El gobierno trata de facilitar el despido por razón de orientación e identidad sexual mediante sus recomendaciones al Tribunal Supremo, que el 8 de octubre analizará tres casos. Su argumento se sustenta en una interpretación literal de la ley existente y mantiene que «sexo» solo se refiere a lo biológico. El Gobierno de Trump ya ha revertido muchas de las protecciones a la comunidad LGTB en los ámbitos de la salud, la vivienda, la educación, el empleo o el ejército
SAM LEVIN. ELDIARIO.ES.- El gobierno de Trump ha minado los derechos del colectivo LGTB en los ámbitos de la salud, el empleo, la vivienda, la educación, el comercio, el ejército, la política penitenciaria y los deportes. Pero eso era solo el comienzo de la ofensiva y lo peor parece que está por llegar.
La agenda presidencial contra la diversidad afectiva y sexual puede manifestarse con aún mayor solidez ante el Tribunal Supremo si el Departamento de Justicia tiene éxito a la hora de legalizar el despido por pertenencia a la comunidad gay o transgénero. De suceder, supondría un retroceso en los derechos civiles de millones personas. Los líderes del colectivo temen ver erosionado el sistema de protección legal y recursos a su disposición logrados gracias a una lucha de décadas.
Alesdair Ittelson, director legislativo y de acción política de interACT (Defensores de la Juventud Intersexual) sostiene que el actual es un «momento crítico de la historia». «El resultado de este caso va a tener un impacto tremendo en todos nosotros», añade.
La medida más agresiva adoptada por Trump
Durante la administración del presidente Barack Obama, las personas pertenecientes al colectivo LGTB lograron varias victorias significativas, entre las que se encontraba la derogación de la prohibición de la política de «no preguntar, no responder» (que afectaba a las personas homosexuales del ejército), varias cláusulas del sistema de seguridad social, una orden presidencial ejecutiva contra la discriminación y la expansión de los derechos de las personas transexuales.
Desde que Trump asumió la presidencia, su administración ha tratado de revertir la protección de los derechos sanitarios aplicable a las personas trans, ha dado pasos para prohibir la presencia de personas trans en el ejército, ha eliminado las normas que protegían a los estudiantes trans y ha presionado para permitir que el sector privado pueda rechazar clientes trans y homosexuales en virtud de una cláusula de objeción de conciencia religiosa.
El mes pasado, el Departamento de Justicia dio el paso más agresivo hasta el momento en su batalla legal contra las personas homosexuales. Pidió al Tribunal Supremo que retire una antigua ley que terminaría con la protección a los trabajadores ante actos de discriminación sexual. La petición de la Administración está vinculada con tres casos que el Tribunal Supremo estudiará el día 8 de octubre. Dos de ellos sobre hombres gays despedidos de sus trabajos y un tercero relacionado con una mujer despedida por su empleador después de dar a conocer que es trans.
La justicia ha afirmado en repetidas ocasiones que las personas pertenecientes a la comunidad LGTB están protegidas por el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la administración federal ha mostrado su acuerdo. Pero ahora el Departamento de Justicia argumenta que la orientación sexual y la identidad de género no están protegidas por el Título VII porque «sexo» sólo se refiere, y lo hace de manera estricta, a la cuestión de la «masculinidad o feminidad biológica». Esa definición no solo deja fuera de la protección legal a las personas trans, sino que borra a las personas intersexuales, que nacen con una mezcla de aquellos atributos que aportan la consideración de masculino o femenino y que pueden representar hasta el 1,7% de la población.
«Cuando la Administración federal y los abogados del país se manifiestan contra ti y dicen que no tienes derechos, eso afecta a los miembros más vulnerables de nuestra comunidad», señala Robin Maril, directora legal asociada de la Campaña por los Derechos Humanos (HRC).
«Las personas como tú no tienen espacio aquí»
Las personas que se identifican con la comunidad LGTB creen que las leyes que las protegen no son suficientes y no se aplican con diligencia. Eso significa que si perdieran los recursos mínimos de los que disponen, las consecuencias serían devastadoras.
«Hemos avanzado mucho para mostrarle nuestra humanidad al resto de la gente», afirma Aria Sa’id, una activista de San Francisco que ha participado en la creación del primer distrito cultural de la comunidad trans en todo el país. Según la activista, «las políticas y las leyes existen, pero eso no se aplica a las actitudes de la sociedad. Las personas trans viven, literalmente, al albur de las opiniones de los demás».
