De los 2.000 simpapeles identificados en EE.UU. sólo se ha podido detener a 35
FRANCESC PEIRÓN. LA VANGUARDIA.- La Casa Blanca no cesa en su empeño de deportar a los simpapeles. Ahora impulsa una vía rápida que supondrá la expulsión inmediata, sin derecho a audiencia judicial, de los que entraron de forma clandestina y no prueben que llevan dos años en el país.
No hay desánimo de la Administración en la búsqueda de métodos para sembrar el miedo y, sobre todo, desalentar a los que quieren entrar. No hay desasosiego a pesar de las decepciones.
Los 35 de Donald Trump. Esta es la cifra de indocumentados detenidos que se ha alcanzado en la mega redada tan publicitada por el presidente de EE.UU.
El objetivo establecido eran más de 2.000, en una decena de ciudades, que ya habían recibido la orden final de deportación. Si bien la noticia sembró el pánico de manera generalizada entre los perseguidos, que Trump anunciara a bombo y platillo esa operación –por dos veces–, les dio tiempo a esconderse y recibir el asesoramiento de abogados y activistas para evitar ser “cazados”.
Aunque el presidente calificó la semana pasada de gran éxito el resultado del dispositivo, el gobierno notificó ayer a The New York Times que sólo capturaron 35. “No sé si hay gente que les dice cómo evitar el arresto a resultas de su actividad ilegal, pero ciertamente es difícil para nosotros desarrollar este tipo de asuntos”, declaró al Times el director interino de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Matthew Albence.
Los grupos de apoyo a los inmigrantes reaccionaron rápido en su oposición a esa nueva regulación para expulsar por la vía rápida a los indocumentados, que los cargos ejecutivos describen como “respuesta necesaria”.
La American Civil Liberties Union (ACLU) emitió un comunicado en el que informaron que iban a presentar una demanda judicial de inmediato. “Bajo este plan ilegal, los inmigrantes que llevan viviendo aquí de hace años podría ser deportados con menos garantías procesales que los que reciben una multa de tráfico” declaró Omar Jadwat, uno de los directivos de ACLU al The Washington Post.
Esta medida supone una revisión de una política previa que se aplicaba sólo a los indocumentados apresados a 160 kilómetros de la frontera estadounidense y que habían estado en el país sólo dos semanas. Esta actualización significa que la normativa será vigente en cualquier estado y por un periodo de dos años.
Cualquiera que sea detenido en estados del interior deberá demostrar que lleva esos 24 meses, cuestión que, al vivir en la sombra, no resulta fácil y menos todavía ante los requisitos oficiales. Trump ha prometido expulsar a millones y este es otro de sus mecanismos, además de las redadas.
De los supuestos once millones de personas que residen en Estados Unidos sin autorización, esta vía expeditiva afectaría a unos 300.000, según el Migration Policy Institute, organización sin afiliación política.
