El Mundo.- La delegada del Gobierno, Virginia Barcones, alertó este jueves de que solo dos de cada diez delitos de odio se denuncian en Castilla y León, una cifra muy baja que confía en que se incremente con la puesta en marcha del II Plan de Acción de Lucha contra estos delitos, que considera a las víctimas el eje prioritario de atención. “Es una cifra que nos tiene que llevar a intensificar el trabajo. En esta Comunidad todos tenemos que ser libres y nuestros derechos constituciones deben estar en pleno cumplimiento”, dijo. En Castilla y León, en 2020, según el último Informe sobre la Evolución de Delitos de Odio, se conocieron 56 casos, la mayor parte, 27, por causas ideológicas.
Así se puso de manifiesto durante la jornada de coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado contra los delitos de odio, organizada en colaboración con la Fundación Triángulo, que se han celebrado este jueves en Valladolid. Ha participado una veintena de agentes de Policía Nacional y de Guardia Civil de Ávila, León, Salamanca, Valladolid y Zamora. En las próximas semanas tendrá lugar otra en Burgos para funcionarios de esa provincia, así como de Palencia, Segovia y Soria.
Acompañada por el jefe superior de Policía, Juan José Campesino; el coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid, Juan Miguel Recio, y Virginia Hernández, técnica de la Fundación Triángulo, Barcones explicó que el Gobierno de España “adquirió el compromiso de hacer frente a toda la problemática relacionada con los delitos de odio con todas las herramientas a su alcance y una fundamental es la que hoy se pone en marcha en la Comunidad: la formación conjunta para mejorar su eficacia en la prevención e investigación de estos delitos, con especial relevancia en el trato y la protección hacia las víctimas”.
En este sentido, se comprometió a aumentar “el grado de empatía” de los servidores públicos con las víctimas de delitos de odio, “sobre todo en el momento decisivo de la denuncia”, añadió Barcones. “Se trata de que las víctimas se sientan amparadas, se sientan protegidas por nuestra policía y nuestra guardia civil cuando deciden denunciar un delito de odio del que han sido objeto. La denuncia es el punto de partida para combatir cualquier delito y tenemos que ser capaces de que salgan a la luz todas estas persecuciones sistemáticas por razones de raza, orientación sexual o identidad de género, entre otras muchas cosas, que todavía con demasiada frecuencia se producen en nuestra sociedad”, defendió.
La Fundación Triángulo, oenegé que promueve la igualdad de las personas sea cual sea su orientación sexual e identidad de género, aporta información y testimonios relacionados con la temática, relativa a conceptos relevantes sobre diversidad sexual y de género, a la atención a delitos de odio por LGBTIfobia y a casos reales de discriminación por razón de orientación sexual y de género y víctimas de delitos de odio por LGBTIfobia.
Según el último Informe sobre la Evolución de Delitos de Odio se conocieron 56 casos en 2020 en Castilla y León, 27 de ellos por causas ideológicas. Además, 11 se debieron a actitudes racistas o xenófobas y ocho a intolerancia hacia la orientación sexual o la identidad de género de las personas. También se dieron tres casos relacionados con creencias o prácticas religiosas, dos de discriminación por razón de género o sexo, una de discriminación generacional y otra más por discriminación por enfermedad, así como tres de índole diversa. En cambio, no se conoció ningún caso que tuviera que ver con odio hacia las personas judías, gitanas, pobres o discapacitadas.
En todo caso, los datos de 2021, según la Delegación, presentan un “ligero” aumento en su conjunto, si bien destaca, advirtió Barcones, el incremento de los que tienen que ver con la intolerancia ante la orientación sexual. Desde que se publica este informe sobre la Evolución de Delitos de Odio, 2013-2020, Castilla y León ha registrado 464 casos de delitos de odio conocidos. En cuanto al pretexto del odio, la ideología, la raza, la discapacidad y la orientación sexual o identidad de género “son los que más casos acumulan en la Comunidad en ese periodo”.
En aumento
En 2021, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigaron, en todo el territorio nacional, 1.802 posibles delitos de odio, frente a los 1.272 de 2016. En cinco años son 530 más, lo que representa un incremento de un 41,6 por ciento. “El hecho de que suban las denuncias me parece buena noticia. Me pasa como con la violencia de género, que nos dice que la mayor parte no se denunciaban. Vamos en la buena línea y dirección y las víctimas se sienten amparadas por Estado de Derecho”, sostuvo la delegada.