Sa’id se refirió a los abusos y al peligro que asumen las personas trans en los refugios de personas sin hogar –un problema que podría verse exacerbado de aprobarse una propuesta presentada en mayo de 2019 por funcionarios del Departamento de Vivienda que permitiría que los refugios «de un solo sexo» rechacen a personas trans–.
«Es desalentador y terrorífico», señala Koomah, activista de 32 años residente en Houston que ha estado sin hogar y es intersexo. Koomah añade que «nos obliga a violar la ley tan sólo por el modo en que existen nuestros cuerpos».
Koomah, que utiliza un solo nombre y cuyo género es fluido [en inglés, prefiere el pronombre neutro ‘they’], cuenta que cuando era adolescente en un refugio de transeúntes, lo andrógino de su apariencia llegó a forzar exámenes genitales para determinar si asignarle la zona de chicos o la de chicas. Todo terminó en expulsión y Koomah durmió en la calle.
«Me dijeron ‘no tenemos lugar para alguien como tú», recuerda. «Aún hoy mi situación en cuanto a la vivienda es precaria y como persona adulta sé que si termino en un refugio para personas sin hogar, puede que no se me asigne un espacio».
Khloe Rios, que tiene 30 años y trabaja en una organización sin ánimo de lucro, acabó en los titulares de la prensa este mismo mes cuando fue arrastrada y expulsada de un bar en el centro de Los Ángeles, junto a un grupo de otras mujeres trans. Insiste en la dificultad para encontrar trabajos estables a la que ya se enfrentan las personas trans.
«Tratamos de sobrevivir», mantiene Rios. Y se refiere, en concreto, a que fue despedida, sin esperarlo, de su primer trabajo después de la universidad en una agencia de marketing y cree que fue por ser trans. Añade que le resulta doloroso pensar en el modo en que el presidente Trump alimenta un discurso de odio contra las personas de su colectivo: «No tengo palabras, me siento derrotada. Da miedo».
¿Puede legalizarse la discriminación?
Los expertos en derechos civiles confían en que el Tribunal Supremo no acepte los argumentos del Departamento de Justicia. Se apoyan en los precedentes ya establecidos de casos similares.
Robert Maril, de HRC, señala que fue el juez conservador Antonin Scalia, ya difunto, quien escribió la sentencia clave en torno al Título VII. En la resolución quedó claro que los grupos que quedan fuera de una interpretación literal del concepto de «sexo» están protegidos. Scalia escribió que «las prohibiciones legales van, a menudo, más allá del mal mayor con la intención de cubrir males comparables dentro de lo razonable».
Harper Jean Tobin, directora política del Centro Nacional por la Igualdad Transgénero, apunta que aunque el Supremo ratifique los derechos LGTB, la Administración buscará otra manera de legalizar la discriminación. «Los Estados Unidos de Trump son un país en el que cualquiera que no se parezca a él puede ser desterrado a los márgenes de la sociedad. Pueden despedirte de tu trabajo, expulsarte de tu centro de estudios o incluso de las urgencias de un hospital», explica Tobin.
Los argumentos contra la comunidad LGTB presentados ante los tribunales por el Departamento de Justicia han supuesto un giro tan radical para el Gobierno de EEUU, que otros grupos marginados temen verse señalados y afectados. Así lo cree Lynly Egyes, directora litigante del Centro Jurídico Transgénero: «Si son capaces de pegar este giro, quiénes van a ser los siguientes en ser atacados?»
El daño ya está hecho: ‘Siento la derrota»
El aluvión de titulares da alas a los fanáticos y provoca ansiedad entre los activistas. River Gowan Stone tiene 40 años. Es una persona no binaria y trans y explica que a lo largo de su carrera ha enfrentado discriminación laboral en repetidas ocasiones. Ahora, no le resulta fácil aceptar que todo va a empeorar: «Tengo tanto que contribuir al mundo, pero es terrible estar a expensas de cualquiera con quien me encuentre».
Las malas noticias que Washington no cesa de lanzarle al mundo, combinado con los asesinatos frecuentes de mujeres trans negras, generan un impacto importante en la salud mental del colectivo. Sa’id, la activista de San Francisco, no camufla nada: «Me hunde en una depresión profunda.»
En definitiva, y en palabras de Tanya Armstrong, habitante de Los Ángeles, de 34 años, no binaria e intersexual, ninguna decisión política evitará que las personas vivan como sienten: «Estamos aquí y pese a que traten de escondernos bajo la alfombra, aquí estaremos». A lo que Sa’id añadió, «Sé quien soy. Sé que merezco respirar y que merezco existir».
El Departamento de Justicia no ha respondido a las preguntas de The Guardian.
