La política de Donald Trump, tolerada por México, había afectado a cientos de demandantes de asilo desde que se puso en marcha en enero
PABLO XIMÉNEZ DE SANDOVAL. EL PAÍS.– La política antiinmigrantes de Donald Trump se ha vuelto a topar con la justicia. Un juez federal de California dictó este lunes una orden cautelar que impide al Gobierno de Estados Unidos poner en práctica su última idea para desalentar la inmigración. Desde el pasado enero, la policía fronteriza podía aceptar una petición de asilo en un puerto de entrada y después devolver a la persona a México a esperar allí a que su caso llegara a juicio. Esa práctica debe parar, ordena el juez.
La política de quedarse en México ha afectado en este tiempo a más de 300 personas. Empezó en la entrada de San Ysidro/Tijuana, en California, y se ha ido extendiendo al resto de la frontera. Las autoridades mexicanas han dicho públicamente que no existe ningún acuerdo entre los dos Gobiernos para aceptar a esos demandantes de asilo, pero tampoco han hecho nada por impedirlo.
La decisión del juez Seeborg entrará en vigor el viernes. El Gobierno puede recurrir y pedir que se levante la prohibición cautelar mientras se resuelve la denuncia. Como parte de la medida, los 11 migrantes en cuyo nombre se presentó la demanda deben ser readmitidos en Estados Unidos para ser procesados dentro del sistema de inmigración con normalidad.
Desde el año pasado, Estados Unidos se enfrenta a un aumento repentino de la llegada de familias con niños de Centroamérica que se entregan a la policía, bien al ser detenidos o de manera legal en los puertos de entrada, y piden refugio. Las limitaciones legales a la detención de niños y el enorme retraso en los juzgados de inmigración están colapsando los recursos del sistema de inmigración.
La policía fronteriza ha explicado que el sistema está preparado para recibir hombres solos de México, que pueden ser detenidos en un entorno carcelario y deportados inmediatamente. Con las familias centroamericanas el proceso es mucho más complicado, lo que obliga a dejar a los migrantes en libertad a la espera de juicio, una realidad judicial que el presidente Donald Trump considera una burla y está decidido a eliminar.
Dentro de esa estrategia, la Administración puso en marcha en 2018 la política de “tolerancia cero” que resultó en la separación de niños de sus padres, de forma que los padres se quedaban detenidos mientras los niños pasaban al sistema de acogida. Miles de niños fueron separados hasta que la indignación del público obligó a Trump a revertir esta política. Aún hay niños que permanecen separados. El Gobierno dejo claro que pretendía que la crueldad de la medida sirviera para desincentivar la migración.
La política de quedarse en México se enmarca en esa fijación por evitar que los migrantes sean puestos en libertad en suelo norteamericano. De nuevo, la perspectiva de pasar meses o años en ciudades fronterizas como Tijuana, Mexicali o Ciudad Juárez esperando la oportunidad de defender el caso de asilo ante un juez debía servir como disuasión para los migrantes. Las últimas cifras de llegadas demuestran que no ha sido así. Hace dos semanas, el jefe provisional de la policía fronteriza, Kevin McAleenan, aseguraba en El Paso que el “el sistema ha llegado al punto de quiebre”.
