Fue realizado por organizaciones de América Latina. Destaca las violaciones de género y derechos humanos en las cárceles. Argentina es el único país de la región que tiene todos los estándares legales
INFOBAE.- Todas las personas en prisión son vulnerables por la sobrepoblación, la mala alimentación, el déficit en salud y los malos tratos entre internos y de parte de los agentes penitenciarios. Pero hay un grupo que sufre una mayor violación a sus derechos: las mujeres trans. Un informe internacional que se acaba de publicar hizo una radiografía de ese grupo en toda América Latina.
“Mujeres trans privadas de libertad: la invisibilidad tras los muros”, es el nombre del trabajo que realizaron nueve organizaciones de defensa y derechos humanos de la región, entre ellas la Procuración Penitenciaria de la Nación en Argentina -el organismo que vela por las personas presas-, el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC, por sus siglas en inglés), Equis: Justicia para las Mujeres, la Red Corpora en Libertad y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), entre otras.
El informe repasa cómo y por qué las mujeres trans llegan a prisión, cuál es la situación que viven detenidas y las dificultares de reinsertarse una vez que recuperan la libertad en 20 países de la región, entre ellos Argentina. Las personas trans son quiénes su sexo asignado al nacer no es el de su identidad reconocida.
“Las mujeres trans están sobrerrepresentadas en las prisiones comparadas con otros grupos y son mucho más propensas a sufrir abusos y violencia tras las rejas que otras poblaciones. Además de los retos que el encarcelamiento impone a las personas privadas de la libertad, las mujeres trans presentan desafíos relacionados con el alojamiento, su identificación, las requisas, el acceso a servicios médicos, la privacidad, las visitas conyugales, entre otros”, resume el trabajo en sus 26 páginas y al que accedió Infobae.
En los últimos 17 años, de 2000 a 2017, el encarcelamiento de mujeres creció un 53,3 por ciento, mientras que la de los hombres tuvo un aumentó del 19.7 por ciento. El principal motivo de la detención de mujeres es por el tráfico de drogas. Pero no hay datos certeros de cómo se comportó el porcentaje de mujeres trans porque no todos los estados tienen estadísticas ya que no cuentan con una clasificación de género.
El informe destaca que la violación de los derechos de las mujeres trans comienza con la falta de leyes protectoras que garanticen su condición de género. De los 20 países analizados solo Argentina tiene todos los estándares: la Constitución Nacional incluye el principio de igualdad, tiene ley antidiscriminación, ley nacional contra la violencia a las mujeres, ley nacional sobre identidad de género, las personas trans pueden cambiar su identidad de género y hay normas para su alojamiento en prisión.
“En América Latina, las normas que protegen los derechos de las mujeres trans varían por país. Todos los países establecen el principio de igualdad ante la ley en sus constituciones que, si bien no incluyen la categoría identidad de género, sirve como primera línea de protección. De estos países, 8 tienen una ley en contra de cualquier forma de discriminación, 16 tienen una ley en contra la violencia hacia las mujeres y solo 4 países—Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay—han aprobado una ley de identidad de género”, repasa el trabajo.
Luego el informe repasa las vulnerabilidades cuando las personas trans llegan a prisión. El primero es que en la mayoría de los países de América Latina no hay sectores dentro de las prisiones para este grupo: “Las mujeres trans son transferidas frecuentemente de una prisión a otra por exigir sus derechos y pueden ser ubicadas en áreas donde existen peores condiciones. De este modo, el acceso a la educación, capacitación y otros servicios se encuentra más limitado”.
Por la falta de un espacio que garantice su identidad de género, las mujeres trans tienen dificultades para acceder a educación, capacitación, recreación, empleo y otros servicios de apoyo disponibles para la población en general. “Además, la segregación puede provocar severos episodios de depresiones y el aislamiento puede ser un escenario mortal sin el acompañamiento psicológico adecuado”, alertan las agrupaciones.
En la mayoría de los casos son alojados en cárceles para hombres -como ocurre en Bolivia y Honduras- “lo cual viola sus derechos de identidad e incrementa el riesgo de violenciaa sexual”. La Argentina vuelve a diferenciarse.
En nuestro país, explica el informe, “en algunas provincias existen espacios de alojamiento exclusivos para mujeres trans mientras que, en otras regiones del país, deben convivir con imputados y condenados por delitos contra la integridad sexual”.
En el sistema federal, las trans son alojadas en cárceles de mujeres. “Si bien esta medida parecería estar acorde a la normativa vigente, continúan presentándose dificultades para el efectivo cumplimiento de la ley de identidad de género. Las instituciones del sistema judicial no respetan el derecho a la consulta sobre el alojamiento de las personas; así como tampoco acerca del género autopercibido, lo cual produce clasificaciones discrecionales”, explica el informe. En el Servicio Penitenciario Federal (SPF) hay actualmente 35 personas trans. Son el 0,26 por ciento de las 13.551 personas presas.
Según el informe, en Argentina las mujeres trans presas denunciaron malos tratos, discriminación y discontinuidad de los tratamientos hormonales que realizaban en libertad. Y en 2017 fallecieron 3 mujeres trans privadas de libertad “por complicaciones derivadas de su estado de salud, las pésimas condiciones de detención y la inacción del poder judicial ante los reclamos».
El trabajo concluye con una serie de recomendaciones a los estados para mejorar las condiciones de accesos a salud, trabajo, educación e identidad de género de mujeres trans y de condiciones de detención.
Sobre el último punto destacaron los especialistas que se debe respetar la orientación sexual, identidad y expresión de género, promover la sensibilización y capacitación permanente de los operadores penitenciarios y judiciales y garantizar las mujeres trans tengan acceso adecuado a la salud integral.
