ELENA G. SEVILLANO. EL PAÍS.- Jeaneth Beltrán, nicaragüense de 30 años, murió en el hospital público Virgen de la Salud de Toledo el 23 de mayo pasado. Llegó a urgencias a las seis y media de la tarde quejándose de fuertes dolores de cabeza y vómitos, pero no fue atendida por el personal médico hasta cuatro horas después, cuando empezó a convulsionar en la sala de espera. Horas más tarde a la amiga que la había acompañado le daban la noticia: a Jeaneth se le había parado el corazón. Carecía de tarjeta sanitaria porque su situación en España era irregular, pero el servicio de urgencias, cumpliendo la ley, la había admitido. Sin embargo, dos semanas después el hospital le envió una carta de pago.
El centro avisaba a la fallecida de que en un plazo de 20 días debía aportar fotocopia de la tarjeta sanitaria o tarjeta europea. De no hacerlo, «le pasaremos la factura a usted directamente», asegura el documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS. En la carta, el departamento de Facturación a Terceros del hospital especifica que el aviso, con fecha de 12 de junio, tiene relación con «la asistencia que le fue prestada el día 23/05/2014». Una portavoz del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) admitió ayer a última hora que esa carta fue enviada y añadió que se trata de un error y que ayer mismo los responsables del centro se habían puesto en contacto con la familia de la fallecida para pedirles disculpas.
El colectivo Yo Sí Sanidad Universal, uno de los más activos en la desobediencia al real decreto ley de 2012 que retiró a los inmigrantes en situación irregular el derecho a la asistencia sanitaria normalizada, ha organizado una «vigilia reivindicativa» frente al Ministerio de Sanidad el próximo jueves porque considera que Jeaneth es, junto con Alpha Pam y Soledad Torrico, «una nueva víctima» del decreto de «exclusión sanitaria» impulsado por la ministra Ana Mato. Uno de sus portavoces ha explicado a este diario que la mujer nicaragüense llevaba semanas encontrándose mal pero no acudió a urgencias –al médico de familia no podía ir al carecer de tarjeta– por miedo a que le cobraran la asistencia. Padecía una enfermedad renal.
El colectivo subraya que, según el propio real decreto, no se puede facturar la atención sanitaria de urgencias a personas excluidas del nuevo modelo sanitario. «Cada vez que se hace, además de una vileza, se comete un acto ilegal», aseguran. Yo Sí Sanidad Universal ha recogido más casos de intentos de facturar la asistencia sanitaria de urgencias a inmigrantes. Distintos organismos, como la Comisión Europea, o la ONU, han alertado sobre el peligro de restringir el acceso a la asistencia sanitaria normalizada.
Tras el fallecimiento de Jeaneth, el hospital de Toledo difundió una nota de prensa en la que aseguró que estaba investigando cuáles habían sido las causas de la muerte de la mujer. Añadía que ese día el servicio de urgencias no estaba saturado y que ni siquiera tenía pacientes en espera de cama. Unos días más tarde el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Toledo abrió diligencias de investigación para aclarar el fallecimiento. El fiscal relató al diario ABC que actuaba de oficio al conocer por la prensa lo ocurrido en el hospital.
El gerente del Sescam, Luis Carretero, afirmó que el suceso nada tenía que ver con el hecho de que la mujer fuera inmigrante. «Es un caso único en los miles de personas que se atiende cada día y, por supuesto, no tiene nada que ver con la atención a inmigrantes», aseguró a preguntas de los periodistas el 29 de mayo, según recogió Europa Press. Carretero aclaró que los servicios de urgencias de todo el país funcionan con un sistema de clasificación de pacientes. «Esos sistemas no son exactos al 100% y, a veces, una persona que tiene una enfermedad más grave se deriva a un circuito de menos gravedad porque, por desgracia, la medicina no es una ciencia exacta y las personas a veces tienen dolencias que no se manifiestan en el primer momento», señaló.
La familia de la fallecida pudo repatriar el cuerpo a Managua después de recibir numerosas donaciones. El traslado y el sepelio costaron 5.500 euros. Los restos llegaron el 4 de junio y la mujer fue enterrada el 5 de junio, según relata su hermana Bertha en su cuenta de Facebook.
