El Confidencial.- Acusados de la pelea entre radicales del Atleti y el Dépor negocian con la Fiscalía asumir los hechos a cambio de sanciones leves y no abrir la puerta de la Ley contra la Violencia en el Deporte.
Decenas de ultras del Atlético de Madrid y el Deportivo de La Coruña se sentarán desde este jueves en el banquillo por la pelea mantenida en los aledaños del Vicente Calderón en noviembre de 2014. Un juzgado de lo Penal de Madrid les juzgará más de ocho años después de aquel enfrentamiento en el que murió el seguidor gallego Francisco Javier Romero, Jimmy. El homicidio se investigó en otro procedimiento sin hallar a los responsables. Fuentes jurídicas informan de que un nutrido grupo de seguidores radicales buscan un pacto con la Fiscalía que pasa por aceptar los hechos a cambio de ser condenados a multas leves. También pretenden que la sentencia recoja todos los hechos para cerrar la vía administrativa donde se arriesgan a sanciones económicas muy elevadas en virtud de la Ley contra la Violencia en el Deporte.
Son más de 80 personas las encausadas de ambos equipos y residentes en varias comunidades autónomas. Al menos son de Madrid, Galicia y Asturias. La Fiscalía pide en principio para ellos penas de cárcel que van desde los nueve meses hasta los dos años y siete meses. Las penas más bajas son para los acusados de participar en la pelea. Van aumentando para los que son reincidentes, los que emplearon objetos contundentes o los que causaron lesiones a agentes de seguridad. Sin embargo, la oferta de pacto formulada por la Fiscalía es más beneficiosa. Según las fuentes consultadas, el Ministerio Público propone cambiar los nueve meses de prisión por una multa de 1.080 euros a cambio de que admitan los hechos. A los reincidentes, les ofrece 2.160 euros de multa en lugar de un año de prisión.
Esas cantidades están muy por debajo de las que contempla la Ley contra la Violencia en el Deporte. Aprobada en 2007 por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, es la que contempla las multas más altas del ordenamiento español. Supera incluso las sanciones de la polémica Ley de Seguridad Ciudadana, conocida peyorativamente como ley mordaza. Las sanciones más graves de la ley antiviolencia en el deporte ascienden hasta los 650.000 euros. Las fuentes consultadas calculan que, por la riña entre atléticos y deportivistas, podrían aplicarse multas de hasta 70.000 euros. La intención de los acusados es que la sentencia que les condene por esta vía penal detalle los hechos para que no haya posibilidad de volver a juzgarlos por lo mismo en otra jurisdicción. Uno de los principios del derecho es que no se puede juzgar a nadie dos veces por los mismos hechos.
Conversaciones avanzadas
En la acusación de la Fiscalía no se incluye tampoco una de las pretensiones de LaLiga que dirige Javier Tebas, que planteó imponer una prohibición a los acusados para acceder a eventos deportivos. Diversas fuentes conocedoras de las negociaciones aseguran que las conversaciones entre el Ministerio Público y los abogados de los ultras llevan tiempo en marcha y se encuentran en una fase avanzada. Calculan que en torno a una treintena de acusados está por aceptar la oferta. No será definitivo hasta el mismo jueves, día en el que está previsto el inicio del juicio.
Hay previstas sesiones durante varias semanas de duración debido al elevado número de acusados y testigos convocados. Evitar el largo proceso es uno de los objetivos de los interesados. Si hubiese un acuerdo de conformidad con las acusaciones, el juicio terminaría para ellos el primer día. En muchos casos, les resultaría más caro pagar los servicios de un abogado durante todo el juicio que la multa que propone la Fiscalía. Los que no residen en Madrid, además, tendrían que sufragarse el desplazamiento y el alojamiento si quieren estar presentes en las sesiones. La ley no les obliga a los acusados a estar en persona si tienen una petición de pena inferior a los dos años de cárcel. El juez les ha dado opción de no estar presentes, pero sí ha obligado a declarar a los acusados al menos en las primeras sesiones. No obstante, lo podrán hacer por videoconferencia desde una sede judicial del lugar donde residen. No obstante, la pretensión de un amplio número de acusados es que el juicio no se celebre. En este punto, entran en conflicto intereses cruzados y temores por parte de otros procesados. Los hubo que evitaron la imputación en la investigación por el homicidio de Jimmy porque no se pudo acreditar su presencia en la pelea.
El homicidio
Si ahora reconocieran los hechos, y, por tanto, su presencia aquel día en los aledaños del Vicente Calderón, temen que se abra una puerta a revisar el estado de la causa por un delito mucho más grave. Otro temor a la hora de asumir los hechos es la situación de los acusados que ya cuentan con antecedentes y se arriesgan a entrar en prisión aunque esta nueva condena fuera menor a dos años. Algunas fuentes consultadas creen que, si la condena es de multa, quedan exentos de que se les revoque la suspensión de la condena por un delito anterior. Otros consultados no están igual de seguros.
Por otro lado, no se les escapa las fechas señaladas que abarcaría el juicio. La idea es celebrar 17 sesiones de lunes a jueves, excepto los dos festivos del 6 y el 8 de diciembre. Eso significa que el proceso terminará después de la Navidad, un escenario susceptible de condicionar las vacaciones a juez, fiscal y letrados. En privado, algún abogado admite su temor a represalias en caso de que su cliente no quiera conformar y eso obligue a celebrar el juicio al menos para unos pocos.
La investigación por la muerte del ultra gallego se cerró y se abrió varias veces en el juzgado. Hace ahora un año se dictó de nuevo el archivo tras realizar las últimas diligencias ordenadas por la Audiencia Provincial que tiene pendiente la decisión de confirmar o revocar de nuevo el sobreseimiento. Se llegó a detener a cuatro personas que pasaron casi medio año en prisión preventiva. Fue a partir de un vídeo en el que se veía a un grupo de gente agredir a una persona, pero resultaron no ser ellos. La jueza calificó aquello como un “grave error” en su auto de archivo. Tienen derecho a solicitar indemnización del Estado.
