Las Fuerzas de Seguridad tendrán que rellenar un formulario donde valorarán 15 posibles indicios de homofobia, xenofobia u odio al diferente en la comisión de los delitos
PEDRO SIMÓN. EL MUNDO.- El 13 de noviembre de 1992, cuatro enmascarados vestidos de negro irrumpieron en las ruinas de la discoteca Four Roses y dispararon contra unos dominicanos que cenaban sopa a la luz de una vela como en un cuento de Dickens.
Lucrecia Pérez -un mes y tres días en España- moría con la cuchara en la mano después de que una bala del nueve largo Parabellum le atravesara el corazón. Otro compatriota resultó herido. La semana antes, Aravaca había amanecido con pintadas furtivas: «Defenderse contra la invasión». Luis Merino, el guardia civil que apretó el gatillo, alardeó en el coche mientras huía: «Les he dado tres plomos, que se los repartan como puedan. Ha sido como tirar a dos chuletas de cordero».
Ayer -22 años después del primer crimen racista en nuestro país-, el Ministerio del Interior dotó por fin a las Fuerzas de Seguridad de la herramienta clave para que sus miembros identifiquen este tipo de delitos y los culpables no queden impunes.
Se llama Primer Protocolo de Actuación Policial ante los Delitos de Odio, llega con más de dos décadas de retraso y recoge una serie de pautas definidas para que los agentes reconozcan y registren todas aquellas infracciones penales cometidas por un motivo racial, homófobo, xenófobo, o, en definitiva, de rechazo al diferente.
Si bien es cierto que el artículo 22.4 del Código Penal recoge como agravante este tipo de ilícitos, la cuestión es que, en la práctica, no se suele sustanciar, dado que los atestados no acaban reflejando estos detalles.
A partir de ahora, cuando los miembros del orden vayan a realizar los atestados, manejarán un formulario (con 15 indicadores de polarización) en el que marcarán la estética del detenido, los símbolos que porte, los insultos que profiera, si tiene relación con grupos ultra, si el delito se cometió en fechas determinadas (el día del Orgullo Gay, por ejemplo), la pertenencia de la víctima a un grupo minoritario o, entre otras cuestiones, la aparente gratuidad del delito cometido.
Las organizaciones sociales celebraron ayer el protocolo, el colofón a un año donde se han dado pasos importantes en la materia.
Si en febrero se pusieron en marcha 52 fiscalías especializadas en delitos de odio en toda España (a razón de una por provincia), hace unos meses arrancó el Consejo de Víctimas de delitos de odio y discriminación. Sucede en España, donde en 2013 se contabilizaron 1.172 infracciones penales con el telón de fondo del rechazo al diferente.
«Estamos ante algo histórico, es una vieja reivindicación», señala Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia y secretario del Consejo de Víctimas. «En nuestro país sólo se denuncia el 10% de estos delitos. Generalmente por miedo a las represalias, por desconfianza, por desconocimiento de la ley… Valoramos muy positivamente este paso, pero no cejaremos en el empeño hasta que, tal y como sucedió con la violencia de género, haya en España una ley integral contra los delitos de odio y de protección a las víctimas».
Boti García, presidenta de la Federación Estatal de Gays, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales, aplaudió la medida y destacó la «importancia de dar visibilidad» a estos ilícitos penales.
El fútbol se estremece de nuevo con el fenómeno ultra. En Europa hay un repunte de xenofobia. A Kenia, que tenía seis años cuando mataron a su madre mientras cenaba sopa a la luz de una vela, le preguntaron en el diario El País por aquello que pasó en 2012. La respuesta fue un vaticinio que ya está tardando en cumplirse: «La muerte de mi madre sirvió para que haya menos racismo en España»
