Analizamos las cifras de criminalidad para arrojar luz sobre el debate de si los extranjeros cometen más delitos que los españoles y por qué se cubren así estas informaciones
MARÍA ZUIL. EL CONFIDENCIAL.- Cada vez que se produce un nuevo caso de agresión sexual o delito mediático perpetrado por una persona extranjera vuelve a surgir el debate sobre si los inmigrantes cometen más violaciones, robos, agresiones o asesinatos que los nacidos en España. Hace unos días volvió a pasar con ‘la manada’ de Bilbao, de la que en un principio no trascendieron datos de su nacionalidad, aunque ahora sabemos que se trata de jóvenes magrebíes. Otras veces se ha señalado como extranjeros a agresores que después han resultado ser españoles, como se hizo con el caso de una violación en grupo en Cullera.
Con cada noticia, vuelven los debates sobre la procedencia de los delincuentes, como cuando se afirma que el 70% de agresiones en grupo o que la mayoría de asesinatos machistas los comenten personas venidas de fuera de nuestras fronteras. Según una encuesta del International Social Survey Programme, el 50,3% de los españoles considera que “los inmigrantes hacen que aumente el índice de criminalidad”. Pero ¿está fundamentada esa percepción?
¿Cometen más delitos los extranjeros?
No en cifras absolutas. Según los datos de “condenados” del Instituto Nacional de Estadística, en ninguno de los cerca de 60 delitos que se recogen los extranjeros superan a los criminales españoles. En 2017, último año del que se tienen datos, el 77% del total de delitos lo cometieron españoles, seguido de un 7,7% perpetrado por otros miembros de la Unión Europea, un 6,6% de originarios de América y una cifra similar de africanos. En cifras absolutas, esto supone 25.000 delitos de inmigrantes frente a los 303.000 que cometieron los españoles.
Ni siquiera en robos y hurtos la cifra se inclina demasiado hacia un lado: el 73% de amigos de lo ajeno son españoles, frente al 10% de otros miembros de la UE y el 8% de africanos. Los condenados por tráfico de drogas (contra la salud pública) también son mayoritariamente españoles: un 67,5% frente a los 12,7% de africanos o el 9,4% de americanos.
¿Y respecto al porcentaje de población que representan?
En 2017 había en España 46,5 millones de personas, de las cuales el 90% eran españolas. O lo que es lo mismo: el 10% eran extranjeras. Esto quiere decir que, si sumamos todas las nacionalidades, los extranjeros sí cometen más delitos cuando se compara con la población que representan (recordemos que cometían en torno al 23% de los delitos).
Para Esteban Ibarra, presidente del Movimiento Contra la Intolerancia, esto tiene una explicación demográfica: “La población extranjera que viene a España suele estar en el rango de edad en el que se cometen más delitos, pero se compara con el global de españoles, que incluye personas mayores y niños, que normalmente no cometen esos delitos: no se está comparando homogéneamente”.
Según explicaba la criminóloga y profesora de Derecho Penal de la Universidad de Málaga Elisa García España en un estudio de 2014, este resultado puede deberse también a las condiciones que encuentran cuando llegan aquí: “El elemento común en la población extranjera detectada como delincuente es la situación administrativa de ilegalidad y que, en el caso de los inmigrantes, una gran mayoría se encuentra en situaciones o contextos de marginación derivadas de aquella. […] El grupo de extranjeros que con mayor frecuencia padece una situación de irregularidad administrativa motivada por la Ley de Extranjería es el de los magrebíes y algunas nacionalidades latinoamericanas, que curiosamente son los que más registros oficiales por delitos acumulan”.
El motivo es la marginalidad, no la nacionalidad, como recoge también este estudio de la Universidad Carlos III, que afirma que los rumanos que llegaron a España provocaron al principio tasas más altas de criminalidad, pero que se ha ido reduciendo con su integración hasta quedar por detrás de los españoles en el grupo de edad de 25 años. Además, a pesar del importante flujo migratorio que vivió España con el ‘boom’ del ladrillo, las cifras generales de criminalidad no aumentaron en ese tiempo. Mientras que entre 2005 y 2011 la tasa de inmigrantes pasó del 8,5 al 12,2%, cuando llegó a su máximo apogeo, en el mismo periodo la criminalidad bajó de 50,6 delitos por cada 1.000 habitantes a 48,4. De hecho, España es el tercer país con menos delincuencia, según Eurostat.
¿Y los delitos sexuales?
En el total de delitos contra la libertad e indemnidad sexual, los españoles representan el 75% de los condenados. Sin embargo, esta ratio varía mucho según el tipo de agresión si se observa pormenorizamante por categorías. En 2017 hubo 12 españoles condenados por violación y 15 extranjeros, en su mayoría procedentes de África (11). Es el único delito sexual que perpetran más los extranjeros, como se puede ver mejor en este gráfico:
Lo mismo ocurre con la violencia machista. Aunque algunos portales y partidos de ultraderecha estén difundiendo en las últimas semanas que el 86% de los detenidos por violencia de género son extranjeros, este porcentaje no se corresponde con ninguna cifra oficial —ni de enjuiciados ni de sentenciados— ni ningún estudio académico. Lo que sí se sabe es que los juzgados de Violencia sobre la Mujer condenaron en el primer trimestre de este año a 3.092 hombres de nacionalidad española y a 1.246 extranjeros, mientras que los juzgados de lo Penal dictaban condena contra 3.287 varones nacionales y 1.328 de otros países, según EFE.
