El Pueblo de Ceuta.- Los trabajadores transfronterizos se han vuelto a concentrar este lunes frente a la Delegación del Gobierno para denunciar que ven sus derechos vulnerados y reclamar que regularicen su situación.
Los trabajadores transfronterizos siguen sin ser escuchados, por eso se han concentrado este lunes frente a la Delegación del Gobierno como llevan haciendo más de un mes para reivindicar unos “derechos mínimos “. Denuncian que llevan un año y medio, desde el cierre fronterizo a causa de la pandemia del coronavirus, sin poder volver a sus hogares ni ver a sus familiares y “atrapados” en una Ceuta española donde ven sus posibilidades cada vez más mermadas.“No pedimos la nacionalidad, solo unos derechos mínimos”, declaraba Rachida Jraifi como portavoz de los trabajadores. Y es que aunque cotizan en este país, no tienen los derechos de cualquier trabajador. Muchos se ven sin poder alquilar legalmente viviendas en Ceuta por lo que no tienen donde vivir, otros se quedan sin trabajo y no pueden buscar otro empleo por la falta de papeles ni volver a su país, es un “limbo” y una “incertidumbre” con la que tienen que lidiar día a día. “Estamos fatal, no te puedes imaginar. Hay gente que está en depresión, tomando pastillas para dormir, esto es muy duro”, confesaba.
La mayoría son mujeres que trabajan en hogares ceutíes, acompañando en muchas ocasiones a personas mayores. “No tenemos los mínimos derechos, un ejemplo es el de una compañera que falleció la señora para la que trabajaba, ahora no pueden hacerle otro contrato ni darle de alta. No puede trabajar y está parada, no puede salir a Marruecos porque no hay salida. ¿Qué va a ser de ella? ¿Y qué va a ser de mucha gente que no puede cambiar su trabajo?”.
Por ello, más de treinta trabajadores transfronterizos entre los que hay carpinteros, fontaneros o limpiadoras, se concentraban a las nueve y media de la mañana en la Plaza de los Reyes, portando carteles que rezaban frases como “posibilidad de ver a nuestros seres queridos” o diferentes artículos de la Carta de Derechos Humanos como “toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y regresar a su país”, o “todo ser humano tiene derecho, en todas partes, a la personalidad jurídica”.
Han solicitado reuniones con la Delegación del Gobierno, el Ministerio de Interior, al Defensor del Pueblo, y hasta le han enviado un escrito vía electrónica al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero no reciben ninguna respuesta. Tampoco por parte del Gobierno de Ceuta, que son los que estos trabajadores pensaban “que mejor nos iban a entender, porque tienen transfronterizos trabajando para ellos”.
La delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, declaraba la semana pasada sobre la situación de estos trabajadores que tuvieron la oportunidad de volver a Marruecos durante las repatriaciones desarrolladas el año pasado y no lo hicieron. “Todo nuestro respeto a la delegada, pero yo personalmente ni me enteré de las salidas y además, si nosotros salimos, ¿quién nos asegura que podremos volver a nuestro puesto de trabajo?”, contestaba Jraifi. Hay actualmente mucha gente desesperada en Marruecos sin poder volver a Ceuta para trabajar y pasando hambre, no querían verse en esa situación, eligieron quedarse y seguir trabajando, pero eso no quiere decir que no tengan que ver sus derechos vulnerados.
“No queremos salir y quedarnos allí, queremos salir y poder volver, no perder nuestro puesto de trabajo. Estamos cotizando en España y estamos en Ceuta donde las leyes son españolas, por eso reclamamos al Gobierno español nuestros derechos”, señalaba Rachida, que además ella misma está apuntada en la lista de la Delegación del Gobierno para volver pero no la llaman.
“No estamos pidiendo la nacionalidad, solo queremos los derechos mínimos de cualquier persona. No podemos hacer nada porque estamos ilegal, no tenemos derecho a alquilar casa. En mi caso no puedo enviar dinero a mi madre porque tengo el pasaporte caducado, tampoco puedo abrir una cuenta bancaria”, explicaba como otro ejemplo de las limitaciones que encuentran estas personas en el desarrollo de su vida en la ciudad autónoma.
La situación de estas personas es insostenible y no aguantan más. “Nosotros no vamos a parar hasta conseguir que nos escuchen y hablen con nosotros”, sentenciaba Jraifi.
