LA REPÚBLICA.- El alcalde de Vitoria, Javier Maroto aseguraba el pasado 5 de agosto que los magrebíes de la ciudad “viven de ayudas que pagamos todos”, unas declaraciones por las que SOS Racismo le interpuso una querella alegando un presunto delito de odio. El ascenso de este tipo de comentarios xenófobos por parte de responsables políticos se debe, según la organización que lucha contra el racismo, a que se acerca la campaña electoral de las municipales y a que la crisis refuerza el rechazo contra el extranjero por parte de los españoles con menos recurso.
“Se aprecia en general una vuelta de tuerca en el nivel de rechazo a la inmigración”, ha asegurado a eldiario.es el secretario general de la asociación estatal SOS Racismo, Mikel Mazkiaran. Este abogado explica que el fenómeno es algo frecuente en momentos de crisis y en esta ocasión se ve acentuado por el ascenso de partidos de ultraderecha en Europa. Por otro lado, dice, “no hay que olvidar que mayo está a la vuelta de la esquina y la campaña ya ha empezado para muchos”.
El último comentario contra los inmigrantes protagonizado por Maroto ha sido llevado a los tribunales. “El alcalde de Vitoria se descolgó el otro día diciendo que los inmigrantes magrebíes viven de las ayudas sociales” explica Mazkiaran. El alcalde matizó después su respuesta y se apoyó en datos para convencer de que el colectivo es el destinatario de la gran parte de las ayudas. “Es una verdad como un pino”, sentenció.
Después de que la querella fuera presentada, se ha derivado hasta el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco debido a la condición de aforado de Maroto por ser parlamentario además de alcalde. Por el momento, el fiscal jefe del TSJPV,
Juan Calparsoro, no ha decidido si la admite a trámite.
Calparsoro ha reconocido que es “difícil” que estas declaraciones puedan ser consideradas como un delito, pero ha llamado la atención a Maroto porque “no puede generalizar y estigmatizar a colectivos o grupos de vecinos identificándoles por su nacionalidad”. Del mismo modo, el fiscal niega que pueda utilizarse “cualquier otra circunstancia accesoria para atribuirles a todos sin distinción comportamientos ilegales”.
Para el secretario general de SOS Racismo, el problema en esta ocasión ha sido ver cómo el resto de la cúpula del PP en el País Vasco le mostraba su apoyo quitándole hierro al asunto. Sin embargo, esta no es la primera vez que Maroto se pronuncia en contra de los inmigrantes. Anteriormente ya acaparó las críticas de los colectivos en defensa de los derechos de los inmigrantes tras unas declaraciones por la aprobación de una ordenanza contra los locutorios y los establecimientos de kebabs.
El alcalde de Vitoria se ampara en que cuenta con el apoyo social. De hecho, este tipo de afirmaciones también las han pronunciado alcaldes de otro signo político. Es el caso del alcalde de Sestao, Josu Vergara, que además se despachó con una afirmación del siguiente tenor: “La mierda ya no viene por que la echo yo a hostias”. Vergara, del PNV, se refería así a los inmigrantes de la localidad vizcaína durante una reunión con empresarios que fue grabada. “Presentamos la grabación junto a la querella, que ha sido admitida a trámite”, ha explicado Mazkiaran.
Vitoria y Sestao no son los únicos ayuntamientos cuyos alcaldes han mostrado a las claras su rechazo contra el colectivo inmigrante. El de Badalona, Xavier García Albiol (PP), tiene el dudoso mérito de ser el primer alcalde llevado ante los tribunales por su discurso xenófobo. El conservador ya fue llevado ante los tribunales después de difundir unos panfletos en los que aparecía una pancarta que identificaba a los inmigrantes rumanos con ladrones.
La acción fue apoyada por gran parte del PP catalán, entre otros la propia presidenta Alicia Sánchez-Camacho, quien repartió los folletos en Badalona junto al alcalde y mostró su alegría tras conocer que Albiol había sido absuelto. “Es una extraordinaria noticia para el PP de Cataluña que todos aquellos que lo han querido atacar, perseguir y menospreciar han fracasado y van a seguir fracasando”, se jactó entonces.
Tanto la Fiscalía como la acusación popular -SOS Racisme- pidieron para Albiol un año de cárcel, inhabilitación especial para el derecho a sufragio pasivo durante la condena y una multa de 8.100 euros. Le imputaban delitos de provocación al odio, a la discriminación o a la violencia o de injuria colectiva ya que, además de repartir los panfletos, el regidor de Badalona llegó a arremeter contra la comunidad rumana calificándoles de ser una “plaga y una “lacra”.
Este año, el alcalde ha vuelto a ser sujeto de las críticas tras aprobar una polémica medida. Albiol decidió retirar las ayudas económicas “no básicas” a todos aquellos que llevasen menos de cuatro años empadronados en la ciudad. El popular justificó la medida en que, en tiempos de crisis, “es mejor priorizar” y destinar las ayudas a los vecinos de Badalona, “y no a un señor que acaba de llegar”.
En la Comunidad de Madrid también se han dado casos de municipios donde se ponen trabas a los llegados de fuera de España. Así, el municipio de Robledo de Chavela se negó en 2008 a empadronar a los inmigrantes que no tuvieran trabajo. Su alcalde, Mario de la Fuente, aseguró entonces que no estaba dispuesto a empadronar “a quienes vienen a gorronear de las arcas municipales”.
Una iniciativa similar emprendió -también en 2008- el alcalde del municipio madrileño de Fresnedillas, Antonio Reguilón, cuando se negó a empadronar a un grupo de unos 40 marroquíes si no presentaban un contrato de trabajo. La medida, que pretendía impedir empadronamientos de hasta 20 inmigrantes en una misma casa- contradecía lo expuesto en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local: para que un inmigrante se empadrone sólo necesita su pasaporte y una dirección de un domicilio habitual.
El ayuntamiento de Torrejón de Ardoz es otros de los consistorios que han intentado limitar la presencia de inmigrantes en su territorio. Hace unos años, el alcalde de la localidad endureció los requisitos para el empadronamiento de inmigrantes en un intento por acabar con los “pisos patera”, en los que la población extranjera vivía en condiciones de hacinamiento. La entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, aseguró que el Ayuntamiento -del PP- cumplía “estrictamente con la legislación.
