RED EUROPEA STOP HATE CRIMES.- Hace un año, un oficial de la policía municipal fuera de servicio disparó a tres personas gitanas matándolas e hiriendo de gravedad a otras dos en una matanza en la localidad de Hurbanovo, Eslovaquia. Fue condenado a tan sólo nueve años de prisión, una pena excepcionalmente baja. La pena mínima en el Código Penal eslovaco por este delito es de 25 años. Durante la valoración experta del caso, el asesino manifestó frecuentemente su vocación de “resolver el problema de los gitanos” y de “hacer frente al problema de los Roma en Hurbanovo ‘. A pesar de todo esto, según el caso no hubo motivación racial.
El Centro Europeo de Derechos Romaníes (ERRC) y los abogados de las víctimas creen que esta sentencia no es de justicia. El bufete de abogados del Dr. Stanislav Jakubèík, junto con el ERRC, presentó un recurso de inconstitucionalidad el 24 de mayo 2013 ante el Tribunal Constitucional de Eslovaquia, desafiando la sentencia y afirmando que el procedimiento ante el Tribunal Penal Especial y su fallo no estaban en consonancia con el Código de Procedimiento Penal, la Constitución de Eslovaquia y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Con motivo del primer aniversario de la masacre, el ERRC, los abogados de las víctimas y el Parlamento romaní en Eslovaquia han celebrado un evento en Hurbanovo por el respeto a las víctimas de la masacre. También se celebró una conferencia de prensa en relación al recurso de inconstitucionalidad presentado. El ERRC y el Parlamento romaní de Eslovaquia enviaron cartas abiertas (en inglés y eslovaco) a las autoridades eslovacas e internacionales, señalando las deficiencias de las actuaciones del Tribunal Especial y del juicio, y piden apoyo para lograr justicia para las víctimas. El Parlamento romaní de Eslovaquia ha lanzado una petición al Ministerio de Justicia para reabrir el caso. Los miembros supervivientes de la familia han tenido limitado acceso a los procedimientos judiciales penales y su punto de vista e intereses no fueron adecuadamente considerados por el tribunal en el caso Juhasz.
“Las autoridades estatales tienen la obligación de investigar la motivación racial en todos los delitos, y establecer una condena apropiada”, dijo Dezideriu Gergely, Director Ejecutivo del ERRC. “Esta sentencia socava la confianza de las minorías, en particular la de las personas gitanas, en la capacidad de las autoridades estatales para protegerles de la amenaza de la violencia racista.”
