El Gobierno regional avanza en el desarrollo de la ley que aprobó en 2016
EL PAÍS.- El Gobierno de la Comunidad de Madrid elevó ayer a audiencia e información pública el proyeto del decreto con el que quiere regular el consejo que debe fiscalizar que no se discrimine a lesbianas, gais, bisexuales y transexuales en la región. Este organismo venía recogido en la ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual, aprobada en 2016 y sin aplicación práctica hasta la fecha por falta de presupuesto.
El objetivo, según el texto oficial, es “garantizar el derecho de toda persona en la Comunidad de Madrid a no ser discriminada por razón de su orientación sexual, identidad o expresión de género, así como a su integridad física y psíquica en todas las etapas de su vida y en todos los ámbitos de actuación, público y privado”.
Según la propuesta del gobierno regional, que encabeza Ángel Garrido (PP), el Consejo LGTBI podrá formular propuestas para la mejora en la actuación de los servicios públicos madrileños; luchará contra la discriminación, agresiones y delitos de odio motivados en la orientación sexual, identidad o expresión de género, real o percibida; y velará por el cumplimiento de la normativa autonómica en materia de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, y, en su caso, por el de la normativa que se apruebe a nivel estatal, autonómico o local en la materia.
Además, sus integrantes tendrán la misión de elaborar un informe anual sobre el grado de cumplimiento de la ley y el impacto social de la misma, para su remisión a la Asamblea de Madrid.
La Cámara regional aprobó por unanimidad el texto legal en 2016, siguiendo la estela de Cataluña, Extremadura, Murcia, Baleares y Galicia. Sin embargo, el desarrollo legal de la norma provocó fuertes tensiones internas en el PP, que enfrentaron a Cristina Cifuentes —la entonces presidenta— con el sector más conservador del partido.
Así, dos diputados de la bancada popular se ausentaron voluntariamente de sus escaños durante la votación de la ley contra la LGTBIfobia. Fueron el alcalde de Alcorcón, David Pérez, y el exconsejero, Luis Peral, conocido por sus posiciones provida y recientemente recuperado para la ejecutiva regional por los afines al presidente nacional, Pablo Casado.
La Comunidad de Madrid vivió 287 incidentes contra el colectivo LGTBI, 47 más que los 240 anotados en todo el año precedente, según el observatorio madrileño contra la LGTBifobia.
