Un juez ordena reunificar a todas las familias de inmigrantes separadas en la frontera
27/06/2018 El País.- Un juez federal de San Diego emitió este martes por la noche una orden cautelar que obliga al Gobierno de Estados Unidos a reunir con su familia a todos los niños separados de sus padres como consecuencia de la política de “tolerancia cero” con los indocumentado en la frontera. La decisión, solicitada por la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU) supone un serio desafío para la Casa Blanca y la definitiva judicialización de la polémica que más daño ha hecho a la Administración de Donald Trump hasta ahora.
La orden obliga al Gobierno a reunir a los niños con sus padres antes de 30 días. También obliga a facilitar la comunicación telefónica entre ambos antes de 10 días. Prohíbe mantener detenidos a los inmigrantes irregulares de forma que no puedan estar con sus hijos, con la excepción legal de si suponen un peligro para el menor. Y prohíbe deportar a padres sin sus hijos. La orden habla específicamente de niños mayores de cinco años. Diversos testimonios aseguran que esa era la edad a partir de la cual la policía de fronteras aplicaba la “tolerancia cero” impuesta por la Casa Blanca y el fiscal general.
“Los actos presentados ante la Corte muestran una forma de gobernar reactiva, que da respuesta a una circunstancia caótica creada por el propio Gobierno”, dice el juez federal Dana Sabraw en un duro escrito de 24 páginas. El juez afirma que el derecho a la integridad de la familia está protegido por la Constitución. Sabraw razona que separar a las familias y aplicar la ley en la frontera son cosas distintas, y que garantizar el derecho de estas a estar juntas no afecta en absoluto a la capacidad el Gobierno para proteger las fronteras de Estados Unidos.
Donald Trump revertió el pasado miércoles sobre el papel, y a partir del jueves sobre el terreno, su política de “tolerancia cero” por la cual pretendía separar a las familias que crucen juntas la frontera de manera irregular, incluso si piden asilo. La idea, según dijo la propia Administración, debía servir como disuasión para reducir las cifras de inmigración irregular que han repuntado esta primavera, a pesar de estar en niveles históricamente bajos. La crisis de imagen, incluso entre los conservadores, obligó a rectificar al presidente y prometer que reunificaría a las familias.
La medida cautelar impone un límite a esa promesa. El sábado el Departamento de Servicios Sociales (HHS) informó de que había logrado reunir con sus padres a 522 menores, de los más de 2.300 que fueron separados entre mayo y mediados de junio.
A pesar de asegurar que está en condiciones de reunir a todas las familias separadas, los abogados que representan a los inmigrantes y organizaciones que se han movilizado en su defensa sospechan que en realidad el Gobierno no tiene la información necesaria para lograrlo. Los niños están en el sistema de albergues mientras los padres están en el sistema penal. Algunos, ya ha sido deportados sin sus hijos. Algunos niños no tienen edad para saber los apellidos de sus padres o de dónde son. La decisión del juez obliga a resolverlo antes de 30 días.
La orden ejecutiva de Trump no elimina la necesidad de la medida cautelar, argumenta el juez. “No se puede discutir que el Gobierno no estaba preparado para la llegada masiva de niños separados. No había medidas para asegurar la comunicación entre las agencias gubernamentales responsables de detener a los padres y las responsables de alojar a los niños, ni para facilitar la comunicación entre padres e hijos. No había plan de reunificación, las familias llevan meses separadas”. El juez considera probado que también fueron separadas familias que entraron a pedir asilo legalmente a través de los puestos fronterizos, algo que el fiscal general, Jeff Sessions, prometió expresamente que no pasaría.
Además, el juez destaca que el compromiso del Gobierno es reunificar a las familias “en el momento de la deportación”. Es decir, que cuando vayan a ser deportadas serán enviadas a un centro de Texas (presumiblemente, el que se está acondicionando en Port Isabel), allí se les reunirá con sus hijos y serán deportados juntos. No cabe duda de que el Gobierno “no tiene ni planes ni procedimientos en marcha para reunir al padre con el hijo para nada más que para deportarlos juntos una vez que haya concluido el caso (judicial) de inmigración del padre”, no antes.
El origen del caso que tiene sobre la mesa el juez Sabraw es la denuncia de ACLU en nombre de una inmigrante del Congo identificada como L. En ella se contaba que L. Se presento con su hija S. S., de seis años, en la garita fronteriza de San Ysidro-Tijuana y pidieron asilo. Inicialmente, fueron detenidas juntas, pero pocos días después fueron “separadas a la fuerza”. La niña “gritaba y lloraba, suplicando a los agentes que no la separaran de su madre”, rezaba el relato de los demandantes. La niña fue llevada a un albergue en Chicago. La madre tardó cinco meses en ser liberada, durante los cuales solo pudo oír a su hija por teléfono.
Poco después, los demandantes sumaron otra mujer al caso. era una inmigrante brasileña que había cruzado ilegalmente la frontera con su hijo de 14 años e igualmente habían estado separados ocho meses. Finalmente, el juez autorizó que el caso se convirtiera en una demanda colectiva para incluir a todo aquel que se haya visto en circunstancias similares. Los hechos denunciados por ACLU fueron confirmados el 7 de mayo por el fiscal general, Jeff Sessions, cuando anunció que la separación de familias era la política oficial de Estados Unidos.
