ROCÍO OTOYA. EFE / ELDIARIO.ES.- El australiano Brenton Tarrant se declaró hoy no culpable de los 92 cargos que se le imputan, incluido uno de terrorismo, por el atentado supremacista del pasado marzo en Nueva Zelanda que causó 51 muertos.
Tarrant compareció por vídeoconferencia ante el Tribunal Superior de Christchurch, ciudad escenario de los ataques contra las mezquitas de Al Noor y Linwood, desde una prisión de Auckland, vestido con una sudadera gris y con rostro inexpresivo.
El acusado, de 28 años, pareció sonreír cuando su abogado dijo que se declaraba no culpable de todos los cargos que se le imputan: uno por terrorismo, 51 por asesinato y 40 por tentativa de asesinato, según Radio New Zealand.
La fiscalía aprovechó la tercera comparecencia de Tarrant ante el juez desde su detención para incorporar a la causa el cargo de terrorismo y otro de asesinato que la policía presentó el mes pasado tras la muerte de uno de los heridos en el atentado del 15 de marzo.
En la sala del tribunal estaban unos 80 supervivientes y familiares de los fallecidos, que al escuchar que el acusado se declaraba no culpable acallaron un grito, así como una veintena de periodistas que deben respetar una serie de restricciones a la difusión de las imágenes y cumplir con un protocolo previamente acordado.
Uno de los que acudió al tribunal, que estaba fuertemente resguardado en su interior y los exteriores por la Policía, fue Abdul Aziz, quien el día del atentado se enfrentó al asaltante en la mezquita de Linwood y le persiguió cuando este intentó huir.
«Quiero ver su estúpida cara», declaró a la prensa local Abdul Aziz, quien a la salida de la vista se encaró a un hombre que hizo sonar música nazi y profirió insultos racistas contra familiares y supervivientes antes de ser detenido por alteración del orden público, según informó a Efe la policía.
Durante la vista, el juez Cameron Mander determinó, tras recibir los informes sobre la salud mental de Tarrant, que el acusado es apto para someterse al proceso judicial.
«No se han apuntado problemas con respecto a la idoneidad del acusado para declararse (culpable o no culpable), dar instrucciones a su abogado y someterse a juicio. Por lo tanto, no se requiere una vista de aptitud física», precisó Mander.
El juez también fijó el inicio del juicio para el próximo 4 de mayo de 2020 y, si bien la Fiscalía cree que puede durar seis semanas, la defensa de Tarrant, cuya fotografía por primera vez se publicó sin ser pixelada, calcula que puede prolongarse varios meses.
Omar Abdel-Ghany, que perdió a su padre en Al Noor, manifestó a los medios locales que, si bien confiaba en «no tener que esperar otro año para ver terminar con esto», entiende que hay un proceso judicial «que necesita realizarse y tenemos que ser pacientes».
Por su lado, Mustafa Boztas, quien resultó herido en Al Noor, donde se produjo el mayor número de víctimas, confió en que «la justicia se aplicará y nosotros superaremos esto para transformar la rabia en amor».
«Nunca ganará si nos unimos y salimos adelante juntos. El traer más paz al mundo con amabilidad y respeto entre nosotros es la única manera», recalcó haciéndose eco de uno de los mensajes de la primera ministra del país, Jacinda Ardern tras la masacre.
Tarrant, la primera persona acusada por terrorismo desde que Nueva Zelanda implementó la Ley de Supresión de Terrorismo tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, también comparecerá ante el Tribunal para una revisión del caso el 16 agosto próximo.
El acusado, quien retransmitió el asalto en directo por Facebook, disparó a quemarropa contra los musulmanes que se encontraban en las mezquitas para su oración de los viernes.
Tarrant, que también publicó en las redes sociales su ideario supremacista, tomó por sorpresa a las autoridades dado que no tenía antecedentes y obtuvo la licencia de armas en noviembre de 2017 tras cumplir con los requisitos legales.
Desde el ataque en Christchurch, el gobierno de Nueva Zelanda adoptó varias medidas como una reforma a la tenencia de armas semiautomáticas e impulsó a nivel mundial regulaciones a las redes sociales para evitar la propagación de mensajes de odio, al tiempo que creó una Comisión Real para investigar los hechos.
