TXEMA SANTANA. EL PAÍS.- Un grupo de 21 inmigrantes pasó este miércoles casi cinco horas abandonado al sol en una playa de Maspalomas (Gran Canaria) esperando a que las autoridades decidieran si activaban o no el protocolo para casos de ébola. Con temperaturas que rozaban los 30 grados al mediodía y ante la mirada atónita de cientos de bañistas que aprovechaban el buen tiempo en pleno inicio de la temporada alta otoñal.
La patera había llegado poco antes de las nueve de la mañana al corazón turístico de la isla. Los sin papeles ganaron la arena por su propio pie. Y cayeron rendidos. Los primeros en llegar para atenderlos fueron los voluntarios de Cruz Roja, alertados por el personal de limpieza de las playas. Al tomarles la temperatura detectaron que seis de ellos tenían la fiebre muy alta. Ahí cundió la alerta… Y el caos por la descoordinación de las instituciones.
El personal de la ONG decidió aplicar su protocolo para casos de ébola y pidió la intervención de la Consejería de Sanidad. Sus médicos tardaron en llegar cuatro horas. Durante la eterna espera, los voluntarios depositaron sobre el suelo mascarillas, bocadillos y botellas de agua para que el grupo pudiera alimentarse. Agentes de la Policía Local Canaria trazaron un cordón imaginario, separados unos veinte metros de los inmigrantes para que nadie se acercase y pertrechados con mascarillas y guantes pero en manga corta.
Cuando por fin llegaron, los médicos se cercioraron de que ninguno de los subsaharianos había estado en las últimas tres semanas en Liberia, Sierra Leona o Guinea Conakry, los países afectados por el virus del ébola, y descartaron cualquier posibilidad de infección. Ese mero trámite sirvió para finiquitar la crisis, sin que el Gobierno canario activase protocolo alguno. Y comenzó el traslado. Los cuatro que presentaban un estado de salud más delicado fueron transportados en camilla por un jeep de la Cruz Roja. Al resto se les subió al remolque de un camión de la empresa Urbaser, de los que se utilizan habitualmente para transportar los residuos de las playas, pese a la oposición del coordinador de Cruz Roja, José Antonio Rodríguez, quien alertó varias veces de que ese no es modo de tratar a seres humanos.
El alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, también presente en el arenal, aseguró después que no había ninguna otra manera de subir al grupo duna arriba porque el Ayuntamiento no dispone de todoterrenos para trasladar a 20 personas a un tiempo. “Había que sacar a aquellos señores de la playa, llevaban más de cinco horas allí tirados, no hay derecho”, se justificó.
Los inmigrantes acabaron en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, para ser identificador antes de iniciar el procedimiento de expulsión. En la orilla de la playa se arremolinaron durante toda la mañana efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, la Policía Local Canaria, Guardia Civil, Servicio de Urgencias Canario (SUC), además de los citados voluntarios de Cruz Roja.
Solucionado el conflicto, las distintas instituciones empezaron a pasarse la pelota. La Consejería de Sanidad, en manos Brígida Mendoza (Coalición Canaria), alegó que la competencia era de Sanidad Exterior, dependiente del ministerio, que a su vez, apuntó que solo opera en este tipo de situaciones si la patera llega a un puerto.
El caso recuerda lo ocurrido el pasado 1 de octubre en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche en Madrid. Tras recibir una denuncia de varias ONG, el juez de instrucción número 6 de Madrid, Ramiro García de Dios Ferreiro, acusó a la dirección del CIE de tratar a los inmigrantes “como mercancías”. En aquella ocasión los sin papeles estuvieron 19 horas aislados y sin recibir ningún tipo de alimento aislados también por la sospecha de alguno estuviese contagiado por ébola. El auto judicial pidió respetar en estos protocolos los derechos humanos.
