Sevilla y Cádiz se sitúan entre las cuatro provincias españolas con más infracciones que tienen su origen en la condición sexual, ideología, nacionalidad, etnia o situación social de la víctima
CRISTINA DÍAZ. DIARIO DE SEVILLA.- El pasado 22 de marzo, domingo, un hombre rompió en la cabeza de Saray un vaso de cristal, provocándole tres heridas en la región craneal y teniendo que ser atendida en el Hospital Virgen Macarena. Según denunció la víctima, la agresión, que se desarrolló en un bar situado en la Plaza de la Encarnación, se produjo tras reiterados insultos que comenzaron cuando el agresor se percató de que era una mujer transexual. La fiscal especial para Delitos de Odio de Sevilla, María Victoria Fuentes, está recopilando información sobre este caso para aclarar si el motivo de la agresión fue por su condición sexual y social, ya que, según explica Fuentes, la víctima es, además, una indigente.
Así lo explicó este jueves la nueva fiscal en esta materia, en el cargo desde diciembre, con motivo del seminario sobre cómo combatir las infracciones penales y administrativas cometidas contra las personas con motivo de su lugar de procedencia, etnia, religión, ideología, género, discapacidad, orientación e identidad sexual y situación de pobreza o exclusión social. Una actividad organizada por Red Sevilla Norte con la colaboración de la Plataforma de ONG de Acción Social y la Asociación de Estudios Sociales por la Igualdad de la Mujer (Aesim).
Según el último informe del Ministerio del Interior, en 2014 Sevilla registró 80 incidentes relacionados con los delitos de odio, lo que equivale a una media de un caso cada cuatro días. Este dato convierte a Sevilla en la cuarta provincia española con más casos. Cádiz, segunda, supera esta cifra con 132 hechos conocidos, sólo por detrás de Barcelona, que tan sólo registra diez casos más, y por delante de Madrid. La elevada tasa de Cádiz y Sevilla convierte a Andalucía en la región con más delitos e infracciones administrativas de estas características (297).
El 78,7% de los incidentes registrados en Sevilla en 2014 están relacionados con la orientación o la identidad sexual de la víctima. Así, Cádiz, con 115 hechos, y Sevilla, con 63, lideran la lista de las provincias españolas más afectadas por este motivo, según el informe elaborado por el Ministerio del Interior. La fiscal sevillana matiza que «son delitos difíciles de identificar y que en muchos casos chocan con otros derechos como la libertad de expresión».
María Victoria Fuentes aclara, en relación al informe del Gobierno, que éste debe tomarse con cautela ya que se trata del segundo estudio anual, lo que impide realizar un análisis exhaustivo de la evolución. «Se están mejorando los registros, cada año se introducen nuevos datos», apunta. Además, puede que «en Andalucía exista una mayor visibilidad del problema, la población esté más sensibilizada y se denuncie más que en otras zonas». No obstante, a su «juicio personal», considera que en los últimos años se ha producido un incremento de los discursos que fomentan el odio hacia otras personas por «ser diferentes», especialmente «en las redes sociales, impulsados por la sensación de anonimato y permisividad».
Pese a que «el odio es tan antiguo como la humanidad», como señala la propia fiscal, plataformas como el Movimiento Contra la Intolerancia se quejan de que «las instituciones han tardado 20 años en comenzar a dar respuestas a los crímenes de odio», señala Esteban Ibarra, director de esta organización. En 1995, el Código Penal ya contemplaba este delito pero, hasta el pasado mes de diciembre, Interior no presentó un protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. «No fue hasta 2014 cuando se generalizaron las fiscalías especiales en España, el mismo año en el que se creó el Consejo de Víctimas de Delito de Odio», explica Ibarra, quien destaca que hace escasamente dos semanas se presentó el registro de infracciones.
Desde el Movimiento Contra la Intolerancia se reclama una Ley Integral, que contemple, entre otros aspecto, el nombramiento de un delegado del Gobierno, al igual que existe para la Violencia de Género, y un protocolo de protección integral. En este sentido, Esteban Ibarra habla de la existencia de más de 4.000 delitos de odio anuales en España, más del 50% por xenofobia y racismo, pese a que el Ministerio del Interior contabilizó 1.285 el año pasado: «Valoramos que las instituciones se hayan hecho eco de esta demanda social, ahora tienen que hacerlo bien», señala Ibarra.
Organizaciones como Aesim y la Plataforma de ONG de Acción Social consideran esencial la unión y colaboración entre «las ONG, el Gobierno, la policía y la Justicia para la prevención, sensibilización y persecución de estos delitos», apunta Vera Bartolomé, de la Plataforma de ONG de Acción Social. «La base está en apoyar a las víctimas», completa Juan Manuel González, director general de Aesim. «La solución no es denunciar como locos, lo principal es proteger a la víctima».
La fiscal de Sevilla reconoce que tras la muerte inesperada de su antecesora, se ha producido un retroceso. Admite que no dispone de estadísticas más allá del informe de Interior y que arrancan «de cero».
