La jueza ordena prisión provisional para los acusados de desórdenes públicos y lesiones agravadas por el uso de instrumento peligroso
LA NUEVA ESPAÑA.- Tres de los cinco detenidos por el ataque neonazi a un bar de la calle Óscar Olavarría, en el barrio de Cimavilla, y que tienen relación con el grupo Ultra Boys, ingresaron ayer en prisión por orden de la jueza instructora del caso, Ana López Pandiella, tras su declaración en el Juzgado de instrucción n.º 4 de Gijón.
La magistrada dictó una orden de prisión provisional, comunicada y sin fianza por un delito de lesiones agravadas por uso de instrumento peligroso para Illán M. A., a quien señalan como autor del golpe que recibió en la cabeza uno de los clientes del bar, a quien se le tuvieron que aplicar varios puntos. Igualmente, se le atribuye un delito de desórdenes públicos. El joven tendrá que sentarse igualmente en el banquillo de los acusados el próximo día 29, en un juicio en el que enfrentará a una pena de dos años de prisión junto a Imad A. -también en prisión provisional por el «caso Germán»- por patear a un Policía Nacional fuera de servicio.
La jueza dictó la misma orden de prisión provisional, comunicada y sin fianza, para otros dos detenidos: L. M. G. G. y A. F. G. Este último aceptó el pasado jueves una pena de seis meses de cárcel por un delito de desobediencia en la previa del encuentro frente al Deportivo de La Coruña hace un año en El Molinón, a cambio de no volver a delinquir y no relacionarse con Ultra Boys. Ambos, junto con Illán M. A., ingresaron en el Centro Penitenciario de Asturias. Quedan en libertad los otros dos detenidos, D. B. Q. y J. M. G., a quienes también se les imputa un delito de desórdenes públicos. Estos dos jóvenes tienen la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes en sede judicial, y la prohibición de acercarse a menos de 500 metros al bar del asalto y sus inmediaciones.
Para la entrada en prisión de tres de los detenidos, -Illán M. A., A. F. G. y L. M. G. G.- pesaron sobre manera sus antecedentes penales. Los dos jóvenes que quedaron en libertad carecían de ellos, según explicó su letrado, Guillermo Calvo, quien aseguró que sus defendidos «mantuvieron siempre lo mismo desde comisaría al juzgado y dieron todas las explicaciones que tuvieron que dar», explicitando que «uno de ellos fue agredido previamente, la semana anterior. El sábado vieron a uno de los agresores en las inmediaciones del lugar y fueron hasta allí, siempre caminando tranquilamente, sin portar ningún objeto contundente, barras ni martillos, de los que se habla en el atestado».
Respecto a la orden judicial, sentenció que «hay que acatarla pero en caso de que entendamos que hay motivos para recurrirla, lo haremos, una vez estudiado el asunto en profundidad». Sin embargo, el letrado entiende que «si se demuestra que la situación no es tan grave como se recoge en el atestado, la decisión puede ser distinta». Ahora, los hechos serán derivados al Juzgado de instrucción n.º 2, que por la fecha en la que se produjeron los hechos, es a quien le corresponde seguir la instrucción. No se descartan nuevas detenciones.
Los acusados podrían enfrentarse a penas de uno a seis años de prisión por un delito de desórdenes públicos. En el caso de Illán M. A., a esa pena podría sumarse otra de entre tres meses y tres años por un delito de lesiones o de dos a cinco años por un delito de lesiones agravadas por utilización de instrumento peligroso, en el caso de que se pruebe el uso de barras metálicas o martillos.
