Sirisena asumió el poder en 2015 bajo la promesa de investigar las persecuciones religiosas, pero hasta la fecha de hoy se desconocen progresos de gran calado en ese sentido.
VÍCTOR M. OLAZÁBAL. EL MUNDO.- El gobierno de Sri Lanka ha declarado este martes el estado de emergencia durante los próximos diez días, como medida para contener los violentos enfrentamientos entre las comunidades budista y musulmana que han ido creciendo desde el fin de semana.
Las autoridades habían impuesto el lunes un toque de queda en la zona de Kandy, en el centro de la isla, donde había estallado la violencia entre las dos comunidades.
Varios negocios y establecimientos regentados por musulmanes fueron incendiados en ese distrito, según afirmó la policía, que reconoció a la prensa local que la situación se estaba volviendo complicada de controlar.
La jornada de ayer se saldó con al menos 24 detenidos y las calles de Kandy cubiertas por el humo de los neumáticos ardiendo y la niebla provocada por el gas lacrimógeno de los agentes.
El Ejecutivo insular anunció hoy que, tras la expansión de los disturbios, el gabinete de ministros se reunió esta mañana para declarar el estado de emergencia a nivel nacional para mantener el orden en el país. Se han enviado más efectivos de las fuerzas de seguridad a Kandy para controlar la situación en ese distrito.
«También se ha decidido tomar medidas severas contra las personas que están instigando la violencia a través de Facebook«, dijo a Reuters el portavoz del gobierno, Dayasiri Jayasekara.
El origen del último choque entre los musulmanes y cingaleses budistas fue la muerte de un miembro de esta última comunidad a manos de varios hombres mahometanos en una reyerta el pasado sábado en la localidad de Theldeniya. Tras su entierro, se desataron enfrentamientos mayores que se fueron propagando por ciudades vecinas.
La mayoría cingalesa y budista representa al 75% de la población de Sri Lanka, mientras que los musulmanes son en torno al 10%. Entre ambas comunidades existe una rivalidad histórica que en numerosas ocasiones ha desembocado en violencia religiosa y étnica.
La minoría musulmana denuncia que los grupos de budistas extremistas difunden abiertamente un discurso de odio contra su comunidad, mientras que los cingaleses acusan a los primeros de realizar conversiones forzosas al islam y de profanar sus lugares sagrados. En el último año, los más nacionalistas han protestado contra la llegada de refugiados rohingya, provenientes de Birmania, país de mayoría budista.
En la isla se han vivido campañas antimusulmanas llevadas a cabo por grupos de budistas radicales, como los disturbios de 2014 en Aluthgama que se saldaron con media decena de muertos y numerosas propiedades de musulmanes calcinadas. Este tipo de olas violentas se repiten regularmente.
El mes pasado, en la ciudad de Ampara, se produjeron ataques a una mezquita y a varios establecimientos de musulmanes. El presidente, Maithripala Sirisena, condenó lo sucedido y aseguró que ese tipo de incidentes no ayudaban a la reconciliación de un país que vivió una guerra civil entre la mayoría cingalesa y la minoría separatista tamil durante casi tres décadas, un conflicto que dejó 100.000 muertos.
Sirisena asumió el poder en 2015 bajo la promesa de investigar las persecuciones religiosas, pero hasta la fecha de hoy se desconocen progresos de gran calado en ese sentido.
