El País.- La institución afirma que “no es una postura oficial”.
En la página 5 de la edición de junio del boletín Seniors del Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM) se incluye una petición: “Ambulancia Vida necesita médicos voluntarios”. Ese vehículo antiabortista, activo desde 2016, estaciona los fines de semana frente a las clínicas autorizadas para la interrupción voluntaria del embarazo y pide a las mujeres que llegan a esos centros que suban para hacerles una ecografía. Según su propia descripción, “para mostrar a la madre la realidad de su hijo y el latido de su bebé”. En España, abortar es un derecho desde 1985, un ser humano es un bebé solo cuando nace —antes es cigoto (24 horas), embrión (hasta la semana ocho de embarazo) y feto (hasta que nace)— y el latido del feto puede comenzar a escucharse entre la octava y la décima semana de gestación.
Asegura una portavoz del Colegio madrileño que este posicionamiento, antiabortista, “no corresponde” al organismo: “No es una postura oficial del Colegio; si la hubiese, se haría a través de un documento de posicionamiento”. La misma portavoz explica que el contenido de ese boletín es decidido por la Vocalía de Médicos Jubilados, a cargo ahora del doctor José Ramos Sanz, y que “llega a los profesionales jubilados y no a todos los colegiados”. El Colegio de Médicos cambió de presidente el pasado otoño —el cardiólogo Manuel Martínez-Sellés relevó al especialista de Familia Miguel Ángel Sánchez Chillón— y lleva inmersa desde entonces en una serie de cambios, internos y externos, que ya ha provocado algún choque con el colectivo sanitario madrileño.
Ocurrió al aprobarse la Ley de Eutanasia y también a cuenta de una publicación en mayo en la revista del Colegio en la que María Calvo, profesora de Derecho Administrativo, escribía que “la mujer equilibrada es aquella que, sin renunciar a su ineludible huella psico-materna (materializada o no), desarrolla su vertiente erótica femenina, que valora la masculinidad y se deja complementar por ella”, entre otras cuestiones.
No todos los especialistas de la comunidad se sienten representados por algunas cuestiones que creen más ideológicas que profesionales y que están fuera del ámbito de actuación del Colegio. Antonio Mancha, internista jubilado del hospital de La Princesa, ha enviado una carta al doctor Ramos respecto al llamamiento de voluntarios para el vehículo antiaborto: “Respetuosamente, pero al mismo tiempo firmemente, debo decirte que me parece una invitación ideológica totalmente sectaria y hasta cierto punto indecente que se haga desde instancias directivas del Colegio que debe respetar la ideología y sentimientos religiosos de todos los colegiados, independientemente de los que tenga cada miembro de la Junta Directiva”.
Algo que comparten desde la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI). “Entendemos que el Colegio representa a todo el ámbito médico, no solo a una parte, y nos llama la atención una llamada a la acción voluntaria para acosar a las mujeres, para desinformar. Es un posicionamiento muy partidista que no es el de todos los médicos de Madrid”. En España, y en Madrid, agrega Lamas, “el hostigamiento” es continuo: “Cada vez que las mujeres vienen, las acosan en todos los centros sanitarios”.
Una “intensificación” del movimiento antiaborto
En septiembre de 2019, 62 organizaciones feministas, sindicales y civiles se agruparon en la Plataforma Pro-Derechos para denunciar ese hostigamiento y pedir que se creara un nuevo tipo penal para actuar contra “los grupos antiderechos y antielección” que lo llevan a cabo, dijo en aquel momento Lamas, que forma también parte de esa organización. Entonces, calcularon que alrededor de 8.000 mujeres habían sufrido estas “coacciones” desde que entró en vigor la ley de plazos del aborto, en 2010, que permite interrumpir el embarazo hasta la semana 14. Un centenar al año, “siendo conservadores en las cifras”, decía Lamas, y alertaba de “su intensificación”.
Año y medio después, esta profesional que trabaja como psicóloga en una de estas clínicas lo confirma: “Hay más grupos a las puertas de más centros sanitarios, su presencia física ha crecido”. En la comunidad, señala, “es aún peor desde marzo”, cuando comenzaron las “Cañas por España”, un grupo de jóvenes que cada último viernes del mes organiza “los viernes por la vida y se van a las puertas de Isadora, El Bosque y la Clínica Dator”, esta última, el primer centro privado que fue acreditado en España para practicar la interrupción voluntaria del embarazo.
“El problema es que ninguna administración les para los pies”, lamenta la psicóloga. “Se fomenta desde determinados medios de comunicación, se dan subvenciones públicas a entidades como la Fundación Madrina que usan parte de ese dinero para hacer folletos en los que ponen que si abortas te puedes suicidar o tener cáncer”, añade. “Así, es complicado que el acoso cese. Necesitamos de las administraciones públicas para frenarlo, porque está vulnerando el derecho al aborto y porque está incidiendo en el estado de salud emocional de las propias mujeres”.
En la Comunidad de Madrid, una de las cuestiones de fondo es que el aborto no siempre se reconoce como derecho por parte de algunas representantes políticas, a pesar de serlo desde hace 35 años. Un jueves de noviembre de 2019, cuando aún el coronavirus no había llegado y en la Asamblea se debatían temas que nada tenían que ver con la pandemia, Rocío Monasterio, de Vox, e Isabel Díaz Ayuso, la presidenta regional, debatían sobre esta cuestión. Esta fue la postura de la presidenta ahora en funciones: “Para mí, el aborto no es un derecho, ni tampoco un delito, es un fracaso, porque el embarazo no deseado se puede evitar”.
Un cambio legal
Para Lamas lo más urgente es un cambio en la legislación que llevan años solicitando tanto organizaciones como colectivos profesionales. “El máximo sería tener una normativa similar a los países del entorno, como la ley francesa, con un artículo único que tipifica como delito el acoso al derecho al aborto, no solo el físico, sino también otros como la desinformación o este tipo de acciones en redes sociales”, explica.
El mínimo, sigue, “las zonas de seguridad”, un espacio alrededor de los centros a los que estos colectivos antiaborto no tengan acceso: “Entendemos que se tienen que establecer a nivel estatal y depende de las delegaciones de Gobierno, pero también entendemos que las normativas municipales tienen margen más que suficiente para impedir que estos vehículos vayan los sábados a hacer ecografías. Capacidad hay, lo que no hay es voluntad política”.
Mientras, están a la espera de ver cómo evoluciona la proposición de ley que el PSOE registró este 31 de mayo en el Congreso, donde piden una reforma del Código Penal que incluye penas de prisión de entre tres meses y un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días para “el que hostigue o coarte la libertad de una mujer que pretenda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, promoviendo, favoreciendo, o participando en concentraciones en las proximidades de lugares habilitados para interrumpir embarazos, causando un menoscabo en la libertad o intimidad de esta”.
