Cope.- El número de víctimas de violencia de género, así como las denuncias presentadas, volvieron a aumentar en 2022, -un 10,7 % y un 11,8 % respectivamente- y la cifra de menores enjuiciados por este tipo de delitos creció un 18,67 %, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El número de víctimas de violencia de género, así como las denuncias presentadas, volvieron a aumentar en 2022, -un 10,7 % y un 11,8 % respectivamente- y la cifra de menores enjuiciados por este tipo de delitos creció un 18,67 %, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Son las cifras del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género que se han conocido este viernes y que reflejan que durante el pasado año la violencia machista dejó una media diaria de casi medio millar de víctimas (483) y de denuncias (499).
Durante el pasado año, los órganos judiciales acordaron siete de cada diez órdenes de protección solicitadas, hasta las 32.842, un 5,2 % más que en 2021, y dictaron 57.059 sentencias, un 5 % más. El 77,45 % de esas resoluciones eran condenatorias, el máximo porcentaje anual de la serie histórica.
Las medidas de suspensión del régimen de visitas mantienen su tendencia al alza, de manera que los órganos judiciales adoptaron 4.100 medidas de este tipo, un 104 % más que en 2021.
Aumentaron las denuncias un 11,8 % (hasta las 182.073) y también las víctimas, que subieron un 10,7 % hasta las 176.380, y dos de cada tres (el 65,65 %) eran españolas. Por su parte, la tasa de víctimas por cada 10.000 mujeres fue de 72,9 en toda España, casi siete puntos más alta que en 2021.
Por encima de la media se situaron Baleares (110,3); Murcia (103,4); Comunidad Valenciana (95,6); Canarias (88,2); Andalucía (86,3) y Madrid (75,8), mientras que las tasas más bajas se dieron en Castilla y León (46,8); Galicia (49,6); País Vasco (53,5); La Rioja (53,6) y Asturias (53,9).
Siete de cada diez denuncias fueron presentadas por las propias víctimas, mientras que las presentadas por el entorno de la víctima fueron el 1,83 %; las derivadas de atestados policiales el 14,9 %; las originadas por partes de lesiones, el 7,8% y las presentadas por terceras personas, el 3,9 %.
Casi el 10 % de las víctimas renunció a declarar contra su agresor, porcentaje muy similar al de 2021.
Los órganos judiciales acordaron un total de 60.984 medidas penales de protección de las víctimas (mujeres y menores). Las más frecuentes fueron las órdenes de alejamiento (el 65,70 % del total) y la prohibición de comunicación (65,92 %).
Entre las medidas cautelares civiles, las más numerosas fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (el 20,25 % del total) y con la atribución de la vivienda (15,61 %), con porcentajes similares a 2021.
Las medidas de suspensión del régimen de visitas, sin embargo, aumentaron un 104 % respecto a 2021 como consecuencia de la aplicación por los órganos judiciales de la reforma del artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
También aumentó la suspensión de la guardia y custodia: las 2.335 medidas de este tipo representan el 8 % del total y los juzgados de violencia sobre la mujer adoptaron también 178 medidas específicas de protección del menor para evitar un peligro y en 409 casos suspendieron la patria potestad.
El CGPJ señala, no obstante, que debido a la huelga de letrados de la Administración de Justicia, los datos son provisionales ya que han tenido que estimar los correspondientes a 4 juzgados de los que no se ha obtenido respuesta y 10 están en revisión de errores.
Para la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, el importante incremento tanto del número de víctimas como de denuncias es «absolutamente inasumible» y demuestra que la violencia machista sigue muy presente en nuestra sociedad.
A pesar de todo, Carmona considera que los datos demuestran que las mujeres acuden cada vez más a la justicia, y hace un llamamiento a mantener la confianza en las instituciones, de las que ha destacado su alta especialización, como pone de manifiesto el elevado porcentaje de condenas.
La presidenta del Observatorio destaca también el porcentaje de órdenes de protección acordadas, así como el importante aumento de la suspensión del régimen de visitas y de la guarda y custodia.
Son datos que -a su juicio- merecen una valoración muy positiva porque ponen de manifiesto una mayor protección de las mujeres y también de los niños y niñas víctimas de violencia de género.
