Diario de Córdoba.- Pro Derechos Humanos detecta el rechazo en el 62% de la población y el 72% en la de etnia gitana.
La delegación en Córdoba de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha presentado este martes en rueda de prensa el informe Discriminación hacia la población migrante y las minorías étnicas en el acceso al alquiler residencial en Córdoba, donde se denuncian las situaciones discriminatorias que sufren estos sectores sociales para ejercer su derecho de acceso a una vivienda digna. Este documento es el resultado de un proceso de investigación que ha contado con la financiación de la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, y en el que han participado a través de diferentes herramientas 30 colectivos sociales cordobeses, unas 200 personas de origen migrante, 100 de etnia gitana y mas de 25 agentes de la propiedad inmobiliaria de nuestra ciudad, lo que da cuenta de la representatividad de sus resultados. El estudio se ha centrado en la vivienda en alquiler, ya que el acceso a la propiedad es una quimera prácticamente inalcanzable para estas personas vecinas de Córdoba.
Una de las coordinadoras de este estudio, Giulia Zoratti, -que ha durado ocho meses desde el pasado octubre- ha explicado que el perfil de los encuestados «es muy variado», desde familias numerosas a parejas, para intentar «abarcar toda la diversidad».
La compra. una quimera
El delegado de APDH en Córdoba, Carlos Arce, ha indicado que el estudio se ha centrado en el mercado del alquiler puesto que «la compra es una quimera, muy en concreto para estos dos colectivos, y para una gran parte de la sociedad española». Las principales conclusiones del informe confirman la existencia de graves obstáculos de base discriminatoria en el acceso a la vivienda que afectan a estos colectivos. De esta manera, las entidades sociales entrevistadas destacan entre los principales problemas que inciden en sus personas usuarias migrantes o de etnia gitana en esta materia el ser rechazadas por su nacionalidad (presente en el 33% de las respuestas) o por su aspecto y perfil étnico (también en el 33% de los casos).
De las respuestas de las personas de origen migrante también se obtiene un panorama nada halagüeño: ‘guetización’ (el 40% de ellas residen en el Distrito Sur), precariedad de sus viviendas habituales (viven en viviendas o habitaciones compartidas el 49% y en infraviviendas, casas de acogida o situación de calle el 15%) y las experiencias negativas vividas durante los procesos de búsqueda (rechazo por nacionalidad -33%- y por apariencia física -21%-, y un mal trato por parte de inmobiliarias, propietarios o instituciones -55%-). No es mucho mejor la realidad para los cordobeses de etnia gitana: el “efecto gueto” se dispara (el 86% vive entre los distritos Noreste y Sur) o su práctica exclusión del mercado privado de vivienda (el 45% reside en vivienda social y el 14% en infraviviendas).
Prototipo del perfil para las inmobiliarias
Por último, son definitivos los datos obtenidos del trabajo de campo realizado entre los agentes inmobiliarios: preguntados por el perfil de cliente “más adecuado” para las viviendas que ofertan, el 50% de las respuestas se decantan por los españoles de altos ingresos. Llama la atención que sitúen en el mismo nivel de preferencia a las personas españolas con bajos ingresos (25%) y a las extranjeras de altos ingresos (29%). El 33% señalan a las personas extranjeras de bajos ingresos como los clientes “más problemáticos” y el 46% admite abiertamente aplicar requisitos discriminatorios exigidos por los propietarios de las viviendas (como no aceptar inquilinos extranjeros).
El estudio de APDH acaba con una serie de conclusiones para erradicar estas prácticas, que van desde el incremento de la oferta de vivienda pública, la flexibilización de los requisitos de acceso a la vivienda social de alquiler o la mejora integral de las actuales zonas donde se concentran las viviendas sociales de la capital.
Por último, Arce también ha lanzado un dardo al sector inmobiliario para que desde el ámbito privado se promuevan medidas para erradicar estas prácticas discriminatorias, «ya que hemos detectado que en función del perfil del demandante las inmobiliarias criban su oferta». Es por ello por lo que el delegado de APDH ha instado a los colegios profesionales, patronal de la construcción o entidades privadas del sector inmobiliario que promuevan códigos éticos o guías de buenas prácticas para acabar con una situación «que es totalmente inconstitucional y que además constituye una práctica ilegal ya que va en contra de la Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación».
