban, entonces, en prisión preventiva y ahora ya condenados por graves delitos, por el Tribunal Supremo, es incuestionable, como también lo es, por ello, que se trata de un símbolo partidista, en el sentido de que se alinea con las pretensiones de un grupo de ciudadanos, con inevitable exclusión del resto». La sentencia añade que «la ostentación de ese símbolo partidista en los edificios municipales choca frontal y manifiestamente con los principios de neutralidad institucional y objetividad a los que está sometida la Administración Pública, Administración, recuérdese, que no es un poder soberano sino una organización subalterna al servicio de la comunidad; la función que constitucionalmente tiene atribuida la Administración Pública no es otra que cumplir con objetividad los intereses generales, esto es, la Constitución consagra el carácter instrumental de la Administración puesta al servicio de los intereses de los ciudadanos, de todos, en su conjunto, y ello, con pleno sometimiento a la Ley y al Derecho».
NEUTRALIDAD INSTITUCIONAL
Desde Abogados Catalanes por la Constitución se indica que, por primera vez, una sentencia judicial remarca que el uso de símbolos partidistas por una administración pública no solo puede vulnerar el principio de neutralidad institucional sino que supone un trato «discriminatorio» respecto de los ciudadanos que no los comparten, además de quebrantar el derecho fundamental a la igualdad y no discriminación por razones ideológicas. La entidad espera que instancias judiciales superiores, como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Supremo, el Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se ratifiquen en este «criterio jurisprudencial» y se aplique a todas las administraciones, incluida la Generalitat. En este sentido considera que el uso de los símbolos partidistas también vulnera el derecho a la libertad ideológica del resto de la ciudadanía que no los comparten.
Sin embargo, la sentencia remarca que, pese al criterio de los recurrentes y de la Fiscalía sobre esta vulneración ideológica, el Ayuntamiento no quebrantó estos derechos de forma activa. «La actuación municipal impugnada, como ya se ha dejado dicho, es manifiestamente contraria a los principios de neutralidad institucional y objetividad y, por tanto, contraria al ordenamiento jurídico» señala el juez, pero añade que «no cabe considerarla vulneradora de la libertad ideológica de los recurrentes, en su vertiente negativa, pues la ostentación de los símbolos partidistas no identifica necesariamente a los recurrentes con dicha opción política ni les obliga a asumir sus postulados ni les impide mostrar públicamente su disconformidad con dicha opción; se trata de un símbolo pasivo sin que los recurrentes hayan concretados cuales sean los efectos negativos producidos en su libertad ideológica».
Pese a esto, la sentencia aclara que «no es menos cierto que los recurrentes no podrán manifestar la disconformidad dicha, por ejemplo, colgando sus propios símbolos partidistas, caso de que existan, en los edificios municipales. Lo que evidencia «la identificación del Ayuntamiento con una parte de los ciudadanos, administrados o vecinos del municipio, conlleva una discriminación respecto del resto de ciudadanos, administrados o vecinos e introduce una diferencia de trato entre grupos o categorías de personas, por razones ideológicas, que no tiene cabida en el artículo 14 de nuestra Constitución«.
Una vez conocida esta sentencia, el grupo del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Barcelona pidió al gobierno municipal que retire los lazos amarillos que están colgados en algunas sedes de distrito para «cumplir con la neutralidad institucional». El líder del PP en el Consistorio, Josep Bou, señaló que «el Ayuntamiento por fin cumplirá con la neutralidad institucional, ya que la justicia prohíbe al gobierno municipal de la alcaldesa Ada Colau y el PSC poner el lazo amarillo en los edificios públicos municipales por discriminar a parte de la ciudadanía» y añadió que «la simbología política como el lazo amarillo no representa a Barcelona, solo representa a una parte, por eso debería retirarse».
También la líder de Cs en Cataluña Lorena Roldán instó al Consistorio a respetar las decisiones judiciales y recordó los flirteos de la alcaldesa Ada Cola con el independentismo. Por su parte, la consellera de Presidencia, Meritxell Budó, aseguró que la decisión judicial significa que quieren «silenciar a las instituciones» ya que «empiezan por prohibir el lazo amarillo pero vete a saber qué acabarán prohibiendo».