En cuanto a asesinatos machistas, en lo que llevamos de año el 60,5% de los hombres que han matado a una mujer han sido españoles, frente al 39,5% de extranjeros, cifra que sí ha crecido respecto al 31,5% de 2013. “Llama mucho la atención que justamente en este tipo de delitos tengamos índices todavía tan elevados, algo está fallando”, reflexiona Ibarra. “Por un lado, creo que en España hemos evolucionado en educación sobre este tema, pero no ha sido así en otros países de donde vienen algunos inmigrantes. Sigue habiendo muchas culturas, incluida la occidental, donde se cosifica a la mujer, y esto es potencialmente peligroso para estos delitos. Es una cuestión de concienciación, igual que nosotros vivimos una dictadura en la que la agresión a la mujer estaba más normalizada”.
¿Qué pasa con las manadas?
El Instituto Nacional de Estadística no recoge datos de agresiones sexuales en grupo. No hay ningún dato oficial, a pesar de que con cada noticia de una nueva violación grupal resucite la cifra de que el 70% las cometen extranjeros, como se ha hecho en las últimas semanas. Sin embargo, como señalan desde Maldito Bulo, se trata de un dato inexacto que toma como fuente una noticia que cruzaba dos informes: una recopilación realizada por la plataforma Feminicidio con los 350 casos de agresores en grupo desde 2016 (que no recoge nacionalidad), y otro de 2010 que toma una muestra de 95 hombres que cometieron este delito, de los cuales 29 (un 31%) eran españoles.
¿Por qué los periódicos ocultan la nacionalidad en los titulares?
A raíz de las noticias sobre las manadas, muchos se han cuestionado por qué algunos medios no han destacado en titulares el origen de los agresores. Es un viejo debate que existe desde hace años en los medios de comunicación de muchos países occidentales. Una explicación puede encontrarse en el código deontológico de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), que considera que el periodista “debe mantener una especial sensibilidad en los casos de informaciones u opiniones de contenido eventualmente discriminatorio o susceptibles de incitar a la violencia o a prácticas humanas degradantes”, por lo que recomienda abstenerse de “aludir, de modo despectivo o con prejuicios a la raza, color, religión, origen social o sexo de una persona” y no publicarlos salvo que guarden relación directa con la información.
El debate radica en hasta qué punto la nacionalidad es o no relevante en este tipo de noticias, y dónde queda entonces el deber de informar. El Consejo Audiovisual de Cataluña, en su manual de tratamiento informativo de la información de inmigración, lo explica así: «Las autoridades, los medios y los profesionales tienen el deber de no ocultar la verdad y de servir al derecho a la información, pero también comparten la responsabilidad social de promover la convivencia, en un contexto de libertad, pluralidad y civismo».
Es decir, prevalece la responsabilidad de no generar falsos prejuicios elevándolo al titular, pero normalmente sí es información que se incluye en el cuerpo de la noticia. “Dentro del conjunto de datos de la información, igual que se dice que son un grupo de cinco o siete, o son jóvenes o mayores adolescentes, no pasa nada si se refleja el origen o nacionalidad, pero en los titulares creo que no hay que ponerlo porque no es relevante si lo ha hecho alguien de Burgos o de Burkina Faso. La noticia no es esa”, reflexiona Ibarra.
¿Cuándo se empezó a hacer en España?
Según Ibarra, que lleva 30 años al frente de la organización Movimiento Contra La Intolerancia, se trata de un consenso no escrito entre organizaciones y medios de comunicación para evitar delitos de odio. “Todo empezó con el crimen racista a Lucrecia Pérez en 1992. Antes de su asesinato se produjo una campaña mediática sobre la zona donde luego fue asesinada en Aravaca. Se hablaba de invasión de dominicanos, de delincuencia… No había ningún cuidado por parte de los medios de comunicación y la estigmatización era salvaje hasta en los medios más serios. A los días, fueron unos chavales neonazis a esa zona y se liaron a tiros ‘para limpiar de negros España’. Eso es lo que llamamos la creación de clima”.
A partir de ese momento, organizaciones como las de Ibarra fueron concienciando a los medios sobre el tratamiento de la información en estos temas: “Si lo llevas al titular, generas un prejuicio xenófobo basado en la generalización. Creas la conciencia en la ciudadanía de que el inmigrante es un peligro potencial, cuando según los datos no es cierto. Estás alimentando el prejuicio, que es la base para encontrar un chivo expiatorio y para que gente como Le Pen y Salvini estén haciendo políticas abiertamente xenófobas. Se legitiman ciertas actitudes y, como dijo Einstein, es más difícil desintegrar un prejuicio que un átomo”.
