El magistrado ha ordenado durante meses al jefe policial que ponga en marcha un registro de peticiones de asilo
J. J. GÁLVEZ. EL PAÍS.- El juzgado de Instrucción número 6 de Madrid ha dado el primer paso para abrir una investigación judicial contra el director del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid por un presunto delito de desobediencia. El magistrado Ramiro García de Dios ha deducido testimonio contra el jefe policial por «incumplir sistemáticamente» las ordenes dictadas para garantizar la adecuada estancia de los inmigrantes en la instalación y poner en marcha un registro de solicitudes de asilo, según consta en un auto del pasado 11 de enero, al que ha tenido acceso EL PAÍS.
En este escrito, García de Dios insta al director del CIE a que «cumpla literalmente e íntegramente» las medidas dictadas en varios autos de octubre de 2016 y julio de 2017. Entre ellas, crear un sistema de registro para presentar solicitudes de asilo con un horario que, «como mínimo», se prolongue todos los días hábiles de las nueve de la mañana a las dos de la tarde; fijar un lugar para este registro y dotarlo de personal; y dar las «órdenes oportunas» para que se fichen todas las solicitudes de protección internacional.
El magistrado traslada, además, el caso a otros juzgados de instrucción de Madrid para deducir testimonio contra el director «por si la desobediencia reiterada pudiera ser constitutiva de un delito». Una decisión que adopta después de pedir durante meses al responsable del complejo que ponga en marcha este registro y después de recibir una denuncia de cinco extranjeras, encerradas en la instalación madrileña, que «pone de manifiesto que el director del CIE está incumpliendo intencionadamente los autos dictados». Según se argumenta en el escrito, las medidas que se ordenaron tenían por objetivo «garantizar que las peticiones de asilo fuesen urgentemente y eficazmente atendidas».
El Servicio Jesuita de Migrantes explica que, hasta ahora, los internos solo podían pedir asilo depositando un papel en el buzón del director, quien debía ponerlo en conocimiento de las autoridades. «Pero han sido muchas las quejas recibidas donde se afirmaban haber depositado la solicitud sin que luego se hubiera iniciado el correspondiente procedimiento», recalca la ONG en su último informe, donde incide en que han detectado un fenómeno «incipiente y muy preocupante»: el encierro en los CIE de solicitantes de protección internacional. «Una aberración», sentencia el colectivo, ya que la ley prohíbe recluir a estas personas.
El nuevo auto de García de Dios se produce también después de que los tres magistrados encargados del control del CIE de Madrid, por donde pasaron 1.526 extranjeros en 2016, anulasen dos órdenes del director por querer imponer unos controles previos de entrada a las ONG que «vulneran los derechos» de los inmigrantes encerrados y de los colectivos sociales que los atienden. Según los jueces, el responsable del centro «restringía sin causa que lo justifique» el derecho de los internos y «contravenía el sentido de las normas» que regulan las visitas.
