The objetive.- El nuevo curso escolar 2023-2024 en Cataluña se ha iniciado este miércoles 6 de septiembre con solo 26 escuelas -de los más de 3.500 centros educativos que hay en la región- que aplican el 25% de horas lectivas en castellano por orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), al tener sentencias en firmes o recaer medidas cautelares sobre ellas. El resto de colegios mantienen el sistema de inmersión lingüística en catalán, a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie respecto al nuevo texto legal aprobado en el Parlamento catalán el año pasado. Dicho texto intenta esquivar la ejecución de la sentencia del TSJC para que todas las aulas catalanas deban aplicar esta cuota de castellano en sus planes educativos.
Este inicio de curso, además, ha estado marcado por la huelga convocada por los sindicatos Ustec·Stec, Intersindical-CSC y CGT Ensenyament. Entre otras cuestiones, éstos piden blindar el modelo monolingüe catalán de la «injerencia» de los tribunales, y en vistas de que, el próximo 18, 19 y 20 de diciembre, una delegación del Parlamento Europeo viaje a Cataluña para supervisar sobre el terreno la discriminación y la politización en las escuelas catalanas, después de las sucesivas denuncias de las asociaciones de padres y madres que reclaman que los derechos lingüísticos de sus hijos sean respetados por las autoridades catalanas.
El Govern, a la espera del TC
La Consejería de Educación comunicó durante la presentación del nuevo curso escolar que alrededor de 800 escuelas se habían comprometido a realizar talleres de sensibilización lingüística para potenciar el uso del catalán. El plan del Departamento que ahora dirige Anna Simó -tras la destitución del anterior conseller Josep González Cambray- es llegar al curso 2026-2027 con el total de centros de la región implantando medidas de esta naturaleza.
El motivo que arguyen para desarrollar esta estrategia es su preocupación ante los informes en su haber que constatarían que, pese al modelo de inmersión lingüística, el catalán se habla cada vez menos entre el alumnado. No obstante, y a tenor de las palabras de la consejera del ramo, se está preparando el terreno para confrontar al Tribunal Constitucional en caso de que dictamine que el sistema inmersión en catalán vulnera la Constitución.
El Tribunal Constitucional debe resolver el recurso de inconstitucionalidad planteado por el TSJC para conocer si la nueva legislación sobre el uso del catalán en las escuelas, aprobada el año pasado por ERC, PSC, Junts per Catalunya y los comuns, dejaba sin efecto el marco legal anterior. En esta nueva ley se establece que el catalán era el idioma empleado como vehicular y que el uso curricular del castellano debía determinarse en función del proyecto lingüístico de cada centro, sin emplear porcentajes.
Sanciones a los profesores
El anterior conseller Cambray envió una carta a los equipos docentes de Cataluña para que mantuvieran sus planes educativos con independencia de la sentencia de la justicia catalana. Es decir, para que no acataran el 25% de castellano. Sin embargo, el TSJC obligó a los 26 centros que tenían causas abiertas o sentencias en firme a mantener esta cuota de bilingüismo. Y cada uno de ellos ha cumplido en el inicio del nuevo curso por temor a sufrir las consecuencias judiciales.
No obstante, la nueva consejera ha puesto en marcha un nuevo proyecto de decreto que regula el régimen lingüístico de las escuelas. Como informó THE OBJECTIVE, este nuevo decreto prevé sanciones a los docentes que incumplan con los planes lingüísticos y es una tentativa del Govern para esquivar de nuevo al Constitucional en caso de una sentencia que tumbe el modelo de inmersión, ya que la tramitación parlamentaria se puede alargar hasta abril de 2024.
Misión europea
Todo ello coincide con el hecho de que, después de casi cinco años de denuncias y peticiones, la Unión Europea ha decidido investigar la inmersión lingüística en Cataluña y las trabas al castellano. Una delegación de eurodiputados se desplazará en diciembre a la región para supervisar el uso de las dos lenguas oficiales en el sistema educativo. La fórmula prevista es muy parecida a la de la misión de la Eurocámara para controlar la gestión de los fondos Next Generation que visitó España en febrero.
Tanto el PSC como las formaciones independentistas en el Parlamento catalán se han opuesto radicalmente a este desembarco, que podría destapar el impacto académico negativo de la inmersión en una parte mayoritaria de los alumnos cuyos padres hablan castellano. En el último informe PIRLS 2021, que analiza el nivel de comprensión lectora de los alumnos de 4º de Primaria, Cataluña se situó a la cola de España, cayendo 15 puntos respecto al informe de 2016.
