CAMILO S. BAQUERO. EL PAÍS.- A. y E. son una pareja de chicas que se quieren casar. Su boda, si nada extraordinario ocurre, será a mediados de noviembre, en el distrito barcelonés de Sarrià. La oficiará un concejal diferente al que, por el turno de rotación propio de la Administración, le correspondería. Óscar Ramírez, concejal del Partido Popular y presidente de dicho distrito, alegó “objeción de conciencia” para no realizar la ceremonia.
La celebración de las bodas civiles es una potestad que el Código Civil le da a los jueces y los alcaldes. La misma norma establece que esta obligación puede ser delagada en los concejales, algo que también está estipulado de la Carta Municipal de Barcelona. Cada Consistorio es autónomo para determinar cómo se reparte el oficio de las uniones.
En 2013 en Barcelona, se celebraron 1.138 bodas en el Ayuntamiento. Este volumen hace que la ciudad haya dividido la celebración en once ruedas de turnos: uno en el Saló de Cent del Consistorio y diez más en las diferentes sedes de distritos.
En el edificio de la plaza de Sant Jaume, las ceremonias se las rotan el alcalde, los cinco tenientes de alcalde y los presidentes de los grupos municipales. En los distritos, en cambio, esta responsabilidad se delega en los presidentes de distrito (todos de diferentes fuerzas de la oposición) o en los regidores de distrito (todos de CiU). En casos excepcionales, cualquier regidor puede casar, previa petición de los novios y el visto bueno del alcalde.
Los mismos concejales se organizan para celebrar las bodas —casi siempre en fin de semana— de una manera muy informal y de acuerdo a sus agendas personales, siempre con cierta antelación. Desde el Ayuntamiento insisten en que no es obligatorio para los regidores casar y que nunca se dejan de efectuar ceremonias. “Se atienden todas las peticiones”, explica una portavoz municipal.
En la programación de matrimonios de uno de los fines de semana de noviembre, a Ramírez le correspondía celebrar la unión de A. y E. El concejal popular se negó y el personal del distrito tuvo que hacer cambios de última hora en las agendas para poder encontrar a otro regidor disponible que hiciera la boda.
El malestar por la decisión de Ramírez fue llevada incluso al último pleno del distrito, donde el grupo de Iniciativa preguntó sobre el tema durante el informe del regidor. El presidente del distrito alegó “objeción de conciencia” para no celebrar la boda, según explicaron varios de los presentes en el pleno.
Ramírez insistió ayer que se trataba de “un tema personal”. Desde el grupo municipal del PP explicaron que desde que se aprobó el matrimonio entre parejas del mismo sexo en 2005 el partido dio libertad a sus regidores para que “cada uno haga lo que crea” e insisten que siempre se buscan fórmulas para que las bodas se celebren con normalidad.
El incidente ha molestado a los grupos de la oposición. Iniciativa, por ejemplo, lo llevará al próximo Consejo Municipal de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (LGTB), donde pedirá que su presidenta Francina Vila —regidora de derechos civiles— que se reúna con Alberto Fernández Díaz, presidente del Grupo Municipal Popular, para que se aclaren los hechos. “No se puede impedir el ejercicio de un derecho civil paradigmático, por el cual el alcalde y los concejales de Barcelona se deben comprometer a autorizar un matrimonio independientemente de la identidad sexual de los contrayentes”, asegura la concejal Janet Sanz (ICV), que también se queja de la falta de asistencia del PP al Consejo LGBT.
