La Casa Blanca planea que por ley el sexo de una persona sea solo femenino o masculino
YOLANDA MONGE. EL PAÍS.- Donald Trump quiere invisibilizar a todos los transexuales de Estados Unidos. Borrar del mapa a los 1,4 millones de ciudadanos que han transitado el duro camino que implica nacer con un sexo en el que no se reconocen hasta conseguir la identidad con la que pueden vivir. El empeño de la Casa Blanca implica suprimir los avances y derechos conquistados hasta ahora. La Administración quiere limitar el sexo de las personas al que determinan sus genitales al nacer. Esa condición sería inmutable.
En el memorándum del Departamento de Salud, el gobierno de Trump justifica el giro en la necesidad de las agencias federales de contar con una definición «sobre una base biológica clara, basada en la ciencia y objetiva”. De concretarse la medida se modificaría el conocido como Título IX, la ley federal de derechos civiles que prohíbe la discriminación por sexo en programas de educación y que recibe asistencia económica gubernamental, siempre según la información del Times.
La medida sería la más amplia y significativa dentro de una serie de decisiones tomadas por Trump desde que llegó a la Casa Blanca que han ido en contra de los derechos de las personas transgénero, como, por ejemplo, su intento de impedir que se enrolen en las fuerzas armadas. Según el diario neoyorquino, se estima que cerca de 1,4 millones de estadounidenses han optado por identificarse por un género -debido a una operación o por simple identidad- distinto al de su nacimiento. La ley de Trump erradicaría “el reconocimiento de esas personas dejándoles sin la identidad de la que hasta ahora han disfrutado».
El Departamento de Salud pretende presentar la nueva definición al Departamento de Justicia antes de que acabe este año. Si Justicia convierte en ley la propuesta de Trump, todos los esfuerzos de la Administración Obama para avanzar en los derechos civiles de las personas transgénero quedarían anulados. La anterior Casa Blanca tomó una serie de decisiones que relajaban el concepto legal de género en programas federales, incluyendo la salud y la educación. Así, la administración demócrata abrió la puerta a que el género fuera una decisión individual que no viniera determinada por el sexo con el que se nace. En su momento, esta política abrió un duro y agrio debate que afectó a cuestiones tan prácticas del día a día como el acceso a los baños públicos.
La noticia avanzada por el Times ha provocado una inmediata respuesta de las organizaciones de defensa de los derechos civiles que tienen prevista para este lunes una protesta frente a la Casa Blanca. “Están diciendo que no existimos. Estoy furiosa, pero con la mente clara. Estoy amenazada, pero absolutamente resuelta, siempre lucharemos», escribe Mara Keisling, directora ejecutiva del Centro Nacional de Igualdad Transgénero. Además, calificó la iniciativa como «agresiva y peligrosa». De momento, todas las protestas se están agrupando en Twitter bajo el hastag #wontbeerased (no seré borrado, en su traducción literal del inglés).
UNA TREINTENA DE PAÍSES PERMITEN EL CAMBIO DE NOMBRE Y GÉNERO
De acuerdo con el mapa trans que ha dibujado la Asociación Internacional de Gays, Lesbianas, Bisexuales, Trans e Intersexuales (ILGA, por sus siglas en inglés), una treintena de países permiten el cambio de nombre y género de las personas transexuales.
Las situaciones que recoge este organismo con sede en La Haya (Holanda) son variadas. Hay países que autorizan el cambio sin problemas; otros vinculan la modificación del nombre con varias trabas legales, desde el diagnóstico médico hasta la esterilización previa, pasando por el divorcio.
Por ejemplo, el último Indice de Derechos Trans de Transgender Europe revela que para el reconocimiento legal, 34 países europeos requieren un diagnóstico médico, 14 demandan que la persona sea sometida a esterilización y 21 que se haya divorciado. En la lista de 120 países revisados por esta asociación, España figura como uno de los Estados que más facilidades pone. Chile o Brasil, por el contrario, prohíben todo.
Y aun así, ni siquiera los más avanzados coinciden. Según se desprende de la radiografía que ha efectuado esta agrupación internacional, muchos no regulan el cambio de nombre y sexo en los menores. España, por ejemplo, acaba de anunciar que facilitará el cambio de nombre de los niños y niñas transexuales como paso previo a la regulación del proceso completo.
La ILGA señala muchos casos en los que las leyes son permisivas, pero añaden condicionantes que consideran excesivos y que no son acordes a la despatologización que propugnan los afectados. Es decir, el fin de la consideración de la transexualidad como un trastorno; algo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) promovió este verano en la actualización del manual de enfermedades que entrará en vigor en 2021 y que sustituirá al actual, vigente desde 1990.
Uno de esos condicionantes a los que hace referencia la asociación es la exigencia de pruebas de que la persona que quiere iniciar el cambio de sexo y nombre en el registro está viva. También rechazan normativas que obligan a los interesados a recibir diagnósticos de enfermedad psiquiátrica. Este requisito es algo que incluso las legislaciones más avanzadas, como la española, exigen. Dentro de la UE, otras 19 naciones exigen un diagnóstico psiquiátrico.
La asociación de defensa del colectivo LGTBI recuerda que estas situaciones atentan contra las líneas generales de actuación internacional en la materia que atañen a los transexuales, como las de la OMS. Estas apuntan a que quienes deciden cambiar de nombre y sexo deben ser considerados por “no sentir su identidad sexual biológica”.
La OMS considera la transexualidad una “incongruencia de género”. Es decir, una cuestión física: la falta de adecuación del cuerpo al género de la persona.
