El Día.- La Fiscalía solicita para el acusado cuatro años de prisión por numerosos mensajes en las redes.
El acusado de un delito de odio contra Israel y el pueblo judío que fue juzgado en la mañana de ayer en la Sección V de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife reconoció que había enviado numerosos mensajes denigrantes hacia dichos ciudadanos, pero argumentó que las mencionadas publicaciones en las redes sociales las efectuó al hacer «uso de la libertad de expresión».
El hombre arrestado fue un expresidente de la Federación Islámica de Canarias, exmiembro de la Liga de Imanes de España, exasesor religioso de la Comunidad Musulmana en Canarias y guía espiritual para los nuevos musulmanes y nuevas generaciones.
Los citados mensajes fueron divulgados durante más de tres años, de forma concreta entre agosto del 2014 y septiembre del 2017. Ayer, explicó ante la representante del Ministerio Público y los magistrados que de sus textos no se desprende odio a los habitantes de Israel o los judíos.
Los contenidos que fueron tenidos en cuenta para que la Fiscalía solicite para él cuatro años de prisión se realizaron «con número de identificación de usuario, sin ningún tipo de restricción de privacidad y siendo, por tanto, de acceso totalmente público por cualquier usuario de la red». Según el escrito de calificación elaborado por la fiscal Enriqueta de Armas, las publicaciones fueron efectuadas con el ánimo de provocar «odio y hostilidad hacia Israel y el pueblo judío con una clara motivación antisemita (…)».
En el mencionado documento se recogen hasta 17 mensajes de las mencionadas características. El 9 de abril del 2018 se acordó por el Juzgado de Instrucción número 2 de Santa Cruz de Tenerife la entrada y registro en el domicilio del investigado, que se llevó a cabo al día siguiente.
Los agentes de la Policía Nacional intervinieron diversos dispositivos electrónicos utilizados por el implicado para la comisión del delito.
Además de los cuatro años de privación de libertad, la fiscal solicita para el acusado multa de nueve meses a seis euros diarios (1.620 euros), inhabilitación para el cargo que ejercía cuando ocurrieron los hechos, así como la retirada de los mencionados mensajes de las redes sociales.
