Entre enero y junio de este año se han registrado estos números y los principales responsables son los nuevos grupos de paramilitares y de la guerrilla que han surgido en el escenario
EL PERIÓDICO.- Entre enero y junio de este año, 59 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia, lo que supone un descenso del 23 % con respecto al mismo periodo de 2018, si bien el resto de agresiones se multiplicaron, según un informe de la ONG Somos Defensores publicado este miércoles.
Sin embargo, el estudio recuerda que 2018 fue el año más violento desde que se hace seguimiento a las agresiones contra defensores de derechos humanos, lo cual responde a varias situaciones como las elecciones legislativas y presidenciales.
También fue consecuencia de la «alta polarización por las posturas de los candidatos presidenciales». En las pasadas elecciones presidenciales pasaron a la segunda vuelta el uribista y actual presidente Iván Duque, así como el izquierdista y exguerrillero Gustavo Petro.
PANORAMA COMPLICADO
Pese al descenso del 23 % en el periodo, Somos Defensores alerta que la situación se puede revertir en el segundo semestre puesto que el 27 de octubre se celebrarán elecciones locales y regionales. «En esos ambientes electorales y convulsionados, la violencia recae principalmente en los liderazgos sociales«, subraya la ONG.
De los asesinados, ocho eran campesinos, seis indígenas, tres afrocolombianos, así como uno sindical, otro LGTBI, uno más de víctimas, y el resto ejercían algún tipo de liderazgo en sus comunidades. Frente al descenso de los homicidios, el número de amenazas se multiplicó al pasar de 272 a 477. El número de atentados en el primer semestre de 2019 fue de 27, lo que supone un crecimiento del 17% con respecto al periodo comprendido entre enero y junio de 2018. Las detenciones arbitrarias tuvieron un crecimiento del 450 % al pasar de 4 a 22.
En ese periodo no hubo desapariciones y registraron seis casos de robo de información. De ese modo, el número total de agresiones individuales fue de 591 frente a las 397 registradas en el mismo periodo de 2018.
Los presuntos responsables
En cuanto a presuntos responsables, en el 53 % de los casos (314) la responsabilidad se atribuye a grupos herederos de los paramilitares. En 166 casos (28 %) se desconoce la autoría, en otros 54 casos, lo que supone el 9 % fueron presuntamente cometidos por disidencias de las FARC.
Finalmente, 36 de los casos (6 %) se atribuyen al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y en otros 21, que son el 4 %, a la fuerza pública. Eso implica que, tal y como sucedió el año pasado, los grupos herederos del paramilitarismo siguen siendo los presuntos responsables de la mayor cantidad de agresiones contra personas defensoras de derechos humanos en Colombia.
Somos Defensores considera que actualmente Colombia vive una gran «complejidad» ante «la reconfiguración de la violencia y del conflicto armado» tras el desarme de las FARC y su salida de zonas que habían dominado durante décadas.
«Esto ha llevado a que aparezcan en los territorios actores que todavía no se reconocen, y a que, en algunos casos, no exista una identificación clara de quién ha cometido la agresión, de allí que sea común encontrar dentro de las cifras la categoría de desconocido», destaca el informe.
Nuevos grupos paramilitares
Como consecuencia se considera que las agresiones presuntamente cometidas por los grupos herederos de paramilitares se incrementaron en un 70 %, pasando de 187 en el 2018 a 314 en el 2019. Entre las bandas que identifican como «paramilitares» están las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el grupo al que el gobierno denomina Clan del Golfo; Los Pachencas, Los Caparros y las Águilas Negras.
También a Los Pelusos, nombre con el que las autoridades denominan a la antigua guerrilla del Ejército de Liberación Popular (EPL) de origen maoísta y desmovilizada en su mayoría en 1991, pero actualmente dedicada al narcotráfico.
Si se comparan las agresiones cometidas presuntamente por el ELN, se puede apreciar un incremento del 300 % con relación al mismo período del año anterior, esto se evidencia, «especialmente, en el exponencial aumento de las amenazas y las intimidaciones contra el liderazgo social y la defensa de los derechos humanos cometidos por este grupo armado».