Tres tipos ocupan, con diferencia, los primeros lugares en la comisión de delitos de odio: los relacionados con conductas racistas o xenófobas (678 en 2021, el 37,6 por ciento del total), los delitos de odio contra la orientación sexual e identidad de género (477, el 26,5 por ciento) y los derivados de discriminaciones o ataques por ideología (336 el pasado año, el 18,6 por ciento).
Al respecto, Virginia Hernández, de la Fundación Triángulo, afirmó que existe “una sensación de amenaza que no existía en estos años atrás” y que achacó al “blanqueamiento del discurso de odio, que se traduce, si no se pone remedio, en un delito de odio, más concretamente contra personas LGTBi”. “Están ganando terreno en el ámbito político y en el social”, alertó.
A su juicio, la Fundación ha certificado que la atención en su sede “se ha triplicado respecto a las cifras previas a la pandemia, en la antigua normalidad”. Sobre todo deslizó que se observa en el ámbito escolar, con centros que “no quieren hacer determinadas charlas de diversidad social porque puede generar un conflicto con algunos padres”. “Cuando no lo hacen, estos jóvenes y padres acuden a la Fundación para tener información que no les ha llegado de otra forma”, subrayó.
Por ello, aseguró no conocer si se han producto más agresiones, pero afirmó que “sí existe legitimación y un auge de petición de información de menores en sedes que crece exponencialmente”.
II Plan 2022-2024
La delegada del Gobierno, que detalló que este II plan cuenta con más de un millón de euros, donde destacan 284.000 para mejora asistencial y apoyo a víctimas, recordó que ya han transcurrido tres años desde la aprobación del primero, “del que derivan la mayoría de las medidas que se han ido implementando en este ámbito en los últimos años”. Y que desde organismos internacionales y europeos, como la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (ODHIR) de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y la propia Comisión Europea, “han sido valoradas muy positivamente, hasta el punto de poner a España como referente y ejemplo de buenas prácticas en la lucha contra los delitos de odio”.
Este plan se ha puesto en marcha el pasado mes de abril y para su redacción también se ha contado con la participación y aportaciones de los cuerpos policiales estatales y autonómicos, de la Fiscalía especializada y del tercer sector, tratando de recoger y mejorar las experiencias puestas en marcha frente a los delitos de odio y las diferentes conductas discriminatorias, para recoger nuevos objetivos y buenas prácticas.
El Plan consta de 86 medidas concretas para “prevenir, detectar, investigar y atajar los delitos de odio”. La víctima es el “eje prioritario” de las ocho líneas de acción que articulan el plan. “Se trabaja para mejorar la calidad de atención, asistencia y apoyo que reciben; potenciar la prevención de cualquier delito de odio y lograr una respuesta policial efectiva”, expuso Barcones.
Entre esas medidas destaca la creación de grupos específicos especializados en la lucha contra los delitos de odio dentro de la Comisaría General de Información y las Brigadas Provinciales de Información de la Policía Nacional, así como en la Jefatura de Información de la Guardia Civil y sus unidades periféricas. Otro de los ejes de este nuevo plan busca mejorar la asistencia y apoyo a las víctimas, dado que, ocho de cada diez delitos de odio quedan impunes porque no se denuncian.
“Con este Segundo Plan de Acción, se persigue avanzar más y decididamente en la prevención, investigación y lucha permanente contra los delitos de odio, en constante diálogo y colaboración entre todos los actores implicados”, aseguró la delegada.
Por su parte, Hernández incidió en que es “importante” que la Delegación del Gobierno “dé este paso” y deseó que le sigan el resto de administraciones públicas. También aprovechó para recordar que Castilla y León “será en breve la única autonomía sin una ley que proteja al colectivo LGTBi, lo que hace más relevante estas jornadas porque hay una negación de la diferencia y de la necesidad de protección”.
Por ello, consideró relevante formar a los agentes, “fundamentalmente a quienes atiendan a las personas en especial vulnerabilidad”. “Si no se trabaja, no se sabe”, determinó Hernández, quien sostuvo que otras víctimas de delitos de odio “tienen un respaldo que no tienen los LGTBi, como es el caso de la raza, donde la propia familia les preparan desde niños para un posible escenario hostil”. “Los LGTBi no nacen en entornos LGTBi; es más, en muchos casos ni sus familias lo saben”, remachó.
